Guatemala

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La libertad de prensa ha sufrido un deterioro considerable en este período, a pesar de que la credibilidad de la prensa independiente se ha visto fortalecida, por su postura de firmeza ante la actitud de acoso que mantienen las autoridades gubernativas. El presidente Alfonso Portillo se ha convertido en el más severo crítico de la prensa, a la que trata de desprestigiar constantemente por medio de declaraciones que pretenden restar credibilidad a los medios. Otros funcionarios de alto rango repiten el mismo discurso, entre ellos, el vicepresidente Francisco Reyes, el presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, y el fiscal general de la Nación, Carlos de León. El mandatario ha llegado al extremo de amenazar a directores de medios, lo que provocó que el director de elPeriódico, José Rubén Zamora, iniciara un proceso de antejuicio en su contra. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción judicial y el Congreso se vio obligado a nombrar una comisión para investigar el caso. Extraoficialmente, funcionarios del Ministerio Público han reconocido que existe intervención telefónica en contra de algunos periodistas, curiosamente los mismos a los que el Gobierno acusa constantemente de conspiración, simplemente porque publican denuncias sobre corrupción, crimen organizado y sobre grupos de poder paralelo en la administración del FRG, el partido oficial. Las intimidaciones gubernamentales abarcan también la restricción a los reporteros para cubrir eventos públicos, así como la práctica –que había desaparecido– de fotografiar a los periodistas cuando cubren eventos oficiales. Este método se utilizó durante la época de la represión contra la prensa entre 1978 y 1983, cuando se registró el mayor número de asesinatos de periodistas. En diciembre y enero, el Ministerio Público citó de manera intimidatoria a varios periodistas para que ratificaran judicialmente denuncias que publicaron en sus diarios. Representantes de elPeriódico se negaron a responder al citatorio para garantizar la protección de las fuentes. El Gobierno ha encontrado en la persecución fiscal una forma de acoso. Los principales periódicos del país, sin excepción, han sido blancos de auditorías por parte de la Superintendencia de Acción Tributaria (SAT), que se ha extralimitado en sus funciones. Un caso particular es el de Nuestro Diario, el periódico de mayor circulación del país, que sufrió hostigamiento por parte de los auditores. Esta situación provocó que se presentara una acción de amparo ante un tribunal, que falló a favor del medio. La respuesta de los periódicos ha sido aceptar sin protestar las auditorías, en apego y respeto a la ley, pero al mismo tiempo, rechazar y denunciar cualquier acto que exceda los límites que la Ley establece a la SAT. En febrero pasado, dos periodistas, Elizabel Enríquez, de la agencia Cerigua, y Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre, sufrieron misteriosos asaltos, que hasta el momento no han sido aclarados. Otros columnistas de distintos medios han denunciado que han recibido amenazas telefónicas. A pesar de la campaña de desprestigio contra los medios, el nivel de credibilidad es elevado y la circulación va en aumento.

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