Estados Unidos

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ESTADOS UNIDOS Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 En los últimos seis meses se han registrado señales preocupantes en el frente de la libertad de prensa, pero también algo de progreso. Aún queda mucho trabajo por hacer. Uno de los acontecimientos más sorprendentes en las semanas recientes es el fallo de un juez de distrito en Washington que ordena a la ex reportera del USA Today, Toni Locy, el pago de multas hasta por 5.000 dólares diarios por rehusarse a revelar las fuentes confidenciales en sus informes sobre los ataques con ántrax ocurridos en el 2001, contra organizaciones noticiosas y oficinas legislativas. Ese fallo no tiene precedentes porque también prohíbe a su ex empleador, o a cualquier otra parte, entregarle reembolsos por su labor reporteril. Un panel en un tribunal de apelación bloqueó temporalmente la imposición de las multas, hasta que puedan escucharse los argumentos de los abogados de Locy en cuanto que la citación de desacato a la corte dictada por el magistrado no fue bien fundamentada. Un caso similar se encuentra pendiente contra el ex corresponsal de CBS News, James Stewart, por sus reportajes sobre el científico Steven Hatfill. Los abogados de Hatfill, quien fue señalado como “persona de interés” en relación a los ataques con ántrax por el entonces fiscal general John Ashcroft, están tratando de obtener el testimonio de Locy quien ahora es docente de la Universidad de West Virginia. La periodista sostiene que ella no puede recordar cual de sus fuentes en el FBI o en el Departamento de Justicia le entregó información sobre dos historias que ella escribió sobre Hatfill quien, a su vez, está demandando al gobierno por haberlo nombrado en la investigación. También en febrero, un gran jurado federal en Virginia emitió una citación al reportero de The New York Times, James Risen, para obligarlo a revelar las fuentes confidenciales utilizadas en su libro “Estado de Guerra” que fue publicado en el 2006 y que trata sobre la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En el 2006, Risen ganó el Premio Pulitzer por sus reportajes en el Times que dieron a conocer los programas del gobierno federal para realizar espionaje electrónico sin autorización judicial. El gran jurado desea obtener información de Risen sobre un capítulo en su libro que se refiere a un viejo plan de inteligencia en Irán. Con este panorama de fondo, la presidenta de la Sociedad de Periódicos de Estados Unidos (NAA), Sue Clark-Johnson, recientemente escribió que “la libertad de prensa se encuentra bajo el ataque del gobierno federal, del poder judicial y de una amplia gama de influencias políticas. Se necesitan leyes que la protejan”. Mientras en la Cámara de Representantes se aprobó por abrumadora mayoría una ley protectora en octubre, la larga lucha prosigue para que el Senado apruebe una legislación similar. La ley, también conocida como el Acta de Libre Flujo de la Información, daría protección federal a periodistas a los que abogados y fiscales federales les pidan identificar a sus fuentes confidenciales. Los últimos casos muestran una tendencia creciente entre el gobierno federal y abogados privados a forzar a los periodistas a que revelen sus fuentes. En los últimos años, más de 40 reporteros y grupos de medios han sido citados judicialmente o interrogados sobre sus fuentes confidenciales, sus apuntes y otros aspectos de su trabajo dentro de tribunales federales. La Comisión Judicial del Senado aprobó un compromiso en torno a una ley escudo que otorga protección limitada a reporteros y, a la vez, trata de satisfacer a aquellos que creen que en algunos casos de preocupaciones por la seguridad pública se debe obligar a testificar a los periodistas. Pero uno de los grandes obstáculos sigue siendo la oposición del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la amenaza de un veto presidencial debido a consideraciones sobre seguridad nacional. En el lado positivo, el presidente George W. Bush promulgó el Acta de Gobierno Accesible el 31 de diciembre, una de las más importantes victorias legislativas en años recientes para los defensores de un mejor acceso a los archivos gubernamentales. La Sociedad de Editores de Periódicos Norteamericanos calificó la ley como “un reparo crucial a una ley esencial”. La nueva ley fortalece a la actual Ley de Libre Información al requerir a las dependencias gubernamentales que respondan a pedidos del público dentro de un plazo de 20 días y con la creación de un sistema para que los medios de prensa y el público puedan dar seguimiento a sus solicitudes. No obstante, una disputa ha surgido en torno a un aspecto clave de la ley que el presidente Bush ahora está tratando de modificar. La nueva ley crea una oficina que operaría como ombudsman en caso de conflictos a causa de la Ley de Libre Información, pero el presidente quiere que esa entidad se ubique dentro del Departamento de Justicia. Las organizaciones de prensa y otros críticos se oponen esa propuesta en base a que el Departamento de Justicia a menudo defiende a entidades que buscan mantener los archivos en secreto, lo que es visto como un conflicto de intereses. Por su parte, a mediados de marzo la Sociedad de Editores de Periódicos concluyó otra exitosa campaña por el libre acceso a la información. El objetivo de la campaña, apoyada por 500 organizaciones noticiosas, es enfocar la atención de la ciudadanía en la importancia de las leyes sobre libertad de información y la necesidad de un gobierno accesible. Avisos especiales, tanto en inglés como en español, están siendo ofrecidos a los periódicos para que promuevan esas libertades. En otros acontecimientos, una coalición de periodistas del área de la Bahía de San Francisco prosiguió con su labor de examinar las circunstancias en que ocurrió el año pasado el asesinato del editor del Oakland Post, Chauncey Bailey Jr. Un sospechoso se encuentra bajo arresto y, según informes de prensa, ha declarado que disparó a Bailey por las historias que había escrito e iba a seguir escribiendo. El llamado Equipo del Proyecto Chauncey Bailey está tratando de determinar si hay más personas involucradas en el asesinato del periodista. El caso del fotógrafo de AP, Bilal Hussein, detenido por militares estadounidenses en Irak desde abril del 2006, ha levantado interrogantes sobre el debido proceso y la aplicación expedita de la Justicia. Hussein sigue encarcelado sin recibir cargos formales. Tampoco se han presentado evidencias que demuestren su participación en delitos. El ejército sostiene que tiene vínculos con insurgentes y que tenía conocimiento por adelantado de un ataque contra fuerzas estadounidenses. Sin embargo, la Associated Press realizó su propia revisión minuciosa del caso y no encontró evidencia que sugiera una mala actuación de su parte o algo impropio. En diciembre, Hussein se enteró por primera vez sobre los cargos durante una audiencia secreta. Según AP, al fotógrafo y sus abogados les fue negado el acceso a una copia de los documentos utilizados contra él durante la audiencia, aunque la habían solicitado para poder preparar su defensa. El juez también les ordenó no decir nada más sobre la audiencia. Por otra parte, la cobertura periodística de audiencias militares a sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo sigue siendo problemática Un veterano reportero que por muchos años ha cubierto las noticias desde esa base militar estadounidense en Cuba afirmó que el Pentágono “ha influido en las comisiones militares para que no difundan informes y, en algunos casos, fallos y apelaciones, dejando a los reporteros a menudo en estado de confusión por la negociación de acuerdos en ciertos casos al margen de los procedimientos judiciales”. Información sobre un nuevo campamento para prisioneros fue retenida por un año. Portavoces militares en Guantánamo generalmente no ofrecen respuestas a las preguntas sobre lo que allí sucede.

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