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PERÚ Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 Este periodo estuvo particularmente marcado por la lucha contra la impunidad de crímenes contra periodistas, pues en el mismo se han logrado notables avances en la identificación, captura y condena de los autores materiales de los asesinatos de los periodistas Alberto Rivera Fernández y Antonio la Torre Echeandía ocurridos en el 2004 y Miguel Pérez Julca, en el 2007. Sin embargo muy poco se ha avanzado en enjuiciar a los posibles autores intelectuales de los mismos. En este sentido, hubo una controvertida sentencia emitida en el emblemático caso del periodista Rivera Fernández, el pasado 14 de noviembre, por los magistrados de la Primera Sala Especializada en lo Penal de Corte Superior de Justicia de Ucayali, Juana Tejada, Leoncio Huamaní y Pablo Lévano, quienes absolvieron por mayoría a Luis Valdez Villacorta, alcalde de la provincia de Coronel Portillo y a Solio Ramírez Garay, ex Presidente de la Sala Civil de la Corte Superior de Ucayali, de la acusación por el delito de homicidio calificado en agravio del periodista radial. La misma sentencia establece condenas de 35 años y 20 años de prisión respectivamente para el sicario Lito Fasabi Pizango, como autor material del delito y Alex Ventura Panduro, como cómplice primario y participe en la autoría material del crimen. La sentencia generó fuertes reacciones de rechazo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el inaudito hecho de que el Fiscal Superior de Ucayali, Delbo Eufracio Rodríguez Ticona, no presente un recurso de nulidad a la sentencia, pese a que en noviembre había reiterado la solicitud de 20 años de pena privativa de libertad por comisión del delito de homicidio calificado para el alcalde Valdez Villacorta y el ex magistrado Ramírez Garay, contribuyó a echar mayores sombras sobre un juicio empañado, durante los ocho meses que duró, por serias denuncias de irregularidades procesales. Si bien las gestiones realizadas por la SIP, el Consejo de la Prensa y el Instituto de Defensa Legal propiciaron que en junio la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inicie una auditoría permanente del juicio y en diciembre un proceso disciplinario contra los magistrados cuyos resultados iniciales advierten sobre infracciones cometidas, así como la separación definitiva del Fiscal Rodríguez Ticona del Ministerio Público en diciembre, preocupan que estas medidas puedan resultar extemporáneas. Esta semana el Fiscal Supremo Pablo Sánchez debe presentar una opinión, luego de analizar la solicitud de nulidad de sentencia presentada por la defensa de la familia Rivera, así como del fallo posterior de los vocales de la Corte Suprema, en cuyas manos está declarar la nulidad del juicio o ratificar la controvertida sentencia exculpatoria. En ambos casos su decisión sentará un notorio antecedente en la lucha contra la impunidad en el país. También inquieta la manera en que se vienen desarrollando los procesos judiciales en torno a los crímenes aún impunes contra tres periodistas. En una decisión controvertida el 31 de octubre del 2007 la Sala Penal Nacional declaró nula la denuncia que la Fiscalía especializada en Derechos Humanos de Ayacucho presentó, en el 2006, contra el ex jefe del Comando Político Militar Ayacucho, general Adrián Huamán Centeno, y el Jefe de la base contra subversiva de Huanta, Augusto García del Barco, por delitos de lesa humanidad, entre ellos, la desaparición del corresponsal del diario de La República Jaime Ayala Sulca. El Tribunal estableció que la Fiscalía no cumplió con precisar las acciones y cargos específicos que se imputan a dichas personas en las desapariciones y asesinatos denunciados, por lo que le solicitó ampliar sus investigaciones y formular una nueva denuncia. Actualmente, el caso se encuentra en la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Ayacucho a cargo del Fiscal Andrés Cáceres Ortega. Por otro lado, la captura en septiembre del prófugo Moisés Julca Orrillo sindicado como el autor material del asesinato, en Ancash, de Antonio La Torre Echeandía presenta una nueva oportunidad para que la justicia condene a los responsables de la muerte del periodista ocurrida en febrero del 2004. El crimen había quedado impune luego que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú exculpó por falta de pruebas y ordenó la libertad del alcalde de Yungay, Amaro León León, Marino Torres Camone y Pedro Angeles Figueroa, sentenciados a 17 años de prisión por la Corte Superior de Ancash. Es por ello importante la decisión de los magistrados de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Ancash de citar, en el proceso que se inició en octubre contra Julca Orillo, al ex alcalde Amaro León León y a otros doce involucrados en calidad de testigos. En abril se iniciará el juicio por el asesinato del periodista Miguel Pérez Julca ocurrido el 17 de marzo del 2007, en Jaén, Cajamarca, según confirmó en días pasados el presidente de la Sala Mixta Descentralizada de Jaén, Miguel Ángel Lozano Gasco. Con la captura el 27 noviembre del sicario Nazario Coronel Ramírez, quien confesó ante las autoridades policiales su participación en el asesinato, por encargo de Juan Hurtado Vázquez suman cuatro los detenidos por la muerte del director del programa El Informativo transmitido por Radio Éxitos: Juan Hurtado Vásquez, presunto autor intelectual del crimen y su conviviente Yolanda Sampértegui Campos, coordinadora de la ONG Centro de Promoción de los Derechos del Niño (CEPRONAM) a quien Pérez Julca había denunciado periodísticamente por supuestas irregularidades en el manejo de donaciones provenientes del extranjero; así como Elvia Linares Mendoza y Dilmer Cavada Valdivia, acusados de complicidad para cometer el delito. El presunto autor material del crimen, Sabino Sánchez Ayala, alias "Chino Ayala", continúa prófugo de la justicia. En lo positivo, en febrero, la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, ratificó la sentencia emitida en octubre por la Sala Penal Nacional, que condenó a Víctor Fernando La Vera Hernández y Amador Armando Vidal Sanbento a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, por el asesinato del corresponsal de Caretas en Ayacucho Hugo Bustíos Saavedra ocurrido el 24 de noviembre de 1988, cuando se dirigía a recabar información sobre un atentado terrorista cometido en Huanta. Por otro lado, es motivo de creciente preocupación el aumento en el número de casos de periodistas que han sido victimas de violentas agresiones acompañadas de amenazas de muerte como consecuencia y en represalia por sus denuncias periodísticas que involucran a autoridades regionales y locales. Destaca, entre estos el caso, sucedido en noviembre, del periodista José Ramírez, colaborador del diario La Primera, quien denunció haber sido emboscado cuando regresaba de una comisión, en la carretera del distrito de Wari, departamento de Ancash, por el alcalde distrital, Edward Vizcarra Zorrilla y un grupo de regidores y guardaespaldas del municipio quienes disparando tiros al aire lo obligaron a detenerse en una zona solitario. Ramírez señala que armados, bajaron de dos camionetas oficiales cinco personas y el alcalde quienes procedieron a agredirlos El periodista, quien denunció el ataque ante las autoridades policiales, es un acérrimo crítico del alcalde y reiteradamente ha denunciado irregularidades en la administración edil. El burgomaestre se defiende afirmando que el incidente se produjo en circunstancias en que el periodista y sus acompañantes realizaban pintadas contra su gestión. Asimismo el ataque contra el periodista Pedro Mamani Zela, conductor del Noticiero Sudamericano, de Radio Sudamericana en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno, quien fue amenazado de muerte por tres encapuchados que irrumpieron en la cabina mientras transmitía su programa amenazando con matarlo a él y su familia si continuaba criticando al presidente regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán. Y en febrero, el periodista de radio MRB, de la ciudad de Yurimaguas, departamento de Alto Amazonas, John Isuiza Inhuma fue amenazado de muerte vía telefónica mientras desconocidos disparaban hacia el interior de su casa adonde se encontraban su esposa e hijos. Hechos más sobresalientes en este período: El 23 de octubre de 2007, el periodista Carlos Monja Timaná, del diario El Ciclón, del distrito José Leonardo Ortiz, región Lambayeque, fue agredido física y verbalmente, mientras realizaba una entrevista en la vía pública, por María Yarlequé Chávez, regidora municipal a quien había denunciado por supuestas irregularidades relacionadas a un viaje oficial. Ese mismo día Salomón Valles, conductor del programa periodístico La Voz del Nauta que transmite Radio Anaconda, en la ciudad de Nauta, región Loreto, fue agredido por Teófilo Navarro Do Santos, hermano del alcalde de la provincia de Loreto, René Navarro Do Santos, a quien el periodista había denunciado por irregularidades en la gestión municipal. Armandina Casafranca, administradora de Radio Panorama, de Andahuaylas, región Apurímac, denunció que el 28 y 29 de octubre desconocidos amenazaron vía telefónica con destruir la antena de la radioemisora, ubicada en un terreno cuya propiedad es objeto de una disputa judicial entre la Radio y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Casafranca responsabilizó al alcalde Manuel Molina, quien durante una entrevista realizada el 23 de octubre amenazó con utilizar la fuerza para ingresar al terreno. El 11 de noviembre, José Ramírez, colaborador del diario La Primera, denunció haber sido emboscado el mismo día en la carretera del distrito de Wari por un grupo de funcionarios de ese municipio, entre los que, según Ramírez, se encontraba el alcalde, Edward Vizcarra Zorrilla. El periodista es crítico respecto a la gestión del alcalde, a quien ha denunciado más de una vez por presuntos actos de corrupción. El 14 de noviembre, el periodista John Rupay Machaguay, del programa periodístico La Verdad en la Noticia, que transmite Radio FM 98, en el distrito Mariano Dámaso Berún, región Huánuco, fue agredido físicamente y amenazado por el gerente de la Municipalidad, Gustavo Sotomayor Quipusco, quien intentó arrebatar al periodista documentos que, supuestamente, comprometen al alcalde del distrito, Freddy Fernández, en actos de corrupción. El 16 de noviembre, Mayra Azán Mestanza, reportera del programa La Voz de la Calle, que transmite Radio Arpegio Mix, en el distrito de Punchana, región Loreto, fue agredida físicamente por un grupo de manifestantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil (STCC), mientras cubría una protesta del gremio desde el interior de la Municipalidad Distrital de Punchana. El 23 de noviembre, Alejandro Espinoza y Walter Anaya, corresponsales de la televisora América TV en la localidad de Sihuas, región Áncash, fueron golpeados y amenazados de muerte por un grupo de familiares del abogado Luciano López Espinoza, acusado de violar a una menor de edad. El incidente sucedió cuando los periodistas grababan el traslado del acusado a la cárcel local. Los familiares del detenido arremetieron contra los periodistas, los golpearon, intentaron quitarles sus videograbadoras y los amenazaron de muerte. El 24 de noviembre, Danilo Bautista, conductor del programa El Informativo del Medio Día, que transmite Radio California, en el distrito de Nueva Cajamarca, región San Martín, fue agredido por dos hombres armados, quienes lo encañonaron. El 2 de diciembre, los periodistas Ángela Aquino y José Arce de Radio Marañón, y Marco Gonzales, camarógrafo de Nodalma TV, en Jaén, región Cajamarca, fueron amenazados y agredidos por un grupo de profesores de la autodenominada Comisión Nacional de Reestructuración (CONARE), que pertenece al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). El 15 de diciembre, Ranforte Lozano y Segundo Ramírez, periodistas de Radio Aucayacu, y Novel Pandero y Cirilo Velásquez, periodistas de Radio Luz, en la ciudad de Aucayacu, región Huánuco, fueron amenazados de muerte por presuntos integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso, quienes dejaron volantes en la Municipalidad, advirtiéndoles que no salieran de sus casas si no querían sufrir las consecuencias y acusándolos de ser corruptos e infiltrados de la policía y las Fuerzas Armadas. El 19 de diciembre, Rosario Orihuela Laus, productora del programa Al Rojo Vivo, que transmite canal 4 de la región Huánuco, denunció haber recibido, en su celular y correo electrónico, más de quince amenazas de muerte. El 6 de enero de 2008, Antonio Azalde, director del diario El Guerrero de la ciudad de Casma, región Áncash, recibió una amenaza de muerte y fue agredido en el rostro por José Salazar Mezarina, guardaespaldas del alcalde de la provincia de Casma, Luís Lomparte Monteza. El 31 de enero, el periodista sufrió un accidente en su motocicleta, después de que –según dijo– unos sujetos aflojaran los pernos de las llantas. Azalde no descarta que la agresión haya sido en represalia por un artículo publicado el mismo día sobre la detención del cuñado de Salazar Mezarina, Wilson Valcázar Piña, acusado de vender drogas. El 20 de enero, Román Tenazoa Secas, director y conductor del programa Tribuna Libre, que transmite Radio Súper FM, en la ciudad de Aguaytía, Región Ucayali, fue abaleado desde un auto por cuatro sujetos mientras se movilizaba en su motocicleta. Los atacantes lo dieron por muerto al verlo caer del vehículo, pero Tenazoa resultó ileso. El periodista apoyaba la revocatoria del alcalde de Aguaytía y criticaba el programa de Desarrollo Alternativo contra las Drogas en la zona. El 23 de enero, el periodista Miguel Rojas Panduro, camarógrafo del Canal 27 del distrito de Maquía, en la Región Loreto, fue perseguido y amenazado con armas de fuego por cuatro funcionarios de la Municipalidad Distrital de Maquia. El 8 de febrero, el periodista Pedro Mamani Zela, conductor del espacio periodístico Noticiero Sudamericano, que transmite Radio Sudamericana en la ciudad de Juliaca, región Puno, fue amenazado de muerte por tres sujetos encapuchados que irrumpieron en su cabina. Según Mamani, uno de los agresores portaba un revólver, y le advirtieron que si no dejaba de criticar al presidente regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, lo matarían. El 16 de febrero, Harold Chota Sánchez, editor del diario Ahora, de la ciudad de Bagua Grande, capital de la provincia de Utcubamba, región Amazonas, denunció que el ex funcionario de la municipalidad de Utcubamba Almester Altamirano Montenegro atacó la sede del medio, destruyendo a pedradas las ventanas de las oficinas. El periodista señaló que el atentado se debería a que el agresor fue denunciado por el diario de actos de corrupción cuando laboraba en el municipio, por lo que fue destituido junto a otros dos funcionarios. El 16 de febrero, Jaime Antonio Fernández Barreto, conductor del programa radial En Directo, que se transmite por Radio Elite 104.1 FM, en la provincia de Huaral, región Lima, fue atacado por el regidor Maximandro Bustamante Portaly, y el contador del municipio distrital de Pacaros, Víctor Campos Zapata. El periodista no descarta que la agresión se deba a las críticas e investigaciones que realiza a la gestión del alcalde del distrito, Arturo Sarmiento Verástegui. El 20 de febrero el reportero Carlos Vargas y el camarógrafo Víctor del Castillo, del Canal 19 de la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto, fueron detenidos por el capitán de la policía Luis Sandoval, mientras grababa a otros dos policías que dormían dentro de un patrullero durante su turno de vigilancia en una cárcel. Tras estar detenidos dos horas, el comisario Óscar Cortez se disculpó con los reporteros y los liberó. El 5 de marzo de 2008, Henry Bautista Alvarado, periodista del programa Sin Pelos en la Lengua que se trasmite por radio Las Vegas FM, en la ciudad de Casma, región Áncash, fue insultado y golpeado por el alcalde Simón Balbuena Marroquín, al preguntarle sobre el pedido de revocatoria en su contra presentado por un grupo de ciudadanos.

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