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Estados Unidos
8 de mayo de 2013 - 20:00
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Algunos de los más inquietantes problemas que tienen que ver con la libertad de prensa en Estados Unidos desde la reunión que la SIP realizó en Washington en octubre pasado tienen que ver con la guerra contra el terrorismo emprendida por Estados Unidos.
Daniel Pearl, jefe de la oficina para el sur de Asia del diario The Wall Street Journal, fue secuestrado en enero por un grupo autodenominado "Movimiento Nacional para el Restablecimiento de la Soberanía Paquistaní". Investigaba los vínculos locales entre el presunto "terrorista del zapato", Richard C. Reid, y la red terrorista Al Qaeda, de Osama bin Laden. Al principio sus captores afirmaron que Pearl era miembro de la CIA, y después del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Entre otras cosas, exigieron la liberación inmediata de prisioneros paquistaníes capturados en Afganistán que son interrogados en la base naval estadounidense de Bahía de Guantánamo, Cuba. Amenazaron que secuestrarían a otros periodistas estadounidenses.
La Sociedad Interamericana de Prensa había demandado en una carta entregada a la embajada de Paquistán en Washington que el gobierno de ese país hiciera lo que pudiera por conseguir la liberación de Pearl. El editor de The Wall Street Journal, Meter R. Kann, y el Jefe de Redacción, Paul E. Steiger, dijeron en una declaración después de confirmarse la muerte de Pearl: "Su asesinato es un acto de barbarie que constituye una burla de todo lo que los secuestradores de Danny dijeron creer. Afirmaron ser nacionalistas paquistaníes, pero sus acciones avergüenzan a todos los verdaderos patriotas paquistaníes. En los próximos meses continuaremos buscando formas, públicas y privadas, de rendir homenaje al gran trabajo y a las grandes obras de Danny".
Desde la muerte de Pearl, se han creado dos Fundaciones Daniel Pearl, una por obra de su empleador, Dow Jones and Co., y la otra por parte de la familia Pearl. La última tiene como objetivo respaldar las causas que inspiraron la vida y obra de Daniel, promover la comprensión entre las culturas y prevenir la violencia originada en el odio.
Varios sospechosos han sido arrestados en Paquistán, pero el caso continúa sin resolución.
Entretanto, en el Pentágono, algunos funcionarios del gobierno planificaban exactamente el tipo de campaña de desinformación que se suma a la vulnerabilidad de los periodistas y socava la confianza del público respecto de lo que lee y escucha en los medios. Los funcionarios consideraban si la recién creada Oficina de Influencia Estratégica pudiera diseminar desinformación como ayuda en la próxima etapa de la guerra contra el terrorismo. Tras revelarse sus intenciones a través de la prensa, la Casa Blanca y el Pentágono negaron rápidamente la posibilidad de tratar de influir en la opinión pública mundial mediante la propagación de falsedades a través de los medios. La protesta llevó al Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a anunciar el 26 de febrero que la Oficina de Influencia Estratégica se cerraría. Hizo hincapié en que el Departamento de Defensa no usó, había usado, ni recurriría a la desinformación.
Otro hecho inquietante se refirió no a la difusión de información falsa, sino a la ausencia de información. La Sociedad Americana de Directores de Diarios (ASNE) emitió un alerta especial sobre cambios en la política de la Ley federal de Libertad de Información (FOIA) que tienen connotaciones importantes para los diarios. En octubre, un memorándum emitido por la oficina del Secretario de Justicia, John Ashcroft, ordenó que antes de que un organismo federal difunda información en el marco de la referida ley, debe considerar "la seguridad nacional, mejorar la eficiencia de nuestros organismos policiales, la protección de información comercial delicada y, lo que es más importante, la preservación de la privacidad". Muchos defensores de la libertad de información han expresado su preocupación de que la política pueda representar un drástico giro en la manera que ésta afecte el flujo fundamental de información desde el gobierno federal. Dan Metcalfe y Richard Huff, codirectores de la Oficina de Información y Privacidad del Departamento de Justicia, dijeron que consideraban que la política era "un giro natural" bajo una nueva administración que no debería tener como resultado cambios de consideración. Huff dijo que la principal preocupación a la luz del ataque terrorista fueron las solicitudes que tenían implicaciones de aplicación de la ley o de seguridad nacional. "Es posible que haya algo menos de apertura informativa discrecional", dijo Huff. El alerta de ASNE pedía a los directores de diarios que prestaran especial atención a los resultados de las solicitudes de libertad de información presentadas por sus propios diarios. La ASNE dijo que estaba buscando instancias de negativas que pudieran constituir un alejamiento de la política anterior.
La ola de pánico por el ántrax que fue tema de la reunión de octubre parece haber disminuido pero nadie ha sido arrestado todavía. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) había identificado una "corta lista" de 18 a 20 personas que contaban con los medios, la oportunidad y un posible motivo para haber enviado las cartas con ántrax que causaron la muerte de cinco personas en el pasado otoño boreal, dijeron fuentes policiales. Una de las víctimas fatales fue un empleado de American Media, mientras que varios otros trabajadores de American Media, NBC y CBS resultaron infectados en lo que parecería ser, al menos parcialmente, una campaña contra los medios de comunicación. La última teoría del FBI es que el probable responsable sea alguien relacionado con un laboratorio de la Costa Este, oficialmente autorizado.
En Afganistán, el Pentágono mantiene todavía un amplio control sobre el acceso a las áreas que los periodistas desean cubrir. Un incidente dramático ocurrió el 10 de febrero cuando el periodista de The Washington Post, Doug Struck, llegó a Zhawar, un lugar remoto de Afganistán, para investigar informaciones de que un misil estadounidense había matado por error a civiles inocentes. A punta de pistola, soldados estadounidenses le obligaron a devolverse y le advirtieron que le dispararían si seguía adelante. Struck dijo desde Afganistán que "lo importante no es si Doug Struck fue amenazado. Esto pone de manifiesto los extremos a los que llegan los militares para mantener el secreto de esta guerra, para impedir que los periodistas averigüen lo que está sucediendo". Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos manifestó que "cuesta creer" las afirmaciones del reportero.
En otro caso en el que la Sociedad Interamericana de Prensa ha protestado, Vanesa Leggett, una periodista independiente de Texas, fue liberada de la custodia federal en Houston el 4 de enero, al expirar el período de ejercicio del gran jurado federal que la había puesto bajo investigación judicial. Había cumplido 168 días de cárcel por negarse a declarar ante el gran jurado federal y entregar materiales de sus investigaciones. Leggett ha solicitado a la Corte Suprema de EEUU que revise su caso, pero este tribunal hasta ahora no ha tomado una decisión. Los fiscales han dejado abierta la posibilidad de citarla judicialmente y encarcelarla una vez más.
También en Texas, el presidente Bush ha entregado más de 1.800 cajas de documentos de sus años en que fue gobernador del estado a la biblioteca de su padre en la Universidad A&M, en vez de hacerlo a los archivos del estado.
En la ciudad de Nueva York, colegas del ex alcalde Rudolph W. Giuliani llegaron a un acuerdo con el municipio para que los registros de la alcaldía queden bajo el control del Centro de Asuntos Urbanos Rudolph W. Giuliani. Estos dos casos han sido origen de preocupación para los bibliotecarios, que temen que al colocar registros públicos en manos privadas, las autoridades y ex funcionarios estarán en capacidad de limitar el acceso público y de la prensa a sus documentos oficiales.
