Los periodistas mantienen un optimismo prudente respecto de que este proceso pueda alcanzar dichos objetivos. La mesa de trabajo se diferencia de anteriores instancias de diálogo y negociación y está orientada por lineamientos preestablecidos. Su carácter tutelado y la paridad formal entre las delegaciones generan expectativas de resultados concretos, aunque persiste la cautela ante la vigencia de la arquitectura legal represiva y de los organismos de inteligencia.
Cualquier avance parcial —como desbloqueos selectivos, detenciones de corta duración o declaraciones de apertura— seguirá siendo frágil mientras no se traduzca en reformas jurídicas vinculantes, restitución plena de bienes y frecuencias y desmantelamiento efectivo de las prácticas de hostigamiento.
Dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron Venezuela el 24 de junio y dejaron unos 6.500 muertos y más de 1.500 desaparecidos, según la información disponible a finales de septiembre. Tras los sismos, el gobierno implementó un sistema centralizado de control y restricciones que agravó las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa. Espacio Público documentó decenas de violaciones a la libertad de expresión en las semanas posteriores, incluidos casos de hostigamiento contra comunicadores y restricciones al acceso a información oficial.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), doce periodistas fallecieron como consecuencia de los terremotos: Adriany Matute, Carmen Helena Valdivieso, Emilys Sarache, Ernesto García, Javier José Rodríguez, José Ángel Rivero, Joselyn Ceballos, Lissi Contreras, Mauren Morillo, Melissa Sosa Visconti, Oriana Guedez y Sinaí Rivas.
Cronología de otros hechos relevantes
El 20 de abril, el Tribunal 49 de Control con competencia en terrorismo decretó el sobreseimiento del periodista Omario Castellanos, quien había sido imputado por los supuestos delitos de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria e incitación al odio. Castellanos estuvo detenido desde mayo de 2025 y fue excarcelado en enero de 2026.
El 24 de abril, la reportera Deysi Peña recuperó su libertad plena. El Tribunal 2.º de Juicio con competencia en terrorismo decretó el sobreseimiento de su causa, en el marco de la Ley de Amnistía. Peña estuvo detenida durante cuatro meses y sometida a un proceso judicial desde agosto de 2024.
El 30 de abril, la emisora Fiesta 105.9 FM, en Araure, dejó de transmitir su programación tras un cambio de propietarios que implicó la venta del inmueble y de los equipos de transmisión. La medida se ejecutó de forma inmediata y afectó a 22 trabajadores, entre locutores, periodistas y personal administrativo.
El 1 de mayo, un sujeto no identificado, a quien la comunidad presume vinculado a organismos de inteligencia, fotografió y grabó a trabajadores de la prensa y voceros de la concentración del Día del Trabajo en San Juan de los Morros, Guárico. Al ser interpelado, primero se identificó como periodista y posteriormente negó trabajar para algún medio.
El 6 de mayo, la cuenta de Instagram del medio digital Armando.info fue suspendida luego de una supuesta “avalancha de mensajes orquestados” que buscaban censurar los hallazgos de una investigación sobre empresarios venezolanos y la compra de Bangente. La cuenta fue suspendida por una presunta violación de derechos de autor durante 12 días.
El 11 de mayo, Info5ve, de Nueva Esparta, denunció la suplantación de su identidad mediante una cuenta falsa en Instagram que copiaba y reproducía sus contenidos y dirigía a sus seguidores hacia una página web de origen desconocido. El medio señaló que allí se difundían informaciones y comentarios que no correspondían con los testimonios y datos recopilados por Info5ve.
El 18 de mayo, Venezuela News, medio vinculado a la propaganda oficialista, cerró operaciones y más de 100 trabajadores habrían sido notificados de su despido.
Ese mismo día, un funcionario policial intentó arrebatarle la cámara al fotoperiodista independiente Rafael Hernández durante una manifestación. En el forcejeo, el funcionario le quitó el micrófono, que posteriormente devolvió tras el reclamo del periodista.
El 19 de mayo, funcionarios policiales vestidos de civil fotografiaron equipos de prensa de al menos dos medios en el estado Apure mientras cubrían un paro nacional de 24 horas convocado por autoridades universitarias.
El 25 de mayo, la cuenta de El Pitazo TV en Instagram fue suspendida tras reportes por presuntas infracciones de las normas de derechos de autor. Posteriormente, Meta restituyó la cuenta al reconocer que no se había producido ninguna violación de las normas de la plataforma.
El 27 de mayo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) amenazaron y obligaron a un equipo de prensa en Maturín, estado Monagas, a borrar material periodístico grabado a las afueras del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar. Una funcionaria abordó a la periodista Ninoska Cova y, bajo amenazas, le exigió eliminar el material y le advirtió que sabía dónde vivía.
Ese mismo día, el equipo de seguridad del gobernador de Miranda, Elio Serrano, impidió que el periodista Reneé Herrera, de La Revista del Tuy, entrevistara al mandatario durante una actividad oficial en el Hospital General Simón Bolívar, en los Valles del Tuy. Los funcionarios intentaron arrebatarle el teléfono y lo empujaron para impedir que se acercara al gobernador.
El 1 de junio, el periodista Pablo José Mujica Rodríguez, de Noticias La Voz de Valera, fue interceptado por sujetos armados, detenido y trasladado a una sede policial en La Beatriz, Valera, estado Trujillo. Permaneció detenido unas tres horas y fue interrogado por una nota sobre la escasez de gasolina. Los funcionarios le advirtieron sobre el malestar del gobernador y le ordenaron no volver a informar sobre el tema. Esa misma noche volvieron a contactarlo y lo obligaron a publicar una nota con narrativa oficialista.
El 3 de junio, la periodista Maryorin Méndez fue detenida por el SEBIN mientras cubría las protestas de familiares de presos políticos en las inmediaciones de El Helicoide. También fueron detenidos los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández, quienes posteriormente fueron liberados.
El 5 de junio, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el sector Barranquitas de La Villa del Rosario de Perijá, estado Zulia, agredieron con empujones e insultos a la periodista Jelicex Garay, de Rosario 95.9 FM, durante una visita del gobernador Luis Caldera.
El 11 de junio, el periodista José Mireles fue agredido mientras cubría un acto de campaña electoral de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), encabezada por Rosa Cucunuba. Un simpatizante de la plancha contraria le arrebató el teléfono.
El 27 de junio, el SNTP exigió que la libertad de prensa fuera incorporada a la agenda de las negociaciones entre el gobierno y la oposición. La organización había registrado 37 incidentes contra periodistas y medios durante 2026.
Ese mismo día, personal de seguridad del Hospital J. M. de los Ríos impidió la cobertura del periodista Reinaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, quien grababa desde las afueras del centro de salud la llegada de ayuda y donaciones. Un vigilante le tapó el teléfono y lo obligó a interrumpir la grabación.
El 29 de junio, el Ministerio de Comunicación suspendió durante 48 horas el acceso de corresponsales internacionales a La Guaira. Según el despacho, la medida obedeció a “razones sanitarias y para disminuir los ruidos durante las labores de rescate”.
En esa misma fecha, la periodista Diana Vásquez, de Noticiero Venevisión, fue hostigada por personal de seguridad del Hospital Pérez Carreño, en Caracas.
También el 29 de junio, el equipo reporteril de El Noticiero, encabezado por Daniel Álvarez, fue amedrentado mientras daba cobertura en Pinto Salinas, en Caracas, una de las comunidades afectadas por los terremotos. Vecinos señalaron a personas vinculadas al equipo del jefe de Gobierno de Caracas, Daniel Aponte, como responsables de fotografiar el vehículo, la placa y al equipo de trabajo.
En esa misma fecha, la Dirección de Comunicaciones del Servicio Autónomo de Aeropuertos Regionales (SAAR) Bolívar impidió el acceso a los periodistas Francesca Díaz, de Radio Fe y Alegría, y Rafael Ramírez, independiente, cuando acudieron al aeropuerto Manuel Carlos Piar de Puerto Ordaz para cubrir los incidentes provocados por el impacto de un rayo en la calle de rodaje.
También el 29 de junio, el periodista Luis Hugas fue liberado después de permanecer varias horas en la sede de Polichacao, tras ser abordado por efectivos militares mientras operaba un dron en las inmediaciones del edificio Obelisco, en Altamira. Los militares intentaron quitarle sus equipos pese a que contaba con autorización para realizar el vuelo. Mientras era trasladado a la sede policial, los funcionarios ingresaron a su vehículo y tomaron parte de sus equipos, que fueron devueltos horas después.
El 30 de junio, la Oficina de Información Regional (OIR) de la Gobernación de Sucre emitió un comunicado en el que instó a periodistas, corresponsales, medios de comunicación y plataformas digitales a no difundir información independiente sobre los terremotos del 24 de junio.
El 6 de julio, los reporteros Reinaldo Mozo, Roison Figuera, Maryorin Méndez y Juan Barreto fueron hostigados mientras cubrían las labores de búsqueda y rescate en el edificio Tahití, en Caraballeda.
El 15 de julio, la periodista Yandris Saldivia, de Crónica Uno, fue detenida durante dos horas por trabajadores de Corpocapital mientras recogía testimonios sobre un problema de los ascensores en las torres de Parque Central, en Caracas.
Ese mismo día, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, descalificó y estigmatizó a periodistas y medios nacionales e internacionales por su cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio. Calificó la labor de los medios nacionales e internacionales como una “guerra mediática, miserable y enfermiza”.
El 16 de julio, el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, intentó imponer restricciones a la cobertura sobre las personas afectadas por los terremotos trasladadas a la entidad. Durante una reunión con directores de medios y corresponsales, Luna y el psicólogo Trino Gascón pidieron a los periodistas no entrevistar, durante un período de entre 15 días y tres meses, a sobrevivientes provenientes de La Guaira, bajo el argumento de proteger su salud mental.
El 28 de julio, el SNTP instaló un punto de conectividad en La Guaira, con internet satelital, recarga de equipos y apoyo logístico para periodistas que cubrían la emergencia provocada por los terremotos.
El 30 de julio, el CNP, seccional Caracas, denunció un “nuevo ataque” de Cabello contra el periodista y activista de derechos humanos Carlos Julio Rojas.
Ese mismo día, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentaron impedir la cobertura de la demolición del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar. Periodistas de al menos tres medios fueron obligados a retirarse del área, pese a encontrarse fuera del perímetro de seguridad.
También el 30 de julio, funcionarios de Polimonagas fotografiaron y grabaron a siete periodistas que cubrían una protesta en las inmediaciones de Corpoelec, en Maturín.
El 6 de agosto, el SNTP planteó diez condiciones para una transición democrática efectiva, entre ellas: libertad para quienes han sido perseguidos por expresarse; fin de la vigilancia y las represalias; desbloqueo de medios y plataformas digitales; transparencia y acceso a la información pública; acceso igualitario a espacios de comunicación; recuperación del ecosistema de medios; reforma de leyes e instituciones restrictivas; transformación de los medios estatales en un servicio público plural, y protección efectiva para periodistas y trabajadores de la prensa.
Ese mismo día, funcionarios no identificados abordaron a la periodista Deisy Martínez, de Efecto Cocuyo, cuando salía de La Carlota, donde intentó cubrir la primera reunión del diálogo, o entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno interino.
El 13 de agosto, un funcionario de la GNB fotografió y grabó a los periodistas María Fernanda Bolívar, de Enelmapa360; Cristian Hernández, de Reporte Ciudadano; y Marky Briceño, de VPITV, después de que cubrieran una protesta por falta de electricidad en Barcelona, estado Anzoátegui.
El 15 de agosto, la cuenta de El Nacional en Instagram continuaba suspendida tras denuncias por supuestas infracciones de derechos de autor. El caso forma parte de un patrón de ataques contra medios venezolanos registrado durante los seis meses anteriores.
El 27 de agosto, Jesús León, secretario político del PSUV y representante del Ministerio de Hábitat y Vivienda en Falcón, atacó al medio La Mañana y lo acusó de amarillismo en un video difundido por la cuenta de Instagram del partido. El funcionario cuestionó un titular sobre familias afectadas por los sismos que permanecían en carpas, dos meses después de la tragedia, sin desmentir el hecho señalado por el medio.
En septiembre, el proceso penal contra el periodista Luis López, quien estuvo 19 meses detenido y fue excarcelado el 14 de enero de 2026, continuaba abierto ante el Tribunal Tercero de Terrorismo, pese a que había presentado una solicitud de sobreseimiento en el marco de la Ley de Amnistía.
El 1 de septiembre, medios y organizaciones suscribieron un manifiesto con propuestas para desmontar la censura, entre ellas la libertad plena de periodistas judicializados, el acceso a fuentes de información pública, el levantamiento de los bloqueos, la derogación de la Ley contra el Odio y otras normas, y la reformulación de Conatel.
El 2 de septiembre, funcionarios de la GNB y de seguridad del Palacio de Justicia fotografiaron a periodistas y camarógrafos de al menos cinco medios que esperaban declaraciones del Frente de Abogados, en el centro de Caracas.
El 7 de septiembre, el CNP Caracas exigió la libertad plena de los periodistas Carlos Rojas y Luis López, así como de los comunicadores Rory Branker, Gabriel González y Jonathan Carrillo.
El 16 de septiembre, el gobierno comenzó a levantar las restricciones de acceso que afectaban a varios portales informativos. Según verificaciones realizadas por VE sin Filtro, al menos diez sitios web de medios volvieron a ser accesibles mediante distintos proveedores de internet. Entre ellos figuraban Alberto News, Caraota Digital, Crónica Uno, EFE, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, Runrunes y Revista Semana.
El 17 de septiembre, Sofía Macher, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, advirtió que el desbloqueo de algunos medios no implicaba el levantamiento de todas las restricciones que afectan el ejercicio de la prensa.
Ese mismo día fue sobreseída la causa contra el periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de Espacio Público. La decisión, dictada por el Juzgado Cuarto de Control con competencia en casos vinculados con terrorismo, puso fin al proceso seguido en su contra por los delitos de financiamiento al terrorismo, asociación, legitimación de capitales, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.
El 21 de septiembre, un balance actualizado mostró que la censura digital continuaba afectando a 73 sitios web de noticias, además de plataformas contra la censura y anonimato (31), comercio (25), política (19), derechos humanos y ONG (10), redes sociales y multimedia (5) y economía (4).
Ese mismo día, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió poner fin a las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información, tras el reciente desbloqueo de varios sitios web en el país.
El 22 de septiembre, 31 medios continuaban bloqueados. El SNTP exigió que el restablecimiento del acceso a portales informativos anunciado días antes por Conatel alcanzara a todos los medios de comunicación, en todas las operadoras de internet y de manera definitiva.
