Argentina

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La prensa, que desde hace décadas batalla por mantener su libertad, enfrenta ahora a su más peligroso enemigo, la crisis económica que ahoga a las empresas periodísticas y las pone en serio riesgo de desaparecer. La gravísima crisis que afecta a todos los sectores de la producción nacional se ha profundizado aún más en los últimos meses. El periodismo gráfico ve cómo se reducen dramáticamente sus ingresos, tanto por venta de ejemplares como por la comercialización de espacios publicitarios. Los editores nacionales advirtieron seriamente sobre esta situación, en tanto la actividad periodística ha debido soportar una creciente presión fiscal con la aplicación del IVA a la publicidad y, luego, al precio de tapa de diarios y revistas. Este es el principal tema que aqueja a los medios de comunicación, principalmente de las provincias, que se ven afectados por una fuerte carga tributaria. Las entidades representativas de la prensa presentaron al Poder Ejecutivo dos anteproyectos que contemplan las aspiraciones de las empresas pequeñas y medianas, que solicitan exenciones impositivas y un régimen de facilidades de pago para deudas impositivas. Hasta la fecha, no ha habido respuestas al respecto. En mayo se presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que contempla la exención del IVA a la publicidad y una reducción del 50% de la alícuota de dicho gravamen para las adquisiciones de papel, exclusivamente para Pymes editoriales. El miércoles 18 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación postergó el tratamiento de un proyecto de ley que propicia derogar la desregulación de la venta de diarios, revistas y afines. En un documento, la prensa argentina llamó la atención sobre este proyecto, que calificó como un retroceso, ya que “esta desregulación vino a poner fin a más de cincuenta años de un sistema de comercialización cerrado, único en el mundo, que establecía privilegios para unos pocos e impedía la apertura de nuevas fuentes de trabajo”. La desregulación facilitó el acceso de la gente a las publicaciones periodísticas, pues se comenzaron a habilitar nuevas bocas de expendio, en beneficio de los lectores. La medida fue establecida por una resolución ministerial del gobierno anterior y fue luego reafirmada por el decreto 1.025, del 4 de noviembre del 2000. Las organizaciones periodísticas destacaron que, con la desregulación, se protegen las libertades de expresión y de prensa, de comercio y de libre trabajo. Apuntaron que es necesario asegurar el funcionamiento de la empresa y evitar la desaparición de publicaciones, lo que conspira contra una verdadera pluralidad informativa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó, el 16 de octubre, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), que había absuelto al diario La Voz del Interior en una causa por injurias iniciada por el empresario de máquinas de video póquer, Miguel Angel Caruso. El máximo Tribunal dejó firme el fallo de septiembre de 1999, que en función de la doctrina de la “real malicia” invocada por los abogados del matutino, absolvió del delito de injurias al editor responsable, Luis Eduardo Remonda, en ese entonces su director periodístico. En 1997, el diario se hizo eco de una investigación periodística de Canal 10 de Córdoba vinculada con las máquinas de video póquer y el asesinato del ex senador radical Regino Maders. El diario, citando datos obtenidos del expediente judicial, aludió a la supuesta vinculación del crimen con personas relacionadas con el negocio del video póquer. Caruso se sintió agraviado por la publicación y demandó a La Voz del Interior y a su director. En primera instancia, el fallo fue condenatorio para Remonda, aunque en septiembre de 1999 el TSJ revocó la condena sosteniendo que “la libertad de prensa posee una mayor entidad respecto de otras libertades, siempre que se practique dentro de determinadas pautas”. El caso llegó a la Corte Suprema, que respaldó en forma unánime los argumentos de los abogados de Remonda y concluyó que el tribunal provincial aplicó correctamente la ley cuando resolvió que las expresiones que el querellante evaluó como injuriosas no habían sido creadas por La Voz del Interior, sino que derivaban de los testimonios de dos personas que figuraban en el expediente judicial, lo que fue citado en el artículo. A comienzos de octubre, se recibió la denuncia del doctor Oscar Jorge Troisi, médico cirujano residente en Río Grande, Tierra del Fuego, quien indicó que a raíz de sus opiniones vertidas en el periódico Provincia 23, de esa localidad, fue sancionado en su trabajo, que depende del Estado. El doctor Troisi desarrolla sus tareas en el Hospital Regional Río Grande, de esa ciudad. Además, colabora en forma ad honorem con Provincia 23, donde publica una columna en la que trata diversos temas. Incluso publicó una Carta Abierta al gobernador Manfredotti. A raíz de esos artículos, según el denunciante, le fueron impuestas dos sanciones de suspensión, por cinco días y por 10 días, en su puesto del hospital. Dichas sanciones fueron recurridas por vía administrativa, pero Troisi supone que le impondrán nuevas medidas disciplinarias con el presunto objetivo de exonerarlo. La periodista Clara Britos, directora y propietaria del periódico La Tapa, de Guernica, provincia de Buenos Aires, denunció que sufre intimidaciones y amenazas a raíz de su actividad profesional. En una nota, asegura que en esa localidad “ocurren hechos graves de corrupción”, que denuncia en su medio. Advierte además que “no existen garantías, ejerzo mi trabajo bajo la presión de no saber qué puede ocurrirme, u ocurrirle a alguien de mi familia”. Los hechos denunciados por Britos son amenazas, por teléfono y por mail; seguimientos intimidatorios y la intervención ilegal de su teléfono. La periodista atribuye responsabilidades al ex intendente, Oscar Rodríguez, con quien dice que tuvo un “enfrentamiento verbal” cuando le solicitó una entrevista. En un hecho que tuvo trascendencia nacional, un grupo de custodios del ex presidente Carlos Menem amenazó y atacó brutalmente a un equipo periodístico del programa televisivo “Caiga quien Caiga”, en la ciudad de Tucumán. El equipo, conducido por el periodista Daniel Malnatti, fue atacado y amenazado por dos supuestos custodios de Menem. El director de Tiempo Sur, de Río Gallegos, Leopoldo Jorge Kalmus, denunció un atentado perpetrado contra el frente del edificio del diario, así como también las amenazas sufridas por periodistas de ese medio y por sus hijos. Entre otras agresiones, el domingo 19 de mayo, desconocidos dispararon con un arma de fuego contra la vidriera del diario La Defensa Popular, de Campana, dirigido por Daniel Vogel. En la madrugada del lunes 20 de mayo, fue atacada la vivienda del gerente de relaciones institucionales del diario El Siglo, de Tucumán, Ricardo Le Fort, con un disparo de arma. En Catamarca, generó también inquietud la agresión sufrida por los periodistas Ariel Brizuela y Carlos López Véliz, del diario El Ancasti y de Radio Ancasti, respectivamente, por parte de efectivos de la guardia de infantería de la policía de esa provincia, mientras cubrían una movilización. Ante sucesivas demandas y querellas judiciales, el diario El Ancasti, de Catamarca, denunció una situación de “acoso judicial”. El diario informó que tenía en trámite un total de 19 causas. El 17 de septiembre, el juez federal Claudio Bonadío ordenó al corresponsal en Buenos Aires del Financial Times, Thomas Catán, a suministrar un listado de llamadas telefónicas luego de que éste se negara a revelar sus fuentes de información acerca de denuncias de banqueros extranjeros sobre un pedido de soborno hecho por senadores argentinos para detener la tramitación de un proyecto de ley que impondría nuevos impuestos a los bancos. La acción del juez constituyó una violación de la Constitución Nacional que garantiza el secreto de las fuentes periodísticas. A fines de octubre, la Sala II de la Cámara Federal falló a favor del periodista Catán, decretando la nulidad de la medida del juez Bonadío y le ordenó que destruya, en presencia del periodista o de sus abogados, el listado de llamadas telefónicas. La Cámara de Senadores de la Nación le ha dado media sanción a un proyecto de ley creado por el senador Jorge Yoma e impulsado por el senador Jorge Busti, que persigue el fin de reducir los costos de producción de las editoriales pequeñas y medianas, ante la gravísima situación que éstas atraviesan. El proyecto establece eximir del IVA a los espacios publicitarios y a quienes forman parte de esa cadena comercial y, además, la disminución del 50% de la alícuota vigente para el papel periódico.

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