Uruguay

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URUGUAY Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 El periodismo y la libertad de prensa son ejercidos libremente, aunque en el marco de un ambiente continuo de hostigamiento gubernamental contra medios y periodistas críticos, independientes e, incluso, oficialistas. También persiste una legislación que, al prever penas de prisión para los llamados “delitos de comunicación”, provoca fallos judiciales contrarios a la libertad de expresión. Se registró una quincena de ataques verbales contra la prensa por parte del Vicepresidente del país, cinco ministros de Estado, tres senadores del gobierno y otros dirigentes del oficialismo, así como de la Dirección Nacional del gobernante Frente Amplio. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, involucrado junto con su hermano y secretario privado Gonzalo Nin Novoa en un caso de presunto tráfico de influencia en negocios con las Fuerzas Armadas, dijo ser víctima de “una campaña de ensañamiento” contra su persona. Su hermano denunció penalmente a un diario y a un semanario por haber informado sobre el asunto. La secretaria del Interior, Daysi Tourné, manifestó su “rabia” porque la prensa no informa sobre lo que ella juzga prioritario, protestó que los reporteros ejerzan un periodismo “inquisidor” y “agresivo” y preguntó públicamente: “¿Dónde está el límite?”. A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, afirmó que los medios de comunicación uruguayos “no son democráticos”, “controlan” a la opinión pública y propuso modificar “el sistema de propiedad” de las empresas de comunicación. El ministro de Ganadería, José Mujica, expresó que “hace rato hay una campaña pensada y monitoreada para desviar el trabajo periodístico con la finalidad de ir limando el trabajo del gobierno”. Y la ministra de Salud, María Julia Muñoz, manifestó públicamente que se dedica a “investigar a periodistas” cuando cree que “alguna situación” lo amerita. Muñoz dio pruebas de ello cuando en febrero su Ministerio fue acusado de presuntos hechos de corrupción en un artículo del semanario pro gubernamental “Voces del Frente”, firmado por Daniel Feldman. Dos semanas después, la ministra le exhibió a Feldman un dossier con información sobre su vida laboral y personal. El periodista escribió luego en el semanario que durante la dictadura uruguaya (1973-1985) fue objeto de “más de un dossier” sobre su vida privada pero agregó: “ahora, en democracia, me rechina. Es más, me pregunto quién o quiénes realizaron la investigación, si fue hecha con fondos propios o del Ministerio”. El senador Carlos Baraibar acusó al semanario de izquierda Brecha de orquestar un “operativo” político para perjudicar al ministro de Economía, Danilo Astori, quien es el preferido por el presidente Tabaré Vázquez como candidato presidencial del oficialismo para las elecciones de octubre de 2009. A su turno, el senador Eleuterio Fernández Huidobro afirmó que las denuncias publicadas en la prensa sobre las presuntas irregularidades en los negocios con las Fuerzas Armadas son parte de un “complot” para “derribar” al vicepresidente Nin Novoa. El 24 de marzo el Frente Amplio emitió una declaración acusando a “los grandes medios de comunicación” de confabularse con los partidos de la oposición para atacar al Poder Ejecutivo y, también, para afectar “la independencia del Poder Judicial”, en momentos en que la Suprema Corte de Justicia se disponía a emitir una sentencia que declara fuera de la Constitución una serie de impuestos aprobados por la Presidencia. A fines del 2007, el gobierno pareció modificar su estrategia de presión sobre la prensa, al lanzar un planteo para que medios y periodistas se “autorregulen” por medio de un “código de ética”. El vicepresidente Nin Novoa, el director de Planeamiento, Enrique Rubio y el secretario general del gobernante Partido Socialista, Eduardo Fernández, promocionaron esta idea durante semanas. Fernández manifestó que se pusieran en “debate” hasta los editoriales que publica la prensa. Durante el período, una periodista fue condenada a cinco meses de prisión en suspenso por el delito de “difamación”, cuatro fueron denunciados ante jueces penales por los delitos de “difamación” e “injurias”, tres fueron absueltos en juicios civiles y penales iniciados por informaciones difundidas y uno dijo haber sido discriminado en el acceso a información por el Ministerio del Interior. Los fallos diferentes de los jueces en materia de libertad de prensa tienen su raíz en una obsoleta legislación que continúa rigiendo en el país, donde los delitos de “difamación”, “desacato”, “injurias” y “atentado contra el honor de un jefe de Estado extranjero”, entre otros, prevén penas de cárcel para quienes los cometan. Un proyecto de ley para modificar sustancialmente ese marco legal plantea derogar la figura de “desacato” y modifica sustancialmente los delitos de “difamación” e “injurias”, fue entregado al gobierno el 23 de octubre de 2007 por un grupo de expertos en materia de libertad de expresión. El Poder Ejecutivo expresó su disposición a estudiarlo con atención y, llegado el caso, enviarlo al Congreso para su consideración. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para regular el financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales, lo que motivó el 24 de octubre la protesta de las asociaciones que aglutinan a las radios por entender que la iniciativa “vulnera el derecho a la libertad comercial” y limita el derecho de propiedad, porque obligaría a radios y televisoras a emitir el 50% de la publicidad partidaria gratuita en horarios centrales de la programación y porque prevé limitaciones a la contratación de espacios publicitarios en esos medios.

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