Venezuela

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VENEZUELA Informe ante la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 El pasado informe señaló el visible rechazo de los venezolanos contra una reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez con la intención de perpetuarse en el poder. En el documento se denunció el propósito oficial de hacer desaparecer los medios de comunicación independientes, agredir e intimidar a los periodistas y eliminar la libertad de expresión e información. La mayoría del pueblo venezolano se manifestó de manera concluyente, mediante votación en un referéndum popular celebrado el dos de diciembre de 2007, rechazando la reforma a la Constitución, la reelección indefinida y las políticas hegemónicas. Sin embargo, la subordinación de todos los poderes del Estado a la voluntad del Presidente ha permitido interpretaciones constitucionales como las sentencias 1.013 en el 2001 para restringir la libertad de expresión y 1.942 del 2003 para desconocer la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión promulgada por el régimen le permite al gobierno controlar el contenido en los medios radioeléctricos. Cinco reformas le han hecho al Código Penal venezolano en los últimos siete años. En informes anteriores presentados por Venezuela ante la SIP, incluyendo la pasada Asamblea General, hemos denunciado que tales reformas permiten criminalizar la disidencia, penalizando las llamadas “ofensas” a funcionarios públicos, con graves riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión. Hace unos días el régimen planteó modificar otros 22 artículos. Una “Ley Habilitante” con vigencia hasta 18 meses, aprobada a comienzos de 2007 por la Asamblea Nacional, autoriza al presidente para asumir la función legislativa en materias específicas y promulgar leyes por decreto. Después de haber sido derrotada su propuesta de reforma a la Constitución el pasado 2 de diciembre, Chávez pretende decretar ahora leyes cuyo contenido ya fue propuesto y negado por el pueblo en el referéndum. Por ejemplo, en materia de educación, la Fundación “Casa Arturo Uslar Pietri” obtuvo documentos que forman parte de presentaciones que realizan funcionarios de Ministerio de Educación en cursos que dictan a maestros venezolanos, en los que se define como principio transversal de todo el sistema educativo del régimen “el discernimiento de la información veraz y oportuna proveniente de los medios de comunicación alternativos y de masas entendidos como instrumentos para el fortalecimiento de la democracia participativa, protagónica y corresponsable”. Los especialistas de la Fundación consideran que “este lamentable dogma impuesto por el gobierno en el sistema educativo viene a constituir un eje de enseñanza, desde la inicial hasta la secundaria, generando un evidente daño a nuestros jóvenes, tratando de desacreditar a la libertad de expresión y encerrar a la sociedad del futuro en el más terrible silencio”. El próximo 27 de mayo se cumpliría un año del cierre de Radio Caracas Televisión y el secuestro de sus equipos de transmisión por parte del gobierno. Una amenaza presidencial fundamentada en razones políticas y lanzada públicamente cinco meses antes, anunció el cierre de este canal de señal abierta y gratuita, el más antiguo y de mayor penetración nacional, hecho repudiado por la gran mayoría del país. Por otra parte, continúan las acciones y decisiones judiciales, procesos de sanciones administrativas adelantados por el régimen, así como el activismo contra el canal de noticias Globovisión. Las fallas en el otorgamiento oportuno de las divisas que por ley corresponden conforme al régimen de control cambiario a las importaciones de papel periódico, se ha constituido en un problema reiterado para la prensa. Esta situación pone en peligro la circulación de los diarios. El gobierno de Chávez niega reiteradamente a los medios no subordinados a su hegemonía el derecho de acceso a la información pública e impide a los periodistas independientes el trabajo en las fuentes y escenarios controlados por organismos del Estado. El régimen utiliza como herramienta de presión y sanción contra los medios dignos, que no se autocensuran, el nefasto e inmoral recurso de la discriminación en la asignación de la cuantiosa publicidad oficial. Se financia y con dispendio a los medios incondicionales para fortalecer lo que el régimen define como “todo el aparato de comunicaciones del proceso revolucionario”. En este sentido, otro ejemplo concluyente de discriminación es el relativo a la publicidad de la mayor empresa de comunicaciones de Venezuela, Cant TV y su filial de telefonía celular Movilnet, que fueron estatizadas el año pasado por el gobierno de Chávez. Estas empresas, importantes anunciantes, invirtieron por muchos años en publicidad en el diario Correo del Caroni. Con toda la precisión que caracteriza a este régimen en el ejercicio de sus amenazas y agresiones, al día siguiente de la estatización cesó toda la publicidad en dicho diario. En otros medios, especialmente los del gobierno, aparecieron ese día grandes avisos a colores diciendo la frase más simbólica “Ahora CANTV es de todos”. Hasta ahora el gobierno controla el 85 por ciento de las señales televisivas, 3.000 radioemisoras comunitarias y 100 portales en Internet, según estudio dirigido por el comunicólogo profesor Adolfo Herrera, decano de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. El Ministerio de Comunicación e Información gastó el año pasado para “el fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios” 3.465 millones de bolívares, más de 1.500 millones en adquisición de equipos y accesorios y 152 millones para “entrenamiento de profesionales venezolanos por expertos cubanos”. Especialistas en temas de comunicación afirmaron en febrero que “el apoderamiento de los medios del Estado por parte del gobierno para difundir un mensaje a favor del proyecto político hegemónico, la reducción del pluralismo de ideas y diversas restricciones a la libertad de expresión, son algunas de las características que en materia comunicacional ha emprendido el Ejecutivo Nacional durante los primeros nueve años del gobierno de Hugo Chávez”. De acuerdo con una investigación de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Poder Electoral, en la campaña para el referendo constitucional promovido por Chávez que se celebró en Venezuela el pasado 2 de diciembre, el 69 por ciento de la programación de radio y televisión oficiales fue a favor de la reforma propuesta por el régimen. La propuesta presidencial para una reelección indefinida de Chávez fue derrotada por el pueblo. Otros hechos sobresalientes en este período: El terrorismo judicial contra los periodistas, las demandas, acusaciones y persecuciones, han estimulado más el coraje y el compromiso profesional para cumplir con la información, la investigación y la denuncia. Desde el 4 de noviembre de 2005 dictaron privativa de libertad contra la periodista Patricia Poleo por una supuesta “autoría intelectual” en el caso del asesinato de un Fiscal del Ministerio Público, delito que no tiene beneficios procesales sino cárcel mientras dura la investigación. A Patricia Poleo la convencieron sus amigos y colegas para que saliera del país y evitara las torturas, vejaciones y atropellos que la dictadura cubana inspira en algunos perversos funcionarios. Al trabajo de los subordinados ideológicos, de conciencia y de conveniencia ante el poder, lo caracteriza la tarea de negar realidades, ocultar lo que sucede, intentar quebrar la resistencia ética de los comunicadores y los medios honestos, para evitar que la información sin mediatizaciones trascienda a la gente y que el pueblo no se entere del fracaso histórico del totalitarismo. En un comunicado del 28 de febrero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa expresó su “condena y repudio por las acciones de acoso contumaz contra los medios de comunicación y sus trabajadores por parte de sectores afectos al gobierno nacional”. Las periodistas Beatriz Adrián y Diana Carolina Ruiz, de Globovisión y Francia Sánchez de RCTV Internacional, fueron agredidas el 16 de octubre mientras cubrían una sesión de la Asamblea Nacional en el teatro Teresa Carreño. El 11 de noviembre, el periodista Jorge Eliécer Patiño y el reportero gráfico Luis Barrios, del Diario de los Llanos, en el estado Barinas, fueron golpeados por la policía mientras cubrían una manifestación frente a una universidad. Policías y civiles agredieron al periodista Elvis Rivas, de RCTV Internacional durante protesta estudiantil en el Estado Mérida el 9 de noviembre. Gustavo Azócar, periodista y conductor de un espacio en la Televisora Regional del Táchira, fue agredido frente a las cámaras en su programa matutino, el 20 de noviembre, por una diputada oficialista a la Asamblea Nacional. El reportero gráfico José Cohen resultó con herida en la cabeza y 10 puntos de sutura mientras cubría una manifestación pacífica de estudiantes que fue reprimida por la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional el 27 de noviembre. El presidente, el 5 de diciembre calificó como “excremento” al periodista Hernán Lugo García, del diario El Nacional, a raíz de la información en la que reseñó la derrota de Chávez en el referendo. El camarógrafo Carlos Toro fue golpeado y el asistente Larry Arvelo sufrió contusiones y traumatismos causados por la policía mientras cubrían para Globovisión un accidente. Activistas oficialistas agredieron al periodista Ramón Antonio Pérez durante un acto del partido Copei en la plaza Bolívar de Caracas. Un grupo oficialista motorizado atacó al periodista Hugo Morales cuando fotografiaba las agresiones contra estudiantes universitarios el 22 de enero de 2008. La periodista María Teresa Guedez, del diario La Calle, el reportero gráfico Clemente Espinoza, del diario El Carabobeño y el camarógrafo de RCTV Internacional resultaron heridos cuando grupos oficialistas violentos penetraron y destrozaron el Consejo Legislativo del Estado Carabobo el 12 de febrero de este año. En huelga de hambre se declaró la esposa del periodista José Rafael Ramírez el 14 de febrero y se encadenó a las puertas del palacio de justicia del estado Aragua, protestando contra lo que calificó como “abusos procesales” que ha sufrido su esposo. Actualmente, el periodista Ramírez está preso en la cárcel “La Planta” en Caracas, en huelga de hambre, hace un mes. Lo han sacado dos veces moribundo al Hospital Militar, lo reviven con alimento intravenoso y lo devuelven al penal, violando su derecho a ser juzgado en libertad. Activistas del oficialismo agredieron con improperios al periodista Rafael Fuenmayor de Globovisión y lo acusaron de “desestabilizador del gobierno de Chávez” porque hizo preguntas que disgustaron al grupo afecto al régimen que invadió y tomó la sede del Arzobispado de Caracas el pasado 27 de febrero. Fue prohibida la entrada de periodistas a la sesión ordinaria de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional el 29 de febrero. Cuando cubrían una concentración de encuentro por la paz el día 6 de este mes en Valencia, periodistas de los principales diarios del estado Carabobo fueron golpeados por grupos oficialistas. Dos periodistas del canal 5 de Argentina, Melina Fleiderman y Andrés Montes de Oca, enviados especiales para le gira de la presidenta Cristina Kirchner, fueron detenidos por la Guardia Nacional en las adyacencias del palacio de Miraflores cuando intentaron grabar una manifestación contra Chávez que se celebraba en las cercanías. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa dice: “A los periodistas del sector público les resulta cada vez más difícil cumplir sus labores dentro de un marco de respeto a su trabajo, a los parámetros éticos y profesionales. En un buen número de organismos los jefes superiores inmediatos de los directores de información son militares, quienes no conocen los principios básicos del ejercicio del periodismo, ni la Ley, ni el Código de Ética. Ejercen represalias cuando se formulan objeciones”. El gobierno cerró el 27 de mayo de 2007 el canal de televisión RCTV y a la vez tomaron con la fuerza militar las instalaciones y los equipos de transmisión de su propiedad. Diversas acciones legales ha adelantado la televisora agraviada, sin ningún resultado favorable. El 26 de marzo la sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia negó una medida cautelar solicitada por RCTV el 29 de noviembre de 2007 que le hubiese permitido volver a transmitir en señal abierta. RCTV informó que los tecnicismos procesales invocados en la sentencia para no entrar a considerar los hechos alegados en su solicitud no resultan aplicables en este caso y lamentó “que el Tribunal Supremo de Justicia haya perdido, una vez más, la oportunidad de reparar el grave daño que se ha hecho al pueblo venezolano con la salida del aire de nuestro canal”. RCTV explicó que esta no es una sentencia definitiva en el juicio y que perseverará en su esfuerzo para que en la decisión final el TSJ restablezca el Estado de Derecho y les restituya la transmisión en señal abierta. El canal de noticias Globovisión sigue enfrentando acciones judiciales, más procedimientos administrativos sancionatorios y otras acciones de acosamiento por parte del régimen. Ofensas y amenazas han surgido del Jefe de Estado contra Globovisión. El gobierno continúa negándole sistemáticamente la posibilidad de expansión en señal abierta, para tratar de limitar la penetración de sus mensajes, información y opinión libre. El director general del canal, Alberto Federico Ravell, calificó en octubre de 2007 como un acto de censura la suspensión ordenada por el Consejo Nacional Electoral de unos micros sobre la reforma constitucional que el organismo consideró que podrían provocar “abstención electoral”. El 31 de enero Globovisión rechazó un exhorto del organismo oficial Conatel contra los micros testimoniales denominados “Usted lo Vió”, considerados incómodos para el gobierno. Globovisión denunció el 8 de febrero pasado acoso por parte del SENIAT, ya que en horas de la tarde se presentaron funcionarios sin previo aviso exigiendo entrega inmediata de libros y extensa información impositiva. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional declaró que “respalda todas las acciones legales que organizaciones sociales y políticas emprendan contra Globovisión”. El 11 de febrero y bajo la consigna de “ahora le toca a Globovisión” , oficialistas solicitaron ante la Fiscalía General de la República investigar a ese canal supuestamente “por ofender a Chávez y tergiversar informaciones.” Tres días después grupos chavistas protestaron a las puertas de Globovisión contra las informaciones que señalan contraria al presidente Chávez, pintando consignas contra directivos de la televisora. El 16 de febrero, Globovisión denunció ante el Ministerio Público las agresiones de afectos al oficialismo en contra de ese medio de comunicación. El Ministro de Comunicación e Información insta a Globovisión el 19 de febrero a que “respete al presidente y el pueblo”, diciendo que el gobierno no tiene intención de cerrar el canal. Dirigentes del activismo chavísta declaran a Globovisión como “objetivo de la revolución” y afirman que “es una decisión de cada quien ponerle una bomba a Globovisión”. Ese mismo día, 27 de febrero, realizaron una vigilia de protesta frente al canal y pintaron consignas en las paredes de la sede. Dos días después, la asamblea del partido de gobierno analizó acciones contra Globovisión y propuso revocarle la concesión. El 4 de febrero el Ministro del Interior y Justicia acusó a medios de comunicación venezolanos de “estar colaborando con el enemigo” y de incurrir en el delito de “traición a la patria” por informar sobre el movimiento de tropas y tanques hacia la frontera con Colombia, que el presidente había ordenado públicamente por televisión. Por otra parte, el 28 de noviembre el Bloque de Prensa Venezolano emitió un comunicado denunciando el grave atraso del organismo de control cambiario --CADIVI— en la entrega de divisas para el pago a los proveedores de papel periódico en el exterior El diario Correo del Caroni dejó de circular desde 12 de diciembre y durante tres días por falta de suministro de papel por parte de su proveedor, la empresa DIPALCA, a la que el gobierno no le entrega oportunamente las divisas. El presidente del diario El Regional del Zulia, Gilberto Urdaneta, informó igualmente en esa oportunidad que el periódico tenía papel sólo para 22 días, por las mismas circunstancias. Los diarios El Impulso, Nuevo País, la revista Zeta y otras publicaciones registraron para esa fecha bajos inventarios de papel, lo que pone en peligro la circulación de los medios en corto plazo, por los retrasos del gobierno en el otorgamiento de las divisas controladas. Los diarios venezolanos viven en expectativa y con incertidumbre sobre el suministro de papel periódico y otros insumos para la prensa que no se fabrican en el país, ya que las importaciones deben ser autorizadas por la oficina gubernamental que controla el otorgamiento de divisas. El 11 de febrero el Secretario de Cultura del Estado Carabobo amenazó con bombas a los diarios El Carabobeño y Noti-Tarde, señalándoles que “deben verse en el espejo de RCTV y Globovisión” y amenazándolos con que “pueden ver sus puertas cerradas, tengan mucho cuidado con lo que van a sacar mañana.” Esta violenta advertencia del gobierno se debió al apoyo de los medios a la Bienal de Arte “Arturo Michelena”, con muchos años de tradición y organizada por el Ateneo de Valencia. Las manifestaciones culturales libres son consideradas por el régimen contradictorias con las acciones político-ideológicas que adelanta el gobierno de Chávez. Al final de la exposición de este informe, Marcos Hernández, presidente de la ONG venezolana Periodistas por la Verdad, afín al gobierno, amenazó al Bloque Venezolano de Prensa de que acudirá a la Justicia para demandar a esa institución por haber dicho que se trataría de recuperar la señal de RCTV. También amenazó a la asamblea de la SIP diciendo que si se ataca a Venezuela en la presente reunión “nosotros ya sabremos qué tendremos que hacer”.

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