El ejercicio de la libertad de prensa ha registrado un deterioro focalizado en las garantías de acceso a la información pública, la transparencia gubernamental y el libre acceso a las coberturas en sedes oficiales del Estado. El entorno institucional se ha vuelto progresivamente más opaco y restrictivo debido a reformas legislativas regresivas y a barreras administrativas avaladas judicialmente.
El principal factor de este retroceso es la promulgación de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, firmada el 14 de diciembre de 2025 por la gobernadora Jenniffer González, que dificulta, complica y prolonga los procesos para acceder a información pública, tanto para periodistas como para ciudadanos.
La nueva Ley 156-2025 impone requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales. Con las enmiendas, establece un término de 20 días laborables para entregar información, en lugar de los 10 días previstos anteriormente.
Este plazo aplica a aquellos documentos que no excedan las 300 páginas o “que su antigüedad sea menor a tres años contados a partir de la fecha en que fue producido originalmente”.
A su vez, aumenta a 30 días laborables el plazo para producir información que supere las 300 páginas o los tres años de antigüedad y mantiene abierta la posibilidad de solicitar una extensión de 20 días para cumplir con la petición. De este modo, el plazo podría extenderse hasta 50 días laborables.
Además, dispone que “no serán información pública los expedientes de personal o cualquier información de esta índole”, en relación con datos que las agencias gubernamentales hacen públicos de manera rutinaria a través de sus plataformas electrónicas.
El nuevo estatuto también exige notificar a los jefes de agencia cada solicitud, quienes determinarán si esta es “no defectuosa”. Cada petición debe incluir la dirección postal y el correo electrónico del solicitante.
En materia de protección de fuentes, la senadora Jamie Barlucea presentó una propuesta legislativa para garantizar la confidencialidad de las fuentes de periodistas y ciudadanos que ejercen actos de prensa. Aunque la iniciativa no ha sido debatida ni aprobada, la protección de las fuentes en la isla continúa respaldada por jurisprudencia del Tribunal Supremo, sujeta a un análisis de pertinencia en litigios por difamación.
De forma simultánea, el Ejecutivo implementó una política de exclusión en La Fortaleza, residencia oficial, al exigir una certificación previa del Departamento de Estado para ingresar a las conferencias de prensa. La medida afectó directamente a reporteros según el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Aunque un tribunal de primera instancia declaró inconstitucional la exigencia en febrero de 2026, el Tribunal Supremo resolvió el 17 de abril de 2026 que el Ejecutivo puede requerir dicho carnet oficial, sentando un precedente adverso para el escrutinio de la gestión pública.
En el ámbito del discurso público, persiste un entorno de hostigamiento verbal promovido desde altas esferas del Poder Legislativo. Destacan los insultos recurrentes del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien descalifica a medios y periodistas mediante adjetivaciones peyorativas en las redes sociales.
En el contexto de la acelerada transformación digital que atraviesa el ecosistema informativo, los diarios El Nuevo Día y Primera Hora dejaron de imprimirse a finales de septiembre y pasaron a operar exclusivamente en formato digital. Según GFR Media, empresa matriz de ambos periódicos, la transición respondió a la evolución de los hábitos de consumo de las audiencias y a su plan estratégico.
