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Colombia
8 de mayo de 2013 - 20:00
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El periodismo colombiano sigue sufriendo agresiones y amenazas de diversa índole. En este período, dos periodistas fueron asesinados por razones de oficio: Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria, y Alvaro Alonso Escobar, del periódico El Informador y el semanario La Región, en el departamento del Magdalena.
Diecisiete periodistas fueron amenazados, siete por parte de los paramilitares; dos por la guerrilla de las FARC. Los ocho restantes recibieron amenazas por la vía de un sufragio, presumiblemente de la mafia del narcotráfico. Nueve de estos periodistas fueron sacados de sus ciudades de origen y traídos a Bogotá. Dos de ellos salieron del país. Algunos de los periodistas amenazados trabajaban en ciudades con presencia de los grupos guerrilleros o paramilitares como son Florencia, Barrancabermeja, Valledupar y Pasto.
En este semestre, la justicia colombiana absolvió a los asesinos de los periodistas Amparo Leonor Jiménez y Guzmán Quintero Torres. En los dos casos, la Fiscalía y el Ministerio Público apelaron la decisión. Se espera que el Tribunal Superior de Valledupar responda a los recursos interpuestos.
En octubre, el ministro del Interior, Armando Estrada, en el marco de un encuentro sobre Información y Terrorismo, acusó a los medios de comunicación de ayudar a consolidar una cultura de la violencia y advirtió que "es necesario reglamentar las condiciones de libertad en que operan los medios y analizar su responsabilidad frente a la crisis actual".
A los pocos días, la Comisión Nacional de Televisión presentó un proyecto de acuerdo con el que buscaba regular la emisión de imágenes y declaraciones de los violentos en los espacios de la televisión pública, privada y regional. La norma contemplaba prohibir la transmisión de entrevistas o comunicados de portavoces de grupos armados fuera de la ley. También se prohibía la emisión de primeros planos de imágenes en las que se vulneraran los derechos humanos, como masacres, atentados terroristas o secuestros.
Tras una protesta generalizada de los medios informativos, el presidente Andrés Pastrana envió una carta a la Comisión Nacional de Televisión en la que rechazaba la regulación coercitiva y favorecía cualquier acuerdo concertado.
En noviembre, en un comunicado, las Autodefensas Unidas de Colombia, amenazaron a un grupo de periodistas del departamento de Nariño y les dieron 48 horas para abandonar la zona so pena de ser ajusticiados. Cristina Castro, del canal RCN; Germán Arcos, camarógrafo de Caracol TV; y Oscar Torres, subeditor del diario Sur fueron trasladados a Bogotá por el Comité de Protección de Periodistas del ministerio del Interior. Oscar Torres salió del país. También fue amenazado Alfonso Pardo, periodista y corresponsal del semanario Voz. Los comunicadores de Nariño realizaron una jornada de protesta por las amenazas contra sus colegas.
En diciembre dos hombres interceptaron una camioneta del semanario regional El Tabloide de la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca, donde viajaban el editor judicial Julio Morales Torres y el reportero gráfico, Armando Yepes. Los sujetos no se identificaron y procedieron a llevarse el material periodístico que hacía referencia a hechos judiciales ocurridos en los municipios de Sevilla y Calcedonia.
El 23 de diciembre fue asesinado en su domicilio, el periodista Alvaro Alonso Escobar, en la población de Fundación, departamento del Magdalena. Escobar, de 49 años, quien recibió tres impactos de bala en la cabeza, era corresponsal del diario El Informador de Santa Marta, y director-propietario del semanario Región. Escobar había denunciado casos de corrupción política en la ciudad de Fundación. El anterior director de este semanario, Hernando Rangel Moreno, también fue asesinado en marzo de 1999 tras denunciar a políticos locales y al alcalde de El Banco, Magdalena.
Las autoridades capturaron al ex congresista Carlos Oviedo Alfaro, quien se había fugado de una cárcel meses antes. Oviedo Alfaro fue condenado a 38 años de prisión por dos homicidios y la Fiscalía General de la Nación lo investiga como presunto autor intelectual de las muertes de los periodistas Jairo Elías Márquez y Ernesto Acero Cadena, en la ciudad de Armenia.
En enero el Juzgado Penal del Circuito de Valledupar profirió sentencia absolutoria en el caso por el homicidio, en septiembre de 1999, del periodista Guzmán Quintero Torres, a favor de Jorge Eliécer Espinel Velásquez y Rodolfo Nelson Rosado, presuntos autores materiales. El 20 de enero, el mismo juzgado, dictó sentencia absolutoria a Libardo Prada Bayona, acusado como autor material del asesinato de la periodista Amparo Leonor Jiménez en agosto del 98. En ambos casos, los fiscales y el Ministerio Público apelaron la decisión de la juez y se espera que se pronuncie el Tribunal Penal de Valledupar, ciudad donde ocurrieron los homicidios.
El 30 de enero, el subdirector del periódico La Patria, Orlando Sierra Hernández, fue baleado por un sicario cuando se encontraba con su hija de 19 años frente a las instalaciones de su periódico. El periodista falleció 48 horas después y su muerte suscitó una enérgica protesta de todos los medios de comunicación, siete de los cuales emprendieron una investigación conjunta para detectar la autoría material de este crimen. El mismo día del asesinato fue detenido su autor material Fernando Soto Zapata. Las autoridades investigan la autoría intelectual y los primeros indicios apuntan a una coalición de políticos locales a los que Sierra había criticado duramente en sus columnas.
El mismo 30 de enero, las FARC hicieron estallar un carro bomba con 30 kilos de dinamita en la parte posterior de la sede de Caracol Noticias, en Bogotá. Una semana antes, la agrupación guerrillera había pedido al Gobierno quitar la licencia a los medios de comunicación que "promuevan el paramilitarismo".
En febrero vuelve a salir del país la periodista Claudia Gurisatti, directora del programa de opinión "La Noche" del canal RCN. En un comunicado, RCN informó de que la periodista tuvo que abandonar el país por razones de seguridad en la medida en que se habían intensificado las amenazas en su contra. El 30 de enero del año pasado, por las mismas razones, Gurisatti había abandonado el país. Por ese caso, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, dictó en mayo del 2001, medida de aseguramiento contra tres presuntos miembros de las FARC, encargados de cometer el crimen. Estas personas siguen privadas de libertad.
La Fiscalía General de la Nación rechazó la solicitud de la parte civil de mantener abierta la etapa investigativa en el proceso por el asesinato de Jaime Garzón, hasta tanto no se practicaran nuevas pruebas. La Fiscalía cerró la etapa de investigación y continúa ahora el trámite en el que procederá a calificar el mérito de la investigación. Acusará a los sicarios capturados y a los paramilitares de ser los autores materiales e intelectuales, descartando la posible participación de militares en servicio activo en el crimen.
Las FARC retuvieron al periodista Christian Miller, corresponsal de Los Angeles Times en la vereda El Currillo, en la frontera de los departamentos de Putumayo y Caquetá. Fue dejado en libertad después de 24 horas.
Tras una petición expresa del candidato presidencial Horacio Serpa, el Gobierno nacional pidió a la OEA enviar una comisión para monitorear la información electoral. La solicitud dice que: "el alto índice de audiencia de los medios privados de comunicación representa un riesgo para la objetividad del electorado, en caso que aquellos no cumplan estrictamente con su deber de informar de manera imparcial y equitativa sobre las campañas políticas, razón por la cual un control adicional en este aspecto promueve un efectivo equilibrio informativo".
A raíz del rompimiento de los diálogos con las FARC, los periodistas Efraín Jiménez de RCN Radio; Alfonso Altamar (independiente) y María Luisa Murillo, corresponsal de El Tiempo; que venían trabajando en la zona de despeje, expresaron temor por lo que pudiera pasarles con la nueva situación. En diciembre del año pasado, estos periodistas fueron víctimas de un retén de paramilitares precisamente cuando iban a Bogotá para reunirse con el relator de Libertad de Prensa de la OEA. El Comité de Protección de Periodistas otorgó medidas de protección a los periodistas.
Durante la semana posterior a la ruptura de los diálogos con las FARC, el Ejército colombiano impidió a varios periodistas de medios nacionales y extranjeros, el acceso a la antigua área de despeje, donde se realizaba los diálogos del Gobierno y las FARC. El Comandante de la XII Brigada Militar argumentó que la medida de impedir el ingreso de la prensa era para garantizar su seguridad debido a los bombardeos que estaba realizando la Fuerza Aérea en la zona.
El periodista de 65 años, Arnulfo Sánchez, propietario de la emisora Ecos de Combeima, fue secuestrado por las FARC en el Tolima. Se trata de un secuestro extorsivo.
A fines de febrero, las FARC atacaron las instalaciones de comunicaciones en Pitalito Huila, afectando las redes de transmisión de la emisora local. En el municipio de Acevedo, también en el Huila, se robaron los equipos de transmisión de la emisora comunitaria Onda Zero. Al día siguiente el periodista Divier Alexander López, vinculado a la emisora, salió de la región por temor. La emisora suspendió sus emisiones.
En marzo llega a diversos medios de comunicación un sufragio en el que se amenaza y sentencia a muerte a siete periodistas: Carlos Giraldo, de RCN; Julia Navarrete, de Caracol; Marilín López, de NTC; José Antonio Jiménez, de TV Hoy; Jairo Lozano, de El Tiempo; Hernando Marroquín, de Caracol Radio, y Jairo Naranjo, de RCN Radio. El sufragio decía: "ustedes tienen 72 horas para volarse del país. Si no lo cumplen serán objetivo militar ustedes y sus familias. Los estamos espiando y sabemos donde viven. Comando Muerte."
El Comité de Protección de Periodistas y el director de Derechos Humanos de la Policía asumieron el caso y aprobaron escoltas para los periodistas. A las 24 horas, el periodista deportivo del periódico El Tiempo, Mauricio Bayona, recibió repetidas amenazas contra su vida tras columnas suyas contra la dirigencia del fútbol profesional.
Todas estas amenazas provendrían de la mafia del narcotráfico.
