Nicaragua

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NICARAGUA Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 La libertad de prensa en este semestre se vio afectada por agresiones contra periodistas y medios de parte del oficialismo. Asimismo, un hecho importante lo representa la publicación el 9 de enero por parte del presidente Daniel Ortega del reglamento de la “Ley de Acceso a la Información Pública”, lo que pone dicha ley en vigencia. Sin embargo, aún no se han formado las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP) como establece la ley y no se cuenta con presupuesto para tal fin. Entre otros hechos destacados, la Corte Suprema de Justicia sigue sin fallar recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde el 4 de abril de 2002 contra la ley creadora del Colegio de Periodistas. La Corte Suprema de Justicia tampoco se ha pronunciado sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado el 7 de Julio de 2005, por representantes de varios medios de comunicación en contra de una reforma a la ley tributaria que, con el pretexto de regular, reformaba el mandato constitucional que exonera de impuestos a los medios de comunicación. Las bancadas de los tres partidos de oposición que prometieron reformar la ley impositiva en este punto, aún no lo han hecho y el proyecto de ley está en discusión en la comisión correspondiente. El 19 de diciembre de 2007, el periodista de La Prensa, Jorge Loásiga, fue víctima de una agresión al finalizar uno de los mítines que usualmente organiza el presidente Ortega, en uno de los barrios pobres de Managua, donde usualmente da a conocer decretos, acepta cartas credenciales de embajadores extranjeros y firma convenios de toda clase. Otro periodista, del canal 2 que filmaba los hechos, también fue agredido por otros sujetos de la seguridad personal de Ortega. Dos policías de la escolta presidencial que estaban en el lugar esposaron a Loáisiga y pretendían arrestarlo, pero por una orden posterior dejaron en libertad al periodista. El 7 de enero representantes de La Prensa se reunieron con miembros de la jefatura de la Policía Nacional y discutieron medidas para evitar incidentes como el ocurrido con Loáisiga. La jefa de la Policía, Aminta Granera, declaró que se diseñarían normativas para mantener los controles necesarios pero para también evitar este tipo de incidentes. Por otra parte, una gran preocupación ha causado el régimen de convivencia familiar (casa por cárcel) otorgado a William Hurtado, ex oficial de la policía de la Seguridad del Estado en la década del primer gobierno sandinista, quien asesinó al periodista Carlos Guadamuz el 10 de febrero de 2004. Guadamuz había sido un colaborador muy cercano al presidente Ortega, pero luego y hasta su asesinato un durísimo crítico del mandatario y de sus demás colaboradores. El régimen de convivencia familiar le fue concedido a Hurtado supuestamente por razones de salud. El 19 de abril de 2004 Hurtado fue condenado a 18 años de cárcel por matar a Guadamuz y a tres años y medio por intento de asesinato contra el hijo del periodista, quien lo acompañaba en ese momento. También se intentó liberar a Eugenio Hernández González, asesino de la periodista María José Bravo, del diario La Prensa, ocurrido en noviembre de 2004. Pero ese intento fue frustrado, por el momento, debido a una denuncia de La Prensa. Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, motivados por intereses políticos estarían intentando beneficiar Hernández González, un ex alcalde del partido liberal que fue condenado a 25 años en prisión, aplicándole una sentencia de homicidio culposo en vez de asesinato por la que fue condenado. El gobierno mantiene una política de secretismo y embargo de la publicidad estatal, favoreciendo a los medios que son propiedad del partido gobernante o que se han apegado a difundir las informaciones oficiales tal como se les impone. El Presidente firmó en marzo de 2007 un acuerdo con el Colegio de Periodistas para que los pequeños radioperiódicos reciban publicidad estatal, pero aún no se ha cumplido. Los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que dirige la primera dama, Rosario Murillo, están haciendo una campaña de calumnias contra Jaime Chamorro, director de La Prensa y Eduardo Montealegre, líder de la oposición ahora nombrado candidato a la alcaldía de Managua, por la más importante coalición de partidos políticos. La campaña calumniosa se origina en que Montealegre fue gerente y Chamorro directivo de un banco que, en licitación pública, adquirió bonos llamados Certificados Negociables de Inversión CENIS del Estado, para hacerse cargo de los depositantes de uno de los cuatro bancos que quebraron en un corto período entre los años de 1999 y 2000. El Estado perdió en estas cuatro quiebras 500 millones de dólares, sin embargo el banco que estuvo ligado a Montealegre y Chamorro solo recibió 50 millones en bonos y a menor interés que los otros bancos. Hace meses se está pasando un spot publicitario de Televisión y radio patrocinado por los CPC, en el que se dice: “Los CENIS fueron el robo del siglo…. Eduardo Montealegre del ALM y Jaime Chamorro de La Prensa se le robaron al pueblo de Nicaragua 600 millones de dólares… Que paguen los ladrones” y salen las fotos de los dos calumniados y las obras que supuestamente se dejaron de hacer con ese dinero. Al mismo tiempo los CPC están acusando a Eduardo Enriquez, jefe de Redacción y a Jaime Chamorro, director de La Prensa, de injurias y calumnias porque en el incidente del periodista Loáisiga, La Prensa tituló esa misma noche por error: “CPC con licencia para dar golpizas”. Las demandantes no aparecen reflejadas en lo personal - ya que no se menciona el nombre de ninguna de ellas - ni en el titular de la información lo cual invalidaría la acusación, así como tampoco lograron, en el inicio del proceso, acreditación legal alguna, lo que también es causa para rechazar la acusación, el juez es de tendencia sandinista y no oculta su interés y parcialidad, por otra parte las querellantes se les transporta en una camioneta de la secretaría del FSLN. La Prensa ofreció rectificar pero no fue aceptado.

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