VENEZUELA

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El proceso que viene desarrollando en Venezuela el gobierno del presidente Hugo Chávez para suprimir la libertad de expresión e información, derechos consagrados en la Constitución venezolana en sus artículos 57 y 58, registra acciones, amenazas e incidencias cada vez mas graves y desafiantes. Actualmente, el Presidente, quien controla todos los poderes del Estado, procede directamente al cierre de medios de comunicación, como es el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), el primer canal del país. A esta televisora también le fue impuesta una multa de mil quinientos millones de bolívares por un tribunal contencioso administrativo en decisión dictada hace solo una semana. Globovisión, el canal de noticias de Venezuela, es objeto de multas, demandas oficialistas y ventajismos en su contra desde las más altas instancias judiciales. El gobierno le niega frecuencias de trasmisión necesarias para su expansión, solicitadas reiteradamente desde hace años ante Conatel, el organismo correspondiente. El uso político de la asignación de publicidad oficial es práctica permanente del régimen para tratar de doblegar a medios. La multa por cientos de millones de bolívares impuesta desde el poder judicial contra el diario Tal Cual, su editor y un columnista, identifica también a la pena pecuniaria como arma oficial para la restricción de la libertad de expresión. Uno de los más destacados físicos de Venezuela, Ph. D., Jefe del Laboratorio de Física Computacional del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Premio Nacional de Ciencia, fue despedido por haber publicado un artículo crítico en el diario El Nacional el 15 de septiembre de 2006. “Debió opinar verazmente (…) La libertad de opinión tiene límites...”, señaló el director del Instituto. Paralelamente a sus acciones contra los periodistas y medios independientes, el régimen utiliza sus tres televisoras oficiales y la internacional Telesur, más sus circuitos de emisoras radiales en todo el país y las llamadas “comunitarias”, para difundir una programación dedicada casi en su totalidad al adoctrinamiento ideológico y propaganda gubernamental. Reciente fue el anuncio oficial de un plan de lo que identifican como “medios alternativos”, desarrollado con Cuba con el que ya se han instalado 26 nuevos “medios comunitarios” de un total programado de 128, integrados por 100 emisoras FM y 28 televisoras más. El ex ministro de Información y presidente del canal del Estado Telesur afirmó a principios de este año que la “hegemonía en los medios es un instrumento necesario para la revolución.” La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA afirmó el 9 de marzo que en Venezuela se observa “un deterioro paulatino del estado de derecho” y que el gobierno no permite desde hace cinco años que dicha Comisión visite el país. Ese deterioro se fue generando con un andamiaje legal. El 12 de junio del 2001el Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 1013 que impuso criterios restrictivos a la libertad de expresión. Luego, el 18 de diciembre del 2003 dictó la sentencia 1942, en la que se desconoció la fuerza de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y declaró también que las recomendaciones de los organismos internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, no son de obligatorio cumplimiento y que la libertad de expresión no es un derecho absoluto de los seres humanos. Estas plataformas jurídicas fueron usadas para la reforma del Código Penal donde se tipifica como conducta delictiva a la disidencia y para la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, destinada a controlar el contenido en las transmisiones de los medios radioeléctricos privados. Por otra parte, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales criticó el 8 de febrero la Ley Habilitante, aprobada por la Asamblea Nacional el 31 de enero, que autoriza a Chávez a legislar por decreto: “Una delegación concebida en tales términos, prácticamente ilimitados, es inconstitucional. La legislación delegada que permite el artículo 203 de la Constitución es siempre restringida o especifica, nunca general, plena o total.” Hechos sobresalientes que afectaron la labor periodística en este período: El 7 de octubre, efectivos de la Policía Municipal de San Diego agredieron al reportero gráfico del Semanario Impacto y del periódico San Diego al Día, cuando cubría un reclamo de Organizaciones Comunitarias para la Vivienda (OCV). El 4 de noviembre, Chávez amenazó con no renovar la concesión a las televisoras por haber difundido un video en donde el Ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, hace proselitismo político en las instalaciones de PDVSA. El 8 de noviembre, Globovisión denunció que la Guardia Nacional le impidió el uso de las microondas para transmitir en vivo. Ese día, el periodista de Globovisión, Freddy Machado, temió por su vida y denunció persecución judicial y fue imputado por el fiscal 23 del Ministerio Público en el Estado Táchira, por la supuesta comisión de delito de retención ilegal de documentos oficiales. El 16 de noviembre, fue agredido un equipo de Globovisión cuando realizaba la cobertura de una protesta en la Plaza Venezuela, entre dos grupos de trabajadores. El 18 de noviembre, Chávez amenazó con cerrar los medios que divulguen supuestos mensajes desestabilizadores el día de las elecciones del 3 de diciembre 2006. El 28 de noviembre, el Sindicato oficialista UNT, interpuso un amparo con medida cautelar de suspensión contra RCTV y Globovisión, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por emitir según su juicio, información tergiversada sobre la contienda electoral del 3 de diciembre 2006. El 4 de diciembre, la cadena Telemundo denunció que Conatel obstaculizó su cobertura durante las elecciones del 3 de diciembre 2006. El 16 de diciembre, la periodista Patricia Poleo afirmó que, ante las declaraciones del fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, en las que dijo que continuará la orden de aprehensión en su contra, no se presentará a los tribunales porque en Venezuela no hay justicia. Poleo se ha visto obligada a permanecer en el exilio, porque el Fiscal la República la relacionó como presunta autora intelectual del asesinato del fiscal Danilo Anderson, basado en declaración de un testigo falso cuya impostura fue descubierta en una investigación realizada por la periodista María Angélica Correa y reseñada a través del canal Globovisión. Por tal investigación Correa fue galardonada con el premio “Rey de España”, mención televisión. El 28 de diciembre el presidente Chávez dijo que no sería renovada la concesión a RCTV, y acusó al canal de “golpista”. Al día siguiente el ministro de Información declaró que la concesión de RCTV no será renovada y que la señal de Globovisión debería tener otro uso. El 6 de enero de 2007, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, pidió al presidente Chávez, revisar su decisión de cancelar la concesión de RCTV, medida que calificó como “sin precedentes en las últimas décadas de democracia” en América Latina, e hizo un llamado a los medios a seguir ejerciendo su función informativa. El Gobierno consideró “falaces” esas declaraciones y pidió a Insulza retractarse por falsear la realidad. Ocho países se solidarizaron públicamente con Insulza. El 18 de enero, Conatel, libera y pone disponible la frecuencia del canal Niños Cantores del Zulia y Canal 36, por no presentar documentos que comprueben que les fue entregada la concesión. Gustavo Ruiz, director periodístico del canal declaró que se ha cumplido con el pago de todos los tributos derivados de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Ley de Responsabilidad en Radio y televisión, aunque seguirán operando bajo la dirección de la Iglesia. El 23 de enero se produjo una audiencia pública contra el diario Tal Cual en Tribunal del Estado Lara relacionada con un artículo escrito por el humorista Laureano Márquez, en donde menciona a la hija del presidente Chávez. Días después un tribunal multó al diario Tal Cual y al humorista Laureano Márquez. El 2 de febrero, un diputado oficialista propuso crear una comisión censora para que comiencen a investigar y hacer seguimiento a los medios de comunicación. El 11 de febrero, desconocidos lanzan artefacto explosivo contra la sede del periódico Las Noticias de Cojedes. El 17 de febrero, el Ministro Chacón, declaró que el gobierno aspira a comprar la plataforma tecnológica de RCTV, pero el precio lo determinarán los peritos y no sus dueños. Expresó además que en caso de no pactar un acuerdo con RCTV, la Ley prevé los mecanismos para la expropiación. El 24 de febrero, un grupo de periodistas se movilizan por la libertad de expresión y en protesta por los atropellos en contra del diario Tal Cual y el humorista Laureano Márquez. El 25 de febrero, en la rueda de prensa con medios y periodistas extranjeros, el presidente Chávez, arremetió contra la cadena brasileña O’Globo, tras la pregunta hecha por el corresponsal de ese medio, el periodista Pablo López Guellys, sobre la multa impuesta al diario Tal Cual y a Laureano Márquez. Para este mes están previstas audiencias preeliminares en los juicios contra los periodistas Marianella Salazar y Napoleón Bravo, luego de reposiciones e incidencias que mantienen los procesos abiertos, como amenaza contra la libertad de expresión de estos comunicadores.

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