Durante el período se mantuvo, en términos generales, un ambiente favorable para el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión. No obstante, comenzaron a acumularse señales que requieren atención, particularmente en el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el creciente deterioro del ecosistema informativo digital.
Se registraron varios episodios de agresión o restricciones durante coberturas periodísticas. El 15 de mayo, Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, fue empujado por un agente penitenciario en el Palacio de Justicia cuando intentaba entrevistar a un imputado que era trasladado. A finales de julio, Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia de esa provincia. La agresión fue atribuida a particulares.
En agosto, periodistas denunciaron haber sido retirados del Palacio Nacional mientras esperaban cubrir una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. La Dirección de Prensa del presidente Luis Abinader calificó el hecho como una “confusión” y aseguró que no existió una orden para retirar a los periodistas y que la prensa acreditada mantiene libre acceso. Aunque las autoridades ofrecieron esta explicación, el episodio evidencia la necesidad de reforzar los protocolos y las garantías para que periodistas, camarógrafos y fotógrafos puedan realizar su trabajo sin interferencias, particularmente durante coberturas de asuntos de interés público.
También genera atención la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Abinader y los medios. Tras la eliminación de “La Semanal”, dejó de existir un mecanismo regular de interacción del jefe del Estado con los periodistas, lo que generó inquietud respecto del acceso a las fuentes oficiales y a la información pública. En agosto, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, anunció que el presidente retomaría los encuentros semanales con representantes de los medios y aseguró que se realizarían de manera regular.
El marco jurídico constituye otro foco de preocupación. Las disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública originaron advertencias de sectores periodísticos y jurídicos por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades públicas. Tras la promulgación de las modificaciones, el Poder Ejecutivo creó una comisión de seguimiento y socialización presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara e integrada, entre otros, por los periodistas Persio Maldonado y Aníbal de Castro, miembros de la SIP.
Continúa, además, el debate sobre la reforma del régimen jurídico de la libertad de expresión y la sustitución de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. En mayo de 2025, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para actualizar la legislación e incorporar, entre otros aspectos, disposiciones relativas a la comunicación digital y las redes sociales.
A estos desafíos se suma el deterioro del ecosistema informativo digital. La desinformación, el contenido sensacionalista y las publicaciones deliberadamente lesivas han ganado presencia en la conversación pública y, en determinados espacios digitales, compiten por atención y alcance con contenidos producidos bajo estándares profesionales de verificación. La expansión de plataformas, canales y cuentas digitales ha ampliado el pluralismo y permitido la incorporación de nuevos actores al debate público, muchos de los cuales desarrollan una labor periodística legítima. Sin embargo, también ha facilitado el uso de una apariencia periodística para difamar, intimidar, presionar o incluso chantajear a ciudadanos, empresarios, funcionarios y otras personas.
En este escenario adquiere especial relevancia la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la permanencia de información periodística en plataformas digitales. La sentencia TC/0900/26, emitida en septiembre, rechazó un recurso que buscaba la eliminación de publicaciones de Diario Libre y Google LLC realizadas en 2019 sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como “César el Abusador”. El Tribunal consideró que la información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa. También valoró que las publicaciones daban cuenta de una investigación y no presentaban al reclamante como culpable.
La decisión resulta particularmente relevante para el equilibrio entre libertad de prensa, protección de datos y derecho al olvido. Se trata, además, del segundo precedente del Tribunal Constitucional en esta materia. En 2020, mediante la sentencia TC/0171/20, había rechazado la solicitud de un exoficial del Ejército para que Acento eliminara una información relacionada con su desvinculación de las Fuerzas Armadas por alegados vínculos con el narcotráfico.
Estos precedentes adquieren mayor importancia ante el incremento de solicitudes para retirar de archivos digitales informaciones publicadas legítimamente. La preservación de esos contenidos, cuando responden a hechos de interés público y cumplen estándares periodísticos, constituye una garantía relevante del derecho de la sociedad a acceder a información histórica y evita que los mecanismos de protección de datos puedan utilizarse para borrar contenidos periodísticos legítimos.
