PERÚ

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El clima de libertad de prensa estuvo tensionado en este período por algunos hechos, en ocasiones, resultado de las fricciones entre el poder político y el periodismo y en otras por agresiones y amenazas judiciales contra periodistas como consecuencia de su labor informativa. Causa preocupación que tras un inicio exitoso de los procesos judiciales, los asesinatos de los periodistas Alberto Rivera Fernández y Antonio De la Torre Echeandía en el 2004, queden aún impunes. Los esfuerzos coordinados entre varios medios han resultado insuficientes hasta el momento. Sin embargo, la elección de Francisco Távara a la presidencia del Poder Judicial, podría significar mejores condiciones y garantías para el debido proceso en estos juicios. Se reinició la semana anterior el juicio por el asesinato del periodista Rivera, tras múltiples postergaciones promovidas por la defensa del alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta, y del ex Presidente de la Corte Superior de Coronel Portillo, Solio Ramírez Garay, acusados de instigar el crimen. El principal resultado de los artificios fue el relevo de los magistrados de la sala que en febrero del 2006 sentenciaron a cinco de los autores materiales y cómplices de la muerte del periodista vía una solicitud de recusación, ratificada por la Corte Suprema. Los jueces debieron inhibirse del proceso. Posteriormente, al asumir la conducción del juicio los miembros de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Ucayali, declararon nulo el juicio oral, reprogramándolo para principios de enero del 2007, cuando, ante la ausencia por motivos de salud de su Presidenta, doctora Miriam Calmet Cainero, fue nuevamente aplazado hasta mediados de marzo, “para evitar el quiebre del proceso durante el periodo de vacaciones judiciales" (del 1º de febrero al 2 de marzo). Estas interrupciones también coincidieron con la campaña electoral municipal, y el alcalde Valdez Villacorta se postuló a la reelección. A fines de diciembre, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema había confirmado la sentencia de 25 años de prisión a los ex periodistas Roy Culqui Saurino y Martín Flores Vásquez, quienes cumplen su condena en el penal de Pucallpa, por su participación como autores intermediarios de este crimen. El caso del asesinato del periodista radial Antonio De la Torre Echeandía, en el 2004, fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de la controvertida sentencia de la Corte Suprema de Justicia que absolvió a los acusados, condenados a 17 años de prisión por la Corte Superior de Justicia de Ancash en el 2005. Luego de la excarcelación del supuesto autor intelectual del crimen, el entonces alcalde provincial de Yungay, Amaro León León, la viuda del periodista denunció a la policía que tanto ella como sus hijos eran víctimas de violentas agresiones verbales de parte del alcalde y su entorno. Solicitó garantías, obtuvo protección pero sólo por un breve período de tiempo. En otro hecho, en diciembre, la Sala Penal Nacional aceptó el recurso de apelación presentado por los familiares del periodista Jaime Ayala Sulca. El Segundo Juzgado Supraprovincial archivó la denuncia contra los oficiales de la Armada Peruana, Adrián Huamán Centeno, Augusto Gabilondo García del Barco y Alberto Rivero Valdeavellano, sindicados como los autores intelectuales de la desaparición del periodista en 1984, quien fue visto por última vez ingresando al cuartel de la Marina de Guerra del Perú, en Huanta, Ayacucho. Luego de más de tres años de investigación, la Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho formalizó la denuncia penal contra los acusados en septiembre del 2006. Sin embargo, excluyó al Capitán de Corbeta de la Marina de Guerra, Álvaro Artaza Adrianzén, conocido como el “Comandante Camión”, debido a una declaración de muerte presunta, a pesar de la pruebas presentadas por la defensa de los familiares del periodista Ayala que indican que “Camión” está prófugo y escondido en territorio estadounidense desde 1989. El 28 de diciembre, el Ministerio Público solicitó 35 años de prisión para el Comandante del Ejército Peruano Víctor La Vera Hernández y el Capitán (EP) Amador Vidal Sambento, por el asesinato de Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988 en las inmediaciones de la base militar de Huanta, en Ayacucho, mientras investigaba la muerte de los miembros de una familia, supuestas víctimas de Sendero Luminoso. Por otro lado, el aún impune asesinato del periodista del Tampa Tribune, ocurrido en 1989 mientras investigaba los vínculos entre militares y narcotraficantes en la zona cocalera de Uchiza, en el departamento de San Martín, podría adquirir un renovado impulso de resultar positivas las gestiones del senador Bill Nelson quien, según el diario The Miami Herald, solicitó se reabra la investigación judicial del caso, durante una visita oficial al Presidente de la República Alan García Pérez, el pasado mes de febrero. Sustentó su pedido a la luz de nueva información sobre el caso al revelarse información sobre el testimonio secreto brindado a la policía en 1982 por un testigo del secuestro de Smith en el que sindica al ex empresario aéreo comercial Fernando Zevallos, como el autor intelectual del crimen. Zevallos, quien libró una prolongada batalla judicial contra el diario El Comercio, no ha sido procesado por la muerte del periodista norteamericano, aunque también se le atribuyen atentados contra varios periodistas que investigaron sus actividades. En el 2005 fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero y narcotráfico. El 14 de diciembre, en el marco de una demanda por difamación presentada por el ex Ministro de Justicia, Diego García Sayán, contra el director del diario Expreso, Luis García Miró, y ante la polémica generada por su decisión, la jueza Mercedes Gómez Marchisio, titular del 35 Juzgado Penal de Lima, dejó sin efecto la prohibición, dictada en noviembre, que ordenaba al diario abstenerse de publicar informaciones que pudieran agraviar o difamar al ex ministro del gobierno de transición del ex Presidente Valentín Paniagua. La jueza Gómez Marchisio consideró que García Sayán ─quien ha denunciado públicamente que es objeto de una campaña de difamación coordinada en los diarios Expreso y La Razón─ había violado el mandato de reserva judicial al publicarse una entrevista que concedió sobre el caso. El 25 de enero, basándose en el resultado de pericias judiciales, la Procuraduría Ad-Hoc solicitó la anulación parcial de la sentencia de la Corte Suprema y la absolución de la empresa América Televisión, a la que se le exigía el pago de alrededor de US$80 millones de reparación civil, como tercero civilmente responsable en el proceso seguido en la Segunda Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior de Lima contra los ex propietarios del canal, José Enrique y José Francisco Crousillat, bajo los cargos de complicidad y peculado por recibir del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos la suma de 69 millones de soles, a cambio de comprometer la línea editorial del canal para favorecer al ex Presidente Alberto Fujimori. En diciembre, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de ocho años de prisión para padre e hijo. Sorprendió el proceder de la jueza Sonia Salvador Ludeña, titular del Sexto Juzgado Penal de Lima, quien en enero citó, bajo apercibimiento de ubicación y captura, al periodista, escritor y humorista Nicolás Yerovi para dar lectura a sentencia en un juicio iniciado en 1999, por el plagio de una novela. Ese mismo año, Yerovi y la editorial Peisa denunciaron a Alberto Álvarez Calderón, por el plagio de la novela Más Allá del Aroma, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). Álvarez Calderón reconoció el delito y se comprometió a no publicar ni comercializar la obra. Sin embargo, una semana después, INDECOPI prohibió a Yerovi publicar la novela y presentó una denuncia penal por plagio contra el autor. En diciembre, los representantes de más de veinte Organizaciones No Gubernamentales protestaron ante las implicancias sobre el derecho a la libertad de expresión, asociación y libre contratación de la Ley 28925, aprobada en tercera votación en el Congreso de la República, que modificó la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Alertaron que la norma podría prestarse a un peligroso intervencionismo estatal sobre las actividades que las ONG desarrollan en diversos campos con el apoyo de los fondos de la cooperación internacional y constituirse en un mecanismo de asedio y de supresión de iniciativas que no sean de gusto del gobierno de turno. El 29 de diciembre, el Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema publicó en el diario oficial El Peruano el acuerdo plenario sobre el derecho constitucional a la libertad de expresión y de información y los delitos contra el honor, constituyéndose en precedente vinculante para futuros procesos judiciales. El documento determina que los derechos al honor y a la libertad de expresión gozan de igual rango constitucional, por lo que ninguno tiene carácter absoluto sobre el otro. Añade que dada la naturaleza pública de las libertades de información y expresión, la información difundida sobre ciudadanos públicos debe restringirse a sus actos públicos y no transgredir el derecho a la intimidad de las personas relacionadas con dicha información. Añade que la libertad de expresión “requiere la concurrencia de la veracidad y los hechos y de la información que se profiera. Debe ejercerse de modo subjetivamente veraz”, aunque no excluye de protección constitucional cuando media un “error informativo” sobre informaciones secundarias en un reportaje periodístico. Asimismo, en octubre del 2006, la Congresista Fabiola Morales presentó un proyecto de ley que crea la Cláusula de Conciencia para los Comunicadores que, entre otros, establece el derecho de los periodistas “a separarse voluntariamente del medio de comunicación en que trabajan cuando se produzca un cambio de orientación informativa (...) que implique un conflicto de conciencia“. Durante el último trimestre del 2006, en el contexto de las campañas políticas para los comicios electorales regionales y municipales, se registraron numerosos ataques contra la prensa, entre ellos los casos separados de la detención arbitraria durante tres días de Alexis Carrasco Ipanaqué corresponsal de Radio Cutivalú, en el distrito piurano de Huamarca, así como del corresponsal de Radio Ancash, José Ramírez Villacorta, en el distrito ancashino de Huari, durante 21 días. Ambos periodistas fueron detenidos y acusados de participar en violentos disturbios de protesta por los resultados electorales en estas localidades y posteriormente exculpados por falta de pruebas. En marzo, el Consejo de la Prensa lamentó la actitud con la que el presidente Alan García, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, se refirió a la labor de la prensa y deploró en particular un excesivo gesto suyo contra el diario La República. Asimismo, preocupó la agresividad mostrada el 9 de marzo contra los reporteros Marco Antonio Vázquez y Marco Sifuentes, del programa “La Ventana Indiscreta” que transmite Frecuencia Latina, mientras cubrían cerca del local del Partido Aprista Peruano en el distrito de Pueblo Libre, un acto público en desagravio a Carlos Arana, designado director del programa “Agua para Todos” del Ministerio de Vivienda. Luego de grabar el discurso de Arana, que involucraba al presidente García en actos irregulares, miembros de la seguridad del partido, patearon al periodista Vázquez y detuvieron durante media hora a Sifuentes exigiéndoles que entreguen su material periodístico. Desde septiembre del 2006, como consecuencia del proceso de actualización de la nómina de medios de comunicación acreditados al Congreso nacional, los periodistas de Radio Bacán están impedidos de ingresar a la sede legislativa. La periodista Marilú Gambini Lostaunau abandonó el país en marzo del 2006, víctima de repetidas amenazas de muerte contra ella y sus hijos, como consecuencia de sus investigaciones y denuncias periodísticas sobre las actividades del narcotráfico que involucran a un número de autoridades, en la ciudad portuaria de Chimbote en el departamento de Ancash. Las amenazas volvieron a intensificarse luego de que la periodista retornó al país a fines de año. El 1 de enero desconocidos ingresaron a su domicilio, en Chimbote, aparentemente en búsqueda de documentos relacionados con un caso de drogas. Gambini vincula las recientes agresiones al reinicio en noviembre en la Corte Suprema del juicio por narcotráfico contra los propietarios de la empresa pesquera Hayduk, a quienes ha denunciado periodísticamente en repetidas ocasiones. Fue liberado, después de permanecer secuestrado por siete días, el fotógrafo peruano de la Agencia France Presse, Jaime Rázuri, ocurrido el 1 de enero, en la ciudad de Gaza, Palestina. En diciembre luego de tres meses de gestión del nuevo gobierno, surgió la preocupación sobre un evidente retroceso en la ejecución de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Consejo de la Prensa Peruana alertó que los portales de transparencia de 27 de las 41 entidades del gobierno central evaluadas no habían sido actualizados de acuerdo con el mandato de la ley, entre ellos el de la Presidencia de la República que se encontraba en estado de “mantenimiento” desde hacía varios meses. Otros casos registrados durante este periodo: El 26 de octubre, alrededor de 50 militantes de la agrupación política Fuerza Loretana agredieron físicamente a Raúl López Celis, director y conductor del programa Hora Zero, en la ciudad de Iquitos, como represalia por sus críticas al candidato al gobierno regional por dicha agrupación, Iván Vásquez Valera. El 10 de noviembre, el Sexto Juzgado Penal del Cusco condenó al director y a la reportera del diario El Comercio de Cusco, Julio Jara Ladrón de Guevara y Carolina Zamalloa, respectivamente, a un año de prisión no efectiva y al pago de una reparación civil de aproximadamente US$ 620 por el delito de difamación en agravio del profesor de la Escuela de Bellas Artes de Cusco, Carlos Aguilar Carrasco. La sentencia fue apelada por los periodistas y está siendo revisada por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco. En septiembre del 2005, el diario publicó declaraciones de un grupo de alumnas que acusaban al profesor de acoso sexual. Posteriormente, publicó una carta de rectificación enviada al diario por el agraviado. El 10 de noviembre, el corresponsal de Frecuencia Latina, Canal 2, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto, Darwin Paniagua Yumbato, fue golpeado por el Gerente General de la municipalidad provincial, José Mamán, mientras cubría un acto público. El periodista había denunciado la irregular participación de Mamán en la campaña para la reelección del alcalde Juan del Águila Cárdenas. El 14 de noviembre, la jueza del 35 Juzgado Penal de Lima, Mercedes Gómez Marchisio, ordenó al director del diario Expreso, Luis García Miró, abstenerse de publicar cualquier artículo periodístico que tenga relación al ex ministro de Justicia, Diego García Sayán, en el marco de una demanda por difamación contra el empresario periodístico. Sin embargo, tras la polémica generada por la decisión, que atenta contra la libertad de expresión, la jueza limitó la prohibición a informaciones que pudieran agraviar o difamar al ex ministro. El 14 de diciembre, la jueza Gómez Marchisio, emitió una resolución que dejó sin efecto la orden que prohíbe al diario Expreso informar sobre el ex Ministro García Sayán, ya que éste violó las normas que lo obligaban a guardar aspectos inherentes al juicio cuando concedió una entrevista sobre el tema al diario El Comercio, el 27 de noviembre. El 21 de noviembre, el corresponsal de Radio Cutivalú, en el distrito de Huamarca, departamento de Piura, Alexis Carrasco Ipanaqué, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú, durante una violenta marcha de protesta por los resultados electorales municipales del 19 de noviembre. Acusado de participar en los disturbios, el periodista fue liberado el 23 de noviembre, al no hallarse pruebas sobre su participación en la protesta. El 24 de noviembre, los fotógrafos Eitan Abramovich, de la Agencia France Presse, y Walter Hupiú fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional del Perú mientras fotografiaban actos de represión policial durante una marcha pacífica organizada con ocasión del Día de la no Violencia contra la Mujer, en la Plaza de Armas de Lima. El 5 de diciembre, Wilman Caychigua Robles, reportero de Radio Inca Tropical y del diario El Chasqui, en la ciudad de Abancay, fue herido de gravedad al recibir un impacto de bala, supuestamente disparada por efectivos policiales durante una marcha de protesta contra la Presidenta Regional electa de Apurímac. Asimismo, Rubén Melgarejo Aguilar, reportero de Radio Laser, resultó herido al recibir el impacto de una piedra en la cabeza y fue despojado de su teléfono móvil por efectivos policiales. Wilman Caychigua permanece internado en un hospital del departamento de Cusco. El 15 de diciembre, Ostiano Antón, director de Radio Vecinal, departamento de Piura, denunció un atentado con explosivos contra las instalaciones de la radio que ocasionó daños materiales. Antón no descartó que el atentado esté relacionado a la campaña radial de denuncias por corrupción contra autoridades municipales y regionales. El 16 de enero, el camarógrafo de la Unidad de Audiovisuales de la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Loreto, Ramiro Bardales Sánchez, fue golpeado por un grupo de manifestantes durante una protesta convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en inmediaciones de la sede del gobierno regional. El 20 de enero, Elizabeth Salinas, conductora del programa radial Satélite Noticias transmitido por Radio Satélite, y Cinthia Flores, reportera de la revista Cono Este, del departamento de Lima, fueron amenazadas de muerte y agredidas físicamente por dos funcionarios de la municipalidad de Chosica. El 18 de febrero, Nicolás Palza Velarde, conductor del programa Sin Pelos en la Lengua, que transmite Radio Caplina, en el departamento de Tacna, denunció haber sido agredido por desconocidos que lo golpearon mientras transitaba con su familia en la vía pública. El periodista informó que logró identificar al ex candidato a la alcaldía provincial de Tacna, Toribio Urure Robles, entre sus agresores.

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