Panamá

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A pesar de que se vive un ambiente donde existe libertad de expresión, no deja de preocupar el hecho de que los tres gobiernos democráticos posteriores a la dictadura militar no han manifestado tener la voluntad política para derogar todas las leyes restrictivas de la libertad de prensa y de controles sobre los medios de comunicación que se encuentran vigentes en la actualidad. La legislación en esta materia es abundante. Existen un sin número de leyes específicas y distintos códigos que contienen todo tipo de disposiciones, que atentan de manera directa contra la libertad de expresión en abierta violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este período todavía se siguen cuestionando las restricciones impuestas por la reglamentación, dictada en mayo pasado por la presidenta Mireya Moscoso, sobre la Ley de Transparencia que permite el acceso a la información pública a todos los ciudadanos. La Ley no ha podido ser utilizada como una herramienta eficiente para que los ciudadanos accedan a la información oficial. La Corte Suprema de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre la legalidad del reglamento del Ejecutivo, tras varias demandas por inconstitucionalidad que presentaron organizaciones periodísticas y la Defensoría del Pueblo. El Sindicato de Periodistas y algunos organismos que le son afines prepararon un anteproyecto de ley, presentado luego a través de un grupo de legisladores, en el que se restablecía el régimen de idoneidad para ejercer la profesión de periodismo y se establecían condiciones para ese ejercicio. El proyecto no gozó de consenso y la presidenta Mireya Moscoso no lo sancionó. Actualmente existen varias demandas por calumnia e injuria y por delitos contra el honor contra varios periodistas. Deseo destacar una demanda por calumnia e injuria interpuesta por el procurador general de la nación en contra del director del diario La Prensa de Panamá, Doctor Winston Robles. A pesar de que el juez determinó que no existían pruebas en contra del Doctor Robles por lo cual ordenó archivar el expediente e impartió un sobreseimiento definitivo, el fiscal, subalterno del procurador, apeló la decisión razón por la cual el caso pasará a una instancia superior.

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