En términos generales, prevalecen condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Sin embargo, durante el periodo se registraron algunos episodios relacionados con la actuación de actores políticos frente a medios y periodistas, así como un debate sobre los límites del denominado “discurso de odio”. A ello se suma la situación económica que atraviesa parte del sector de medios comunicación que pone en riesgo su sostenibilidad.
Transcurrido un año y medio del gobierno del presidente Yamandú Orsi, cuarto mandato del Frente Amplio, los medios, periodistas y usuarios de redes sociales pudieron desarrollar sus actividades sin obstáculos significativos. No se produjeron hechos graves que afectaran de manera sustancial la libertad de expresión o el derecho a la información.
No obstante, algunos episodios merecen seguimiento por sus posibles efectos sobre el ejercicio del periodismo independiente y el debate público.
En junio se generó una controversia entre Leonardo Pereyra, periodista de El Observador, y la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz, a raíz de una entrevista en la que el periodista le consultó sobre una publicación de carácter personal que la legisladora había realizado previamente en redes sociales. Díaz cuestionó la pertinencia de la pregunta y sostuvo que el abordaje respondía a un sesgo de género y constituía una intromisión en su vida privada. Posteriormente, el episodio generó cuestionamientos públicos de sectores del oficialismo, organizaciones sociales cercanas al gobierno y la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) respecto del abordaje realizado por el periodista durante su cobertura.
Más allá de la controversia inicial, las reacciones frente al trabajo periodístico plantean interrogantes sobre las condiciones en que se desarrolla la cobertura de asuntos que involucran a figuras públicas. Si bien no se produjo una medida formal de censura o restricción, este tipo de situaciones puede incidir de manera negativa en el ejercicio profesional.
En septiembre se registró un segundo episodio. La senadora Blanca Rodríguez, una de las figuras de mayor exposición pública del oficialismo y experiodista durante más de tres décadas, planteó la necesidad de penalizar lo que calificó como “discurso de odio” difundido “en las redes, en los podios y en los micrófonos”, en referencia también a los medios de comunicación. La legisladora no precisó el alcance de la propuesta, aunque señaló que contaba con algunas ideas y que existían contactos a nivel legislativo.
Uruguay contempla en su Código Penal el delito de incitación al odio, que sanciona la incitación pública al odio, desprecio o violencia contra personas por motivos relacionados, entre otros, con el color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. Cualquier eventual ampliación de estas disposiciones debería analizarse a la luz de las garantías sobre libertad de expresión y de prensa reconocidas por el sistema interamericano de derechos humanos.
Las críticas a la propuesta de Rodríguez también generaron cuestionamientos desde sectores oficialistas y organizaciones cercanas al gobierno, que atribuyeron esas objeciones a la condición de mujer de la senadora. El intercambio volvió a poner de relieve las tensiones que pueden surgir en el debate público cuando las críticas dirigidas a figuras políticas derivan en cuestionamientos o descalificaciones hacia quienes las formulan.
A estos episodios se suma la situación económica que atraviesan diversos medios de comunicación, que ha provocado la pérdida de puestos de trabajo en el sector e inquietud sobre la sostenibilidad de la industria en momentos de disrupción causada por la inteligencia artificial.
