En los días previos al inicio de la guerra contra Irak, funcionarios estadounidenses anunciaron las reglas para incorporar periodistas a las tropas estadounidenses durante los ataques. La medida representó un cambio significativo en el acceso a todas las acciones militares estadounidenses que desde la guerra de Vietnam había sido más restringido. Sin embargo, existe una creciente preocupación por la seguridad de los periodistas que están cubriendo la guerra en Bagdad. Varios informes han denunciado que el gobierno iraquí ha obligado a los periodistas a quedarse en el hotel Al-Rashid para utilizarlos como escudos humanos, y todos los corresponsales de CNN y Fox News han sido expulsados de Bagdad.
El efecto de la guerra ha provocado que los funcionarios estadounidenses adopten medidas más estrictas para asegurar el secreto de la información gubernamental por medio de la nueva Ley de Seguridad Nacional, mientras los medios de comunicación han abogado por un mayor acceso hasta el punto de promover un proyecto de ley llamado Ley de Restauración de la Libertad de Información. La vigilancia electrónica por parte del gobierno sobre correos electrónicos personales también ha sido un motivo de preocupación para los defensores de la privacidad y el debido proceso por el creciente número de registros de emergencia.
Respecto a la seguridad nacional, dos cadenas de televisión estadounidenses, preocupadas porque la guerra con Irak era inminente, retiraron a sus reporteros de Bagdad a principios de marzo. Allison Gollust, vocera de la cadena, le dijo a The New York Times que NBC News decidió retirar a los seis miembros de su equipo de televisión después de que la administración Bush hiciera comentarios indicando que un conflicto militar podía comenzar en pocos días.
Había 450 periodistas en Bagdad y parece que el número ha disminuido a 300. La administración Bush notificó a los periodistas que salieran de Bagdad, pero NBC y ABC serían las primeras cadenas de televisión en retirar voluntariamente a su personal de la capital iraquí. Fox News Channel fue expulsado de la ciudad el mes pasado por el gobierno iraquí. NBC probablemente aún podría seguir cubriendo desde Bagdad a través de Peter Arnett, el ex corresponsal de CNN quien ahora reporta para MSNBC, la cadena de cable hermana de NBC. Los cuatro periodistas de CNN fueron expulsados el 21 de marzo.
En la semana del 12 de marzo, The Washington Post informó de que El programa de incorporación ha sido desarrollado debido a las quejas de los medios porque en recientes acciones militares los reporteros fueron mantenidos demasiado lejos del frente de guerra. Funcionarios del Pentágono, en su documento guía, dijeron que hacían estos esfuerzos debido a que necesitamos contar la historia real sea buena o mala antes de que otros inunden con desinformación y distorsiones a los medios de comunicación, como seguramente lo seguirán haciendo, reporta el Post.
Joe Strupp de Editor & Publisher reporta que pocos editores, si acaso, se han quejado sobre las reglas de incorporación para los corresponsales de guerra que permiten la revisión por seguridad y la marcación de información sensible. Pero muchos editores dijeron que estarán observando cómo se ejecutan dichas reglas. Están escritas en tal forma que podrían ayudar a reportar la historia o ser usadas para dañar el reportaje, expresó Colin McMahon, editor de noticias internacionales del Chicago Tribune, el cual tiene cinco reporteros incorporados de los 15 que mantiene en la región.
Mientras tanto, el editor principal de Newsweek, Jonathan Alter, dice que la mayoría de reglas en tierra que los reporteros incorporados tienen que seguir parecen razonables, como es el abstenerse de portar pistola, tomar fotografías nocturnas con flash y reportar la posición exacta de la unidad. A diferencia de la Guerra del Golfo en 1991, comenta el editor, esta vez no habrá censura de informes ni libretos de televisión. La verdad es que ya no es práctico. Las comunicaciones inalámbricas han aniquilado definitivamente la censura militar.
El mediador en asuntos de interés público de The Washington Post, Michael Welter, manifiesta que la verdadera prueba del plan del Pentágono para incorporar más de 500 periodistas en las tropas vendrá si comienza el combate y las cosas marchan mal. En papel, dice Getler, la nueva guía parece ser un paso adelante en términos de acceso y transmisión oportuna del reportaje con respecto a las políticas y tácticas restrictivas que el Pentágono ha empleado en cada conflicto desde Vietnam.
A pesar de la nueva actitud del Fiscal General John Ashcroft frente al acceso, en marzo se realizó una auditoría, a escala de todo el sector del gobierno, sobre las respuestas federales a solicitudes de la Ley de Libertad de Información, la cual mostró que la mayoría de agencias gubernamentales (17 de 33) solamente enviaban copias de la información solicitada a los funcionarios de la Ley de Libertad de Información (FOI), sin cambiar reglamentos ni materiales de guía e instrucción. Un funcionario resumió el sentimiento predominante como de mucho ruido y pocas nueces. El memorando de Ashcroft reemplazó una política de Janet Reno sobre la Ley de Libertad de Información que exigía la liberación de información, aun cuando pudiese aplicarse una exención, a menos que pudiese ocurrir algún perjuicio previsible. Ashcroft aseguró a las agencias del gobierno que el Departamento de Justicia defendería casi cualquier base sólida para la denegación.
Preocupados por las filtraciones de información, los militares están comenzando a reprimir las comunicaciones por correo electrónico entre las tropas apostadas y sus familiares en casa. El acceso al correo electrónico, generalmente abierto y muy apreciado por los hombres y mujeres en servicio, probablemente será restringido y/o supervisado, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. Los líderes militares están particularmente preocupados porque información clasificada, tal como la localización de las tropas, podría ser divulgada inadvertidamente por medio de fotografías digitales y cámaras Web.
El Senador Patrick Leahy (D-Vt.) presentó en marzo la Ley de Restauración de la Libertad de Información para combatir la exigencia de confidencialidad planteada en la legislación que establece la creación del Departamento de Seguridad Nacional, la cual fue aprobada por el Congreso en noviembre.
Las ampliamente criticadas disposiciones sobre confidencialidad contenidas en la nueva Ley de Seguridad Nacional penalizan la divulgación de información sobre infraestructura crítica presentada voluntariamente al gobierno por las empresas, a la vez que otorgan inmunidad a las empresas que comparten esa información con el gobierno, librándolas de responsabilidad por malas actuaciones resultantes de la información que revelen.
El proyecto de ley de conocido como Restauración del FOIA, seguiría garantizando a las empresas la protección de las comunicaciones reales sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas, pero reduciría significativamente el rango de secreto protegido por la ley y restringiría las penas criminales por divulgación.
La nueva ley no penalizaría la divulgación de información sobre infraestructura crítica ni sustituiría ninguna protección a los soplones tal como lo hace la ley vigente, la cual puede castigar a los soplones con una multa y hasta con un año de cárcel si sus divulgaciones tuviesen que ver con infraestructura crítica. No prohíbe el uso de información en los casos ventilados en las cortes civiles para responsabilizar a las compañías por malas actuaciones o para proteger al público.
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) fue criticado en enero por el representante de Libertad de Medios de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) por investigar registros de bibliotecas, suscripciones de periódicos y recibos de librerías con el pretexto de antiterrorismo.
En una declaración ante el Consejo Permanente, el cuerpo decisorio de la OSCE, Freimut Duve dijo que las prerrogativas gubernamentales bajo la Ley Patriota de Estados Unidos de América están siendo usadas en una forma que podría intimidar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión. Pidió una aclaración del gobierno de Estados Unidos y dijo que también estaba examinando la legislación antiterrorista aprobada por los países europeos.
El sub jefe de la representación norteamericana ante la OSCE, Douglas Davidson, dijo que nada en la Ley Patriota o en la forma en que es ejecutada le permitiría al gobierno limitar el acceso a materiales protegidos por la Primera Enmienda a la Constitución.
Sin embargo, ciertos medios de comunicación opinan que los periodistas deberían estar preocupados por ciertas disposiciones de la ley, la cual otorga nuevos y amplios poderes a agentes del gobierno para investigar actos de terrorismo. En virtud de la Ley Patriota, el FBI puede obtener una orden judicial secreta para tener acceso a libros, papeles, registros y documentos de cualquier persona sobre la base de su supuesto involucramiento con el terrorismo internacional o actividades clandestinas de inteligencia.
Les preocupa que si un reportero contacta personas o grupos políticos extranjeros sospechosos de ser agentes de una potencia extranjera, según la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, sus comunicaciones podrían ser monitoreadas.
Los senadores del Estado de Florida iban a recibir información en privado el 7 de marzo sobre una base de datos estatal que rastrea a sospechosos de terrorismo. Ésta es la primera vez en casi cuatro décadas que se prohíbe al público asistir a una reunión de la comisión del Senado, de acuerdo con un informe de The Miami Herald. Si bien el estado de Florida tiene una de las leyes más fuertes del país sobre libertad de información, su registro sobre el acceso se está convirtiendo cada vez más en una baja de la Guerra al Terror.
A los medios les preocupa la vigilancia electrónica del gobierno, según una nota publicada por Los Ángeles Times: El Fiscal General John Ashcroft le dijo a la Comisión de Justicia del Senado el martes que ha autorizado más de 170 de dichos registros desde los ataques del 11 de septiembre más del triple de los 47 registros de emergencia que habían sido autorizados por otros fiscales generales en los últimos 20 años.
Recientemente, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos, en nombre del Grupo de Medios de Comunicación del Norte de Jersey y del New Jersey Law Journal, que revoque una decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos (3er. Circuito) que defiende la realización de audiencias de deportación de detenidos del INS (Servicio de Migración) a puerta cerrada. Un caso similar que llega a la conclusión opuesta también podría llegar a la corte.
El Centro para la Integridad Pública, que hizo la revelación en febrero, dijo que el gobierno de Estados Unidos ha redactado en secreto enmiendas a la Ley Patriota de Estados Unidos de América que pondrían en peligro las libertades civiles de los ciudadanos estadounidenses garantizadas por la Constitución pero esto ha sido prácticamente ignorado por los principales medios de comunicación, reporta el grupo vigilante de los medios estadounidenses llamado Justicia y Precisión en los Reportajes (FAIR).
Redactada por el personal del Fiscal General de Estados Unidos John Ashcroft, la Ley de Mejoramiento de la Seguridad Nacional de 2003 (Ley Patriota II) debilitaría la Ley de Libertad de Información al restringir el acceso al público a la información sobre detenidos por terrorismo. La propuesta todavía no ha sido presentada oficialmente.
Han ocurrido varios incidentes durante los últimos seis meses en la defensa del proceso de recopilación de noticias. Gary Gaynor, fotógrafo del Tucson Citizen, fue arrestado el 5 de marzo durante una protesta en el campus de la Universidad de Arizona. El 13 de marzo de 2003, las autoridades gubernamentales interceptaron un paquete postal enviado entre dos reporteros de Associated Press el pasado septiembre y, sin contar con una orden de registro y sin notificar a los reporteros, confiscaron el contenido, de acuerdo con un informe de AP. El paquete contenía una copia de un informe no clasificado del FBI de 1995 que desde ese entonces había sido considerado un registro público, dijo AP.
El reportero de AP en Manila, Jim Gomez, envió a John Solomon en Washington un documento sobre casos de terrorismo que ambos estaban investigando. AP dijo que el documento del FBI del paquete contenía información que ya había sido presentada anteriormente en dos procesos judiciales. El reportaje contenía copias de evidencias recopiladas en los casos de terrorismo de Abdul Hakim Murad y Ramzi Yousef. Murad y Yousef fueron sentenciados a cadena perpetua por tramar la voladura de 12 aviones con destino a Estados Unidos. Yousef fue también condenado por planificar el ataque al World Trade Center en 1993.
En marzo, la jueza Jane Marum Roush denegó una solicitud presentada por 16 empresas de telecomunicación para que se les permitiera grabar y transmitir el juicio penal del supuesto francotirador John Lee Malvo en la Corte del Circuito del Condado de Fairfax. Roush también denegó el permiso para tomar fotografías, una solicitud que sí fue aceptada por el juez en el caso de John Allen Muhammad, el segundo sospechoso francotirador que está siendo juzgado en el Condado Prince William, Virginia.
Aunque Roush no explicó por qué denegó la solicitud de cobertura fotográfica, por las preguntas formuladas por ésta, Kathleen Kirby, abogada de los medios, piensa que a la jueza le preocupaba que las fotografías fijas o electrónicas pudiesen influir negativamente sobre el jurado.
La Corte Suprema de Estados Unidos rehusó en febrero revisar una decisión de la Suprema Corte de New Jersey que defendía la orden de un juez de una corte de prohibir que los periodistas entrevistaran a los miembros de un jurado después de que éstos concluyeran su labor en el primer juicio de un rabino acusado de ordenar la muerte de su esposa y en el que el jurado no pudo llegar a un veredicto.
The Philadelphia Inquirer solicitó a la Corte la revisión del caso, por ser una ampliación de la censura previa a la prensa. El rabino Fred Neulander fue condenado en un segundo juicio en 2002. La orden prohibía a la prensa que contactara o entrevistara a los miembros de un jurado después de que éstos concluyeran su labor por cualquier motivo, respecto de cualquier tema, e incluso si el jurado iniciaba dicho contacto, escribió el Inquirer en su petición a la Corte.
Un jurado del Condado de Sonoma condenó el pasado mes de febrero al ex sacerdote católico Donald Wren Kimball bajo los cargos de agresión, vandalismo y asalto por golpear en la cara a una reportera gráfica con su cámara cuando ésta cubría su juicio en el tribunal del Condado de Sonoma, California. Aunque todavía espera sentencia, Kimbal enfrenta de tres a seis años por la agresión.
Durante el juicio por abuso sexual a niños en abril 2002, Kimbal atacó a la fotógrafa del San Francisco Chronicle, Penni Gladstone, golpeándole la cara con su cámara, rompiéndole los lentes y arrebatándole una cámara digital de sus manos antes de lanzarla hacia el reportero del Press Democrat (Santa Rosa), Clark Mason. Gladstone, de 49 años, sufrió cortes y golpes debajo del ojo derecho.
Durante los argumentos orales en febrero, cuatro organizaciones periodísticas solicitaron al Juez James K. Bredar que permitiera el acceso a los registros de la corte juvenil correspondientes al supuesto francotirador de 17 años de edad John Lee Malvo, ahora que éste está siendo procesado como adulto.
Ésta no es la primera vez que los medios han solicitado a Bredar acceso a estos registros de cortes juveniles. En noviembre, Bredar rehusó el acceso al caso de Malvo mientras estaba pendiente en la corte juvenil federal en el Distrito de Maryland.
El interés público en este juicio es enorme, ya que el detenido ha sido acusado de aterrorizar a nuestra comunidad, argumentaron las organizaciones periodísticas en su moción. El juicio en esta Corte involucraba la seguridad pública, la administración de nuestro sistema penal y el deseo del público por retribución y disuasión.
Tal como explicaron las organizaciones noticiosas, cualquier argumento que pudiese haber existido para darle el carácter de reservado al expediente de Malvo en la corte juvenil, ya no existe.
En enero, la Corte de Apelaciones de Boston (1er. Circuito) invalidó el estatuto de difamación criminal de Puerto Rico, debido a que el estatuto, adoptado en 1974, no cumple con los requisitos básicos de la Primera Enmienda. El caso fue presentado por Jesús Mangual, un reportero del periódico El Vocero de Puerto Rico, quien temía ser encausado por los artículos que había publicado sobre la corrupción en el gobierno. Mangual solicitaba que la corte declarase la inconstitucionalidad de dicha ley y tomase medidas para proteger el derecho de los periodistas portorriqueños a la libertad de expresión.
El Congreso de Estados Unidos estaba considerando un proyecto de ley pidiendo la creación de una oficina especial para combatir la censura en Internet en regímenes autoritarios alrededor del mundo, informa la Red de Periodistas Internacionales (IJNet) y la Revista Económica del Lejano Oriente (FEER).
Sin embargo, varios defensores de Internet, incluida la Fundación para la Frontera Electrónica, han manifestado su preocupación por que algunos de los nuevos programas que han salido al mercado tal vez no protejan cabalmente la identidad de los usuarios, dejándolos vulnerables ante las autoridades chinas, entre otras.
