Brasil

Aa
$.-
Este es el informe más grave sobre la libertad de prensa en el país en los últimos 20 años. En este período se ha producido el mayor caso de censura desde la época de la dictadura militar. Desde la Reunión de Medio Año, hubo dos execrables asesinatos de miembros de la prensa cometidos por el crimen organizado, uno de ellos con un alto grado de crueldad en el que el periodista fue víctima de torturas para luego ser quemado. Y, como si ello no bastase, desde la última reunión de marzo el Poder Judicial ha emitido una serie de dictámenes errados que han culminado esta semana, la noche del 23 de octubre, para ser más precisos, con un hecho en el que un funcionario de justicia acompañado por el abogado de la parte contraria al diario Correio Braziliense de la ciudad de Brasilia, y bajo el amparo de una orden judicial, prácticamente irrumpieron en la sala de redacción del referido diario, ya que la resolución autorizaba “allanar la sede del diario”. Y con ello, el funcionario de justicia, acompañado por el abogado de la parte contraria, censuraron página por página lo que sería publicado en la edición del día siguiente en reportajes que daban cuenta sobre unas ventas irregulares de tierras del gobierno de parte del gobernador Joaquim Roríz en la capital federal. Correio Braziliense se disponía a publicar una serie de conversaciones extraídas de cintas grabadas que comprueban la participación del gobernador y unos amigos suyos, los hermanos Passos. Correio Braziliense llevaba varios intentos por publicar la información sobre las conversaciones grabadas en repetidas ocasiones pero siempre había tenido obstáculos presentados por el gobernador. La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) de Brasil informó que no había habido censura tan grave como la ocurrida con la presencia de los censores oficiales en la sala de redacción de Correio Braziliense desde la época de la dictadura entre los años 1964 y 1985. Solidaria con la prensa brasileña, la SIP se ha sumado a dicho repudio y alerta sobre la necesidad de combatir con firmeza y resistir todas aquellas acciones que intenten echar por tierra la libertad de prensa. Dos homicidios, en los últimos meses, enlutaron la prensa brasileña. En junio de este año, se registró el primer asesinato cometido por narcotraficantes en represalia por el trabajo de Tim Lopes, periodista investigativo de la Red Globo de Televisión, en Río de Janeiro. Lopes fue asesinado, después de haber sido capturado, torturado, descuartizado, quemado y finalmente enterrado en un cementerio clandestino en una región dominada por el miedo, la violencia y el poder del narcotráfico. El 2 de junio, usando una micro cámara oculta, el reportero intentaba obtener información sobre un baile funk que, según la denuncia de los residentes, se trataba de una fiesta patrocinada por traficantes de drogas, lugar de explotación sexual de menores y de libre consumo de drogas. El periodista desapareció y su muerte fue confirmada oficialmente un mes después por la policía, cuando un examen de ADN reveló que una parte de una costilla hallada en un cementerio clandestino pertenecía al periodista. El 19 de setiembre, tres meses y 17 días después del asesinato del periodista, la policía civil arrestó al principal acusado de su muerte, el traficante Elias Pereira da Silva, conocido como Elias Maluco (loco), sobrenombre que recibió de sus compañeros por la crueldad y la violencia con que ejecutaba a sus víctimas. De los nueve imputados en el proceso, Elias Maluco era el último que todavía estaba en libertad. Seis están presos, uno murió en un enfrentamiento con la policía y el otro se habría suicidado. El 30 de setiembre, el crimen organizado cobró otra víctima; esta vez, Domingo Sávio Brandão de Lima Júnior, 40 años, abogado, empresario, propietario y presidente y director de Folha do Estado, de Radio Cidade y de SB Construções e Planejamento, empresas de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso. El empresario Sávio Brandão fue asesinado de seis tiros disparados a plena luz del día en el centro de la ciudad. Según la policía, que analizó la acción de los delincuentes y de acuerdo con el examen de balística, quedó claro que se trató de una ejecución. El crimen fue perpetrado por dos personas que se acercaron a la víctima en motocicleta y dispararon en su dirección, huyendo de inmediato. Sávio Brandão murió instantáneamente. El 4 de octubre, el ex-cabo de la Policía Militar Hércules Araújo Agostinho, el ex-soldado de la Policía Militar Célio de Souza y el estudiante de derecho Éverson Davi Robalo fueron detenidos y se encuentran en la Penitenciaría Regional de Pascoal Ramos, en Cuiabá. Todos tienen antecedentes criminales. El principal acusado de la ejecución es Araújo Agostinho, reconocido por dos testigos, que se encuentran bajo protección policial. Las investigaciones apuntan hacia la hipótesis de que la muerte del empresario habría sido motivada por denuncias publicadas en Folha do Estado sobre el crimen organizado en Mato Grosso, que involucraba la explotación de las máquinas tragamonedas. El 12 de abril, Silvio Martinello, director del periódico A Gazeta, de Río Branco, estado de Acre, denunció amenazas que venía sufriendo el editor en jefe, Jaime Moreira, después de la publicación de dos reportajes sobre irregularidades verificadas en el protocolo de intenciones relacionado con un pedido de préstamo del gobierno estatal al Banco Interamericano de Desarrollo. El 7 de junio el periodista Aluysio Abreu Barbosa, director de Redacción de Folha da Manhã e hijo del propietario del periódico, con sede en Campos, estado de Río de Janeiro, reveló que fue víctima de persecuciones y amenazas. Las declaraciones contenidas en estos reportajes llevaron a una investigación del caso y al arresto de un policía federal, supuestamente involucrado en ese plan. El 23 de julio Sâmar Razzak, periodista del Jornal do Estado, de Curitiba, estado de Paraná, sufrió amenazas por teléfono después de haber publicado un artículo en que denunciaba la existencia de una banda dedicada a la venta de diplomas falsos. El 14 de agosto la periodista Fernanda de Luca, el cineasta Alexandre Guimarães y el asistente Wellington da Silva, del programa “Cidade Alerta”, de TV Record, fueron amenazados y algunos de sus equipos de la emisora fueron destrozados por un vecino del sospechoso de matar a una niña de cinco años, Tainá Alves de Mendonça. En cuanto a agresiones: El 23 de mayo el reportero gráfico Jefferson Botega, del periódico Pioneiro, de Caxias do Sul, estado de Río Grande do Sul, fue agredido física y verbalmente por cuatro integrantes del Movimiento de los Trabajadores Desempleados (MTD) cuando cubría la invasión de tierras por un grupo de 34 familias vinculadas al MTD. El 1 de agosto cuando realizaba la cobertura política del noticiero de la Asamblea Legislativa de Ceará, el periodista Marcelo Fraga, de TV Jangadeiro, fue agredido en el predio del plenario por Luciano Luque, coordinador de comunicaciones del Poder Legislativo. El 30 de agosto, los periodistas Saulo Borges y Joana Queiroz, del periódico A Crítica, de Manaus, estado de Amazonas, empezaron a recibir amenazas desde que comenzaron a investigar y a publicar reportajes sobre los homicidios perpetrados por un grupo de exterminio. En cuanto a hechos de censura, se registraron los siguientes: El 4 de marzo de 2002, el gobernador Jorge Viana sancionó la Ley Nº 1.439, que creó el Programa Estatal de Combate a la Violencia Intrafamiliar que contempla en su Art. 3º la “creación de un código de ética para los sectores de la prensa, comunicación y cultura, que apunte a fomentar los valores de paz y no los valores que refuerzan la violencia, así como la calificación de profesionales que actúen en esa área, para dicho propósito”. La ley fue publicada en el Diario Oficial de Acre, el 7 de marzo de 2002. El 21 de mayo, la Justicia de Río de Janeiro concedió una medida cautelar al candidato del PSB a la presidencia de la República, Anthony Garotinho, impidiendo la divulgación de noticias por parte de la revista CartaCapital. El presidente de la ANJ, Francisco Mesquita Neto y el vicepresidente Mário Gusmão, responsable del Comité de Libertad de Expresión, dijeron que este hecho ratificaba la decisión anterior de la Justicia, del 13 de julio de 2001, cuando el mismo político empleó un recurso idéntico y logró censurar al diario O Globo y a otros medios de comunicación. El 24 de mayo, por segunda vez, el juez Renato Mehana Khamis usó el recurso judicial para censurar a la prensa. Obtuvo una medida cautelar, en el Tribunal de Justicia de São Paulo, que prohíbe a los medios de comunicación divulgar cualquier noticia sobre el proceso disciplinario que se tramita ante el Tribunal Regional del Trabajo, por la práctica de actos delictivos. El 30 de septiembre, una sentencia del Tribunal Regional Electoral del Distrito Federal impidió a los diarios O Globo, de Río de Janeiro y Correio Braziliense, de Brasilia, entre otros, que publicaran partes de conversaciones grabadas sobre la participación de integrantes del gobierno de Joaquim Roriz en planes de corrupción y distribución ilegal de tierras. En cuanto a procesos judiciales contra diarios y periodistas, se registraron los siguientes: El 13 de junio de 2002, los periodistas Marcelo Rech, jefe de redacción de Zero Hora y José Barrionuevo, comentarista de Rádio Gaúcha, ambos de RBS, fueron condenados a cinco meses y 10 días de prisión, pena que se convirtió en un pago pecuniario de cinco sueldos mínimos a una entidad pública o privada con destino social. La condena de los periodistas fue pronunciada por la Jueza de Derecho de la 9ª Jurisdicción Penal de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul, Isabel de Borba Lucas, por haber criticado al gobernador Olívio Dutra. Rech fue condenado en razón del editorial de Zero Hora, publicado el 25 de abril del 2000, titulado “O Direito de Depredar”, que criticaba al gobernador por haber declarado que respetaba a las manifestaciones como la que destruyó el reloj conmemorativo de los 500 años del descubrimiento de Brasil. Barrionuevo fue condenado por su comentario en la emisora de radio donde también criticó al gobernador por su posición respecto de los disturbios y su participación en un seminario sobre la estrategia de los saqueos en el campo. De acuerdo con el relato de Zero Hora, decenas de manifestantes destruyeron, el 22 de abril del 2000, el reloj conmemorativo de los 500 años en Porto Alegre/RS, utilizando palos, piedras y bombas molotov. Además del reloj apedreado, también atacaron un camión de bomberos. La jueza entendió que el editorial y el comentario sobrepasaron el derecho a la crítica y representaban una ofensa al gobernador al atribuirle acusaciones de negligencia y de condescendencia con el tumulto. En la sentencia, la jueza afirma que “nadie desea el regreso de la censura”, pero en una democracia “debe prevalecer el respeto”. Según la sentencia pronunciada el 6 de junio, el editorial acusaba indebidamente al gobernador, “yendo más allá de la crítica a la que todo hombre público está sujeto”. La RBS presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul y alegó en defensa de los periodistas que no existe ni una sola línea o palabra, tanto en la declaración del periodista Marcelo Rech como en los comentarios del periodista José Barrionuevo, que tergiverse la verdad de los hechos o que exceda el límite del derecho constitucionalmente garantizado de criticar los hechos y declaraciones del gobernador del estado en temas de interés público. El 1 de julio el juez de la 4ª Jurisdicción Civil de Brasilia, Demetrius Gomes Cavalcanti, concedió la medida cautelar que prohibió a los periodistas de TV Record hacer cualquier comentario con “expresiones peyorativas” sobre el ex-senador Luiz Estevão cuando dieran la noticia del desvío de fondos del Tribunal Regional del Trabajo de São Paulo. En caso de incumplimiento de la decisión, la emisora tendría que pagar una multa de R$ 50 mil. De acuerdo con Brandão, el periodista Boris Casoy habría ofendido a Luiz Estevão al dar a conocer una noticia sobre el desvío de fondos del TRT-SP. “¿Será que el juez Lalau y toda su banda saldrán libres?”, preguntó el periodista. La justicia recordó que Luiz Estevão aún aguarda la decisión sobre los hechos que le fueron imputados por el Ministerio Público. Por ese motivo, no puede “un periodista de la reputación y respeto del Sr. Boris Casoy transformar las pruebas imputables en pruebas incontrovertibles e irrefutables, aunque sean consistentes”. El 28 de junio de 2002, la 1ª Jurisdicción Civil de Brasilia también prohibió al periodista Marcone Formiga, de la revista Brasília em Dia, de hacer comentarios ofensivos contra el ex-senador. Caso contrario, deberá pagar una multa de R$ 20 mil por publicación. El 3 de julio, el juez retirado Nicolau dos Santos Neto entabló una acción ante la Justicia contra el periodista Boris Casoy, de Rede Record. El Tribunal Inferior en lo Penal de São Paulo suspendió el proceso. Además del periodista llamarlo periódicamente “Lalau” (ladrón), Casoy llegó a decir: “Lalau es, en portugués claro, un reverendo ladrón”. El desacato a la decisión implica una multa de R$ 50 mil por noticiero. Con anterioridad, el 23 de abril de 2002, el Tribunal Inferior en lo Penal de São Paulo había concedido un habeas corpus a favor del periodista Boris Casoy, determinando la suspensión de la acción penal por calumnia contra él, promovida por Alberto Zacharias Toron, abogado del juez Nicolau, que acusó a Casoy por haber dicho en el programa que personas como el juez contrataban a “buenos abogados” y les pagaban “a peso de oro probablemente con dinero robado a todos nosotros”. El juez que pronunció la decisión entendió que las frases “no configuraban el crimen de encubrimiento” de dinero por parte de Toron, como el abogado alegaba. El 4 de julio, el Colegio de Abogados de Brasil de Paraíba denunció la existencia de la “industria de las indemnizaciones” en el Estado. Según el abogado Télio Farias, que estudia casos de procesos contra la prensa, los estudios de abogados “cazan” a supuestas víctimas dañadas por artículos, iniciando procesos indemnizatorios de hasta R$ 800 mil. Farias explicó al Jornal da Paraíba que, actualmente, el 80 por ciento de las acciones contra las empresas de comunicación son iniciadas por abogados que quieren beneficiarse de las supuestas irregularidades cometidas por los medios de comunicación. Además mencionó a una “máquina de hechos”, presentados como perjudiciales para el cliente y contó que los abogados buscan en los artículos la oportunidad de una indemnización, después contactan a los involucrados y los convencen de presentar una demanda por daños morales con valores altísimos, diciendo que el lucro es verdadero. El 8 de agosto, la revista Veja fue condenada a pagar una indemnización de R$ 150 mil al cineasta Cacá Diegues. La decisión partió del juez Carlos Eduardo Fonseca Passos, de la 7ª Jurisdicción Civil de Río de Janeiro. El director promovió la acción contra Veja por daños morales hace tres años. La publicación manifestó en un artículo que Cacá Diegues “gasta fortunas y a veces no termina sus películas”. Para el juez, la información es falsa y ofensiva.

Compartí

0