México

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El balance de los últimos seis meses del ejercicio periodístico en el país revela que persiste el nivel de violencia e intimidación contra los periodistas y medios de comunicación. En este período tres periodistas fueron asesinados por razones de oficio y dos fueron desaparecidos, desconociéndose su paradero hasta el momento, mientras que siete fueron agredidos físicamente. La impunidad sigue siendo la constante en la mayoría de estos crímenes y agresiones. En este sentido, el caso de Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Sonora, es emblemático. Las investigaciones no muestran ningún avance y las autoridades no demuestran interés en esclarecerlo. El clima de violencia ha provocado que exista una peligrosa autocensura en los medios de comunicación cuando se trata de investigar y publicar temas relacionados con el crimen organizado. En algunos estados persisten las viejas prácticas de gobiernos estatales y municipales de controlar a la prensa independiente, a través de la publicidad oficial o apoyos económicos. Lamentablemente, en ciertos casos, los mismos dueños de los medios se hacen cómplices al aceptar estas prácticas y trabajar a favor de los intereses de los gobernantes en turno. Otro de los temas pendientes es el relacionado a la demanda hecha por la Sociedad Interamericana de Prensa de que los delitos sobre libertad de expresión se federalicen, además de que sean tipificados como graves y no prescriban. A continuación, otros hechos de consideración: En la última semana de octubre el director de la revista Semana Ahora, Víctor Rubén Hernández Guerrero, denunció penalmente a un empresario local por agresiones físicas y amenazas. Los hechos ocurrieron en un restaurante en la Ciudad de México donde fue interceptado, por supuestas publicaciones en su contra. El 29 de noviembre por escasa mayoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que no hubo una grave violación a las garantías individuales de Lydia Cacho, cuando se le detuvo en diciembre de 2005 por órdenes del gobernador Mario Marín. La periodista, quien radica y ejerce su oficio en Cancún, Quintana Roo, había sido arrestada luego de publicar un libro que revelaba una red de pederastía que involucraba como protector de los principales responsables al gobernador de Puebla, Mario Marín. El 8 de diciembre fue asesinado a balazos el periodista Gerardo Israel García Pimentel, del diario La Opinión de Michoacán; los hechos fueron en Uruapan, Michoacán. Cubría la fuente de agricultura y ocasionalmente la policíaca. Le dispararon 20 tiros con armas largas. El 19 de diciembre se sentenció a 23 años de prisión al autor material del asesinato del ex corresponsal de Televisa-Veracruz, Adolfo Sánchez Guzmán, ultimado a balazos el 30 de noviembre de 2006. Los hechos ocurrieron luego de que el periodista recibiera amenazas de muerte. El 7 de enero se denunció la persecución en contra de los diarios Síntesis de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Los propietarios aseguraban que se les perseguía mediante acciones fiscales a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y difamándose al presidente del grupo, Armando Prida Huerta. Los días 9 y 16 de enero el corresponsal en el estado de Veracruz del diario La Jornada, Andrés Timoteo Morales, sufrió dos sospechosos robos: En el primero le quitaron una computadora portátil y una memoria USB donde tenía archivos de investigaciones realizadas entre 2004 y 2007. Los responsables no han sido detenidos. El 23 de enero el periodista Octavio Soto Torres, conocido en Veracruz por sus críticas a las autoridades locales, fue atacado a balazos por cuatro pistoleros enmascarados en la ciudad de Panuco, Veracruz. En los hechos el comunicador resultó lesionado. El 22 de enero el periodista Edi Daniel López Zacarías fue víctima de una agresión física por presuntos militantes del PRI, en la localidad de Unión Juárez, del estado de Chiapas. En esa misma fecha también en Benito Juárez, Chiapas, los reporteros Juan Emilio Carrasco Hernández y Ruth Sansores fueron golpeados por personal de la campaña de Gregorio Sánchez Martínez, uno de los candidatos del PRI que contendió en la elección local. El 27 de enero la periodista Cecilia Vargas Simón, del diario La Verdad del Sureste, de Villa Hermosa, Tabasco, recibió amenazas de muerte en su teléfono móvil. “Ha recibido el mensaje que hemos dejado en su casa. Deje de escribir. No intente buscarnos”, le dijo su interlocutor. Pocas horas antes de la llamada, registraron el domicilio de la periodista sin robarle nada. El 30 de enero el periodista Carlos Huerta Muñoz, del diario Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, se vio obligado a salir del país tras recibir amenazas de muerte. El medio para el que trabaja decidió limitar los trabajos que publicaba por tráfico de drogas luego del hostigamiento que han recibido por sus publicaciones, presuntamente provenientes del crimen organizado. Amenazas del mismo tipo recibieron algunos medios locales, como el Diario de Juárez y el Canal 44. Desde el 12 de febrero en el estado de Michoacán se encuentra desaparecido el periodista Mauricio Estrada Zamora, del diario regional La Opinión de Apatzingán. Sus últimas publicaciones fueron temas sobre inseguridad, entre ellos un reportaje donde involucró a policías. Previamente, el 7 de diciembre, fue secuestrado también en ese estado Juan Pablo Solís, empresario de la radio y televisión y hasta el momento se desconoce su paradero. El 5 de febrero, en Ciudad Camargo, Tamaulipas, Francisco Ortiz Monroy, corresponsal del diario nacional El Diario de México, fue asesinado a balazos cuando salía del Palacio Municipal, aunque los móviles del asesinato no parecen estar vinculados a razones de oficio. El 7 de febrero fueron asesinados Bonifacio Cruz Santiago, director del semanario El Real, y su hijo Alfonso Cruz Cruz, redactor en jefe del periódico. Ambos esperaban al alcalde de Chimalhuacán, Raymundo Olivares Díaz. A pesar de que la PGR atrajo el caso, aún no se han concluido los interrogatorios y no hay indicios del móvil del crimen. El 24 de febrero pasado el reportero gráfico Gabriel Hugo Córdova, del periódico Notiver de Veracruz, acusó a Policías Federales Preventivos de haberlo secuestrado por más de cinco horas y de torturarlo física y sicológicamente. La corporación, por su lado, lo denunció penalmente por el delito de ultrajes a la autoridad.

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