ECUADOR

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En este período la conflictividad política en el país ha ido en aumento hasta derivar en una abierta pugna de poderes con motivo de la destitución de 57 diputados y del presidente del Tribunal Supremo Electoral, lo que ha puesto en duda la vigencia del Estado de Derecho. El clima político se enrareció tanto, que no han faltado los atentados con armas de fuego, y los guardaespaldas de uno de los bandos en pugna amenazaron con agredir a periodistas. Paralelamente, parece ya irreversible la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pondrá en el tapete de la discusión, entre otros asuntos, las regulaciones estatales sobre libertad de informar y el derecho de expresión. El primer signo de que las relaciones de los medios con el nuevo Gobierno no estarían exentas de conflictos se produjo el 3 de marzo, cuando el presidente Rafael Correa conminó a la prensa a que admita que se equivocó al informar de presuntas negociaciones entre el Gobierno y Sociedad Patriótica para conseguir la aprobación de la consulta popular que de paso a la Constituyente. La situación se agravó luego de que la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador (AEDEP) publicase un comunicado, el viernes 9 de marzo, bajo el título de “¡Intolerable!”, en el que llamaba al régimen y a los poderes del Estado a ceder posiciones en bien del país. Ese día el Presidente reaccionó con virulencia ante un grupo de estudiantes. Dijo entonces que el comunicado de la AEDEP “es inmoral... y también es corrupción”, porque incluyó al Ejecutivo “en el mismo saco que al Congreso y al Tribunal Supremo Electoral”. La Secretaría General de Comunicación envió con esa misma fecha una carta a la AEDEP en la que señaló que la declaración de los medios era “casi injuriosa”, por lo que exigía “una inmediata rectificación pública de esta gravísima acusación contra la máxima autoridad de la República”. Mencionó también que “los medios de comunicación, con su defensa del statu quo, también son corresponsables de la situación en la que se encuentra el país y que, con este comunicado, en nada contribuyen a la consolidación de la democracia”. Al día siguiente, 10 de marzo, desde Saraguro, Loja, el primer mandatario tildó de "mafias informativas" a los medios escritos del país, y llamó a una marcha para la siguiente semana para “demostrarle a los medios de comunicación vendidos a grupos de poder, a las mafias políticas defenestradas, que no hay punto de retorno". Otros acontecimientos relevantes de este período: El 10 de octubre TAME (Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos) dio por terminado, de manera unilateral, el contrato suscrito con diario La Hora mediante el cual se compraban ejemplares y espacios publicitarios, debido a una noticia publicada por dicho diario en la que se desmiente una supuesta asociación de TAME con EMBRAER, empresa de aviación brasileña. Ocho días después, TAME prohibió a la agencia de viaje Havanatur repartir ejemplares de La Hora en los aviones que habitualmente chartea de TAME. El diario La Hora denunció que TAME, una empresa de aviación de propiedad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, y como tal del Estado, pretendió utilizar la compra de publicidad y ejemplares, como medida de presión para influir en la información. Finalmente TAME revisó su decisión y reactivó el contrato con La Hora a consecuencia de la denuncia publicada. El 18 de octubre ocho periodistas de varios medios de comunicación fueron retenidos durante cinco horas por las reclusas de la cárcel de mujeres de Guayaquil en el transcurso de un paro carcelario nacional. El 26 de noviembre, día de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, cuando el candidato Alvaro Noboa se acercó a las urnas, en medio de un tumulto pidió a la escolta militar que desalojaran al equipo periodístico del Canal de Televisión Ecuavisa antes de hacer declaraciones políticas. La escolta militar separó agresivamente a empujones al camarógrafo y asistente mientras varios de los seguidores del candidato los insultaban y amenazaban. Al día siguiente el canal Ecuavisa emitió su rechazo: “…quienes estaban destinados a precautelar el orden, no protegieron a los periodistas que estaban haciendo la cobertura y que la multitud pretendía agredir. Entonces las sanciones deben darse en este caso como un ejemplo de que esto, por parte de las FF.AA., nunca más vuelva a ocurrir”. El 2 de enero del 2007 las autoridades del Congreso informaron de que el salón principal de sesiones del Palacio Legislativo, recientemente restaurado, contará con un cerco de vidrio a prueba de sonido. Los medios de comunicación sólo podrán escuchar las intervenciones de los diputados que lo permitan. Si alguno injuria a sus colegas con el micrófono desconectado, por ejemplo, solo se enterarán los diputados presentes. El 24 de enero la Asociación Ecuatoriana de Radio (AER) desconoció la representación de los miembros de su directorio ante el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel). La medida se adoptó como protesta por un borrador de informe de la Contraloría General del Estado según el cual se les debería retirar las frecuencias a 823 concesionarios por estar en mora en el pago de esos derechos. El organismo de control denunció también procesos supuestamente irregulares en el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) entre el 1 de enero del 2003 y el 30 de mayo del 2005. Diez núcleos provinciales (de 20 en total) de la AER tomaron la decisión de “dejar en libertad a cada uno de los miembros mencionados en el informe (de Contraloría) para que puedan ejercer el derecho a la defensa”. El 9 de febrero Teleamazonas, denunció que Christian Zurita, jefe de investigación de ese canal, fue amenazado en "un intento de intimidación absolutamente grotesco" cuando el canal estaba investigando presuntos actos de corrupción en las telefónicas estatales. La televisora también denunció que el reportero Jorge Rodríguez recibió una amenaza similar.

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