CUBA

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El periodismo en Cuba muestra en este período un agravado panorama de inmovilismo y control gubernamental. La ausencia de Fidel Castro del poder por casi ocho meses, no ha cambiado un ápice el andamiaje totalitario impuesto por 48 años sobre los medios de comunicación y las prácticas informativas en el país, mientras que el gobernante interino, su hermano Raúl Castro, recrudece la represión contra los periodistas independientes, intenta amordazar a los corresponsales extranjeros acreditados en la isla, y persigue a los ciudadanos nacionales que deciden acceder a fuentes alternativas de información y entretenimiento. Las señales son cada vez más preocupantes para el movimiento de comunicadores independientes y para la búsqueda de información pública al margen de las normativas oficiales. Desde octubre se ha registrado un incremento notable de las acciones represivas contra los periodistas independientes; entre los 47 hechos coercitivos reportados figuran amenazas policiales, interrogatorios arbitrarios, actos de repudio por grupos progubernamentales, golpizas en plena calle, detenciones temporales, multas por desobediencia, allanamientos y registros de domicilio, desalojos, incautación de dinero y objetos personales, limitación de movimiento en el territorio nacional y retención indefinida del permiso para emigrar, y hasta despidos laborales en represalia contra familiares del periodista por supuesta falta de confiabilidad. La cifra de periodistas encarcelados se elevó a 28, la mayoría de ellos con serias afectaciones de salud. Son crecientes también las denuncias sobre la depauperación física y los transtornos sicológicos causados por los maltratos, la inadecuada alimentación y la deficiente atención médica en las cárceles. Las sentencias dictadas contra los periodistas cubanos que permanecen en centros penitenciarios a lo largo del país suman en total 456 años de prisión. El 20 de noviembre, tras cumplir un año y cuatro meses de arresto sin que se le formularan cargos delictivos, fue liberado el periodista Oscar Mario González, del grupo de trabajo Decoro. González, de 63 años, permaneció detenido en una prisión de La Habana, sin derecho a fianza, desde el 22 de julio del 2005, cuando la policía lo interceptó cerca de su casa bajo suposiciones de que se dirigía a una protesta antigubernamental. Luego de su excarcelación, González se ha mantenido muy activo en el ejercicio profesional. También fue liberado, el 12 de diciembre, el reportero Ahmed Rodríguez Albacia, de la agencia Jóvenes sin Censura, luego de nueve días de reclusión e interrogatorios en una unidad policial habanera. Rodríguez, de 22 años, fue acusado de “difundir noticias falsas que atentan contra la paz internacional” y tiene una prohibición que le impide trasladarse fuera de los límites de Ciudad de La Habana, su provincia de residencia. Otros cuatro periodistas fueron condenados por su comportamiento disidente: • Guillermo Espinosa Rodríguez (Agencia de Prensa Libre Oriental) fue sentenciado el 6 de noviembre a dos años por transmitir informaciones sobre la epidemia de dengue en Santiago de Cuba. • Raymundo Perdigón Brito (Yayabo Press) fue sentenciado el 5 de diciembre a cuatro años bajo acusaciones de “peligrosidad social predelictiva”. • Ramón Velázquez Toranso (Agencia Libertad) fue detenido el 23 de enero y sentenciado en juicio sumario a tres años por “peligrosidad social predelictiva”. • Roberto de Jesús Guerra Pérez (Nueva Prensa Cubana) fue sentenciado el 27 de febrero a un año y 10 meses bajo cargos de desorden público. Un caso de violación flagrante de las normas procesales es el de Armando Betancourt, corresponsal de Nueva Prensa Cubana en la provincia de Camagüey. Betancourt permanece arrestado, sin derecho a fianza desde el 23 de mayo del 2006 por tratar de reportar un desalojo en un barrio marginal. Fue detenido cuando tomaba notas del incidente y entrevistaba a personas afectadas por la decisión de las autoridades de la Dirección Municipal de Vivienda. Se le imputa el delito de desorden público, con una penalidad de tres años de cárcel. El juicio ha sido suspendido en dos ocasiones, al parecer por inconsistencias en los testimonios y las pruebas del encausamiento. Es preciso discernir las diversas modalidades legales de la represión contra el movimiento de periodistas independientes. Al emplearse términos como “prisión domiciliaria” y “delito de peligrosidad social”, se resta precisión al verdadero carácter de la penalización contra la libertad de informar en Cuba. La prisión domiciliaria no está prevista como sanción en el Código Penal de 1987 y sólo el término reclusión domiciliaria tiene sentido como medida cautelar para los acusados pendientes de juicio. A los periodistas independientes se les aplican realmente las sanciones de privación de libertad, que pueden sustituirse por la limitación de libertad o el trabajo correccional, con o sin internamiento. Pero que es, esencialmente, un régimen de cárcel. El delito de peligrosidad tampoco existe en el Código Penal, lo que implica una situación peor para periodistas independientes y ciudadanos en general. Los cubanos pueden ser declarados en “estado peligroso” simplemente por su conducta “en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. En consecuencia, se aplican medidas de seguridad, no sanciones, que pueden llegar hasta cuatro años de internamiento en centros especializados para trabajo o estudio, es decir, cárceles camufladas. Aun fuera de las celdas, la situación no deja de ser hostil para los periodistas de la llamada Causa de los 75 que fueron beneficiados con una licencia extrapenal por motivos de salud. Jorge Olivera, Oscar Espinosa Chepe, Carmelo Díaz Fernández y Edel García han recibido visas de refugiados, junto a sus familiares, para emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno cubano los mantiene en un limbo, sin recibir respuesta a sus reiteradas solicitudes de salida. Durante el último año, Olivera ha recibido tres citaciones del tribunal municipal de Habana Vieja para recordarle que no debe asistir a actividades públicas, ni transgredir los límites de Ciudad de La Habana, y que se encuentra sujeto a controles de organizaciones progubernamentales de su vecindario. Una situación similar de restricciones y vigilancia comparten los restantes periodistas excarcelados. Los que permanecen en prisión, con sanciones de hasta 27 años, encaran la impunidad de un sistema penitenciario que se muestra reacio a las inspecciones internacionales. Al menos 18 de los periodistas presos están seriamente enfermos, con padecimientos crónicos que se han agravado en el confinamiento o con afecciones adquiridas en la cárcel. El gobierno se niega a concederles la libertad por razones humanitarias, ni siquiera en el caso de un minusválido, el ingeniero Miguel Galván Gutiérrez, condenado a 26 años. Los casos más alarmantes en prisión son actualmente los de Juan Carlos Herrera Acosta, sancionado a 20 años, y Normando Hernández, condenado a 25 años. Herrera Acosta, de 40 años, protagonista de varias huelgas de hambre para reclamar sus derechos, se cosió la boca el 26 de diciembre en protesta por los maltratos a que es sometido en el penal de Kilo 8, en Camagüey. Su acción motivó que las autoridades carcelarias lo enviaran a una celda de castigo, donde tuvo que dormir en el suelo al acecho de insectos y roedores. Con anterioridad fue hospitalizado por padecimientos cardíacos, hipertensión, problemas siquiátricos, polineuritis, vitiligo y asma. Reportes recientes dan cuenta de que ha recibido golpizas de los carceleros, a pesar de que se encuentra extremadamente débil y desnutrido. Hernández, de 38 años, está en la prisión de Kilo 5 ½ , en Pinar del Río. Padece del síndrome de mala absorción intestinal, úlceras y en reiteradas ocasiones el análisis de tuberculosis dio alterado, lo que obligó a hospitalizarlo en el 2005 por seis meses. El 9 de marzo su esposa, Yaraí Reyes, informó que un análisis realizado al reo a comienzos de este mes confirmó el contagio de tuberculosis. Los periodistas independientes que se mantienen ejerciendo la profesión en medio de dificultades materiales y advertencias policiales, tuvieron que enfrentar un semestre particularmente tenso. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, turbas gubernamentales agredieron una manifestación pacífica en un céntrico parque de la zona de El Vedado, en La Habana. Los manifestantes fueron violentamente agredidos y sacados por la fuerza del lugar, entre ellos el periodista independiente Carlos Ríos, de la agencia Nueva Prensa Cubana. El 30 de enero, la periodista Haydee Rodríguez, de 78 años, fue detenida arbitrariamente y su vivienda sometida a un registro por agentes de la Seguridad del Estado tras una breve visita a La Habana. Rodríguez, que dirige la agencia La Voz de Oriente, fue interceptada en la estación ferroviaria de Santiago de Cuba y sometida a un registro domiciliario, que concluyó con la confiscación de libros, revistas, dos radios pequeños y un equipo de video. Las autoridades la han amenazado con desalojarla de la vivienda y recluirla en un hospicio para ancianos si no abandona el país, ya que ella ha adquirido la ciudadanía española. En la madrugada del 2 de marzo el periodista y sociólogo Guillermo Fariñas fue golpeado por miembros de la llamada Asociación de Combatientes de la Revolución en la ciudad de Santa Clara. Tras una discusión política, el periodista y otros dos disidentes fueron abofeteados y pateados por seis individuos vestidos de civil. Fariñas, director de la agencia Cubanacán Press, cobró notoriedad internacional el pasado año con un prolongado ayuno por el acceso libre a la internet. A pesar de ser agredido, fue conducido esposado a una estación policial, donde permaneció retenido por una hora. Al periodista Luis Guerra Juvier, acogido al programa de refugiados de Estados Unidos, las autoridades cubanas procedieron a retirarle el permiso de salida que le habían otorgado el 15 de septiembre del 2005. El alcance de la restricción llegó hasta su esposa, Virgen Aurora del Toro, que el pasado 17 de enero fue bajada del avión y le retiraron también la llamada tarjeta blanca. El 26 de enero un oficial del Ministerio del Interior notificó a Juvier que ambas medidas eran “decisiones colegiadas”. Para la prensa extranjera acreditada en Cuba, la situación no es menos inquietante. En una estrategia de atrincheramiento para enfrentar situaciones de crisis y coberturas especiales, el gobierno dio a conocer un nuevo reglamento para los corresponsales extranjeros. El documento titulado “Reglamento para el ejercicio de la prensa extranjera en Cuba”, tiene fecha del 28 de octubre y fue distribuido a comienzos de diciembre. Mediante esta resolución, el Centro Internacional de Prensa (CPI) de la Cancillería cubana tiene potestad para suspender temporalmente o retirar definitivamente la acreditación periodística cuando el titular realice “acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo”, así como cuando se considere que “ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad en sus despachos”. El reglamento se sustenta básicamente en reglas existentes desde 1997 para el funcionamiento de las corresponsalías extranjeras en la isla, pero resulta más exhaustivo en relación con las restricciones impuestas, el uso de acreditaciones y los periodistas en tránsito. Con el documento recién estrenado, las autoridades del CIP procedieron a desembarazarse de corresponsales considerados incómodos. El 22 de febrero César González Calero, del diario El Universal (México), Gary Marx, del Chicago Tribune (EEUU), y Stephen Gibbs, de la cadena BBC de Londres, fueron informados de que no se les renovarían sus visas periodísticas, debido a que “su forma de enfocar la situación cubana no es la más conveniente para el gobierno cubano”. El gobierno prosiguió su ofensiva contra la proliferación de señales clandestinas de televisión por satélite y las conexiones no autorizadas a la internet. El 9 de febrero se anunció el comienzo de un proceso judicial contra cuatro ciudadanos cubanos acusados por la fabricación y reparación ilegal de antenas y equipos receptores de televisión por satélite. Los acusados deberán responder por el delito de actividad económica ilícita y podrían ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel, así como a multas de 300 a 1.000 pesos cubanos. El anuncio oficial de ese encausamiento –con fines intimidatorios- es apenas la punta del iceberg de un vigoroso mercado clandestino, que involucra a unos 30.000 usuarios en La Habana y zonas aledañas. Son personas que pagan cuotas entre los $10 y $15 dólares por el servicio satelital, pirateado a las señales que reciben sólo hoteles, centros turísticos, residentes extranjeros e instituciones autorizadas. La embestida gubernamental contra las antenas parabólicas tiene una motivación política adicional desde el 18 de diciembre, cuando la emisora Radio TV Martí –entidad estadounidense para transmisiones a Cuba- alquiló tiempo para sus emisiones en los satélites Direct TV y Dish, cuyas señales se reciben en la isla. Cuba interfiere la programación de Radio TV Martí por considerarla ilegal y subversiva. Desde entonces se han incrementado las redadas policiales en los barrios para localizar los centros de redistribución de las señales pirateadas, desmantelar las redes de servicio, incautar equipos e imponer multas a los infractores. El más reciente operativo fue el 8 de marzo en la barriada habanera de Santos Suárez. El otro foco de atención estratégica es la internet, que en Cuba está limitada a organismos centrales del Estado, instituciones educaciones y culturales, y extranjeros que abonan el servicio en moneda convertible. Ningún cubano puede acceder libremente a la red, ni siquiera pagando la comunicación en moneda convertible. El gobierno cubano sostiene que las limitaciones para el servicio individualizado a la internet están condicionadas por el embargo estadounidense, que impide las conexión por fibra óptica con un enlace de banda ancha, y determina que el acceso de la isla a la red global tenga que hacerse vía satélite. Sin embargo, también reconoce sus intenciones de regular el uso de internet “con medidas que contribuyan a incrementar la seguridad del país”, como afirmó el flamante ministro de Informática y Comunicaciones, Ramiro Valdés, al inaugurar un foro internacional en La Habana, el 12 de febrero. Según dijo Valdés ante la XII Convención y Expo Internacional Informática 2007, “el potro salvaje” de las nuevas tecnologías debe ser dominado, y agregó que éstas constituyen hoy “uno de los peores mecanismos de exterminio global que se hayan inventado”. De ahí que Cuba abogue por el uso social y controlado de la internet, lo que justifica el bloqueo de páginas digitales consideradas “dañinas” y la implementación de una política dirigida a “remodelar estrategias y acciones que contribuyan al constante incremento de la seguridad” de sus redes. Durante la convención Informática 2007, Cuba presentó uno de los proyectos más avanzados en los que trabajan sus especialistas para garantizar el “uso masivo, ordenado y eficiente” de la internet: un buscador llamado 2 X 3 con una base de datos de 150.000 páginas exclusivamente dedicadas a sitios cubanos, y una sección especial para localizar los discursos de Fidel Castro. Las expectativas inmediatas de Cuba para obtener una conexión de fibra óptica están cifradas en un acuerdo firmado con Venezuela el pasado 24 de enero, el cual permitirá la instalación de un cable submarino de 1.552 kilómetros para el acceso a la red a alta velocidad y bajo costo en el año 2008. Caracas y La Habana consideran que esta iniciativa es clave para avanzar en la independencia de las comunicaciones y hacer frente a los “intentos hegemónicos” de Estados Unidos en el “nuevo campo de batalla”. El pasado 13 de enero, durante el VIII Festival Nacional de la Prensa Escrita en Cuba, funcionarios y periodistas del oficialismo se pronunciaron por dar a los contenidos periodísticos “un lenguaje combativo” y por emplear la red como un ámbito de influencia política y cultural contra “la desinformación del imperialismo”, bajo la inspiración de las ideas de Castro.

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