Chile

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Durante este período el ejercicio de la libertad de prensa no ha sufrido tropiezos, no obstante haberse producido algunos incidentes menores vinculados a la campaña electoral que concluyó el 17 de enero de 2010. Con la renovación de todos los miembros de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, la labor legislativa se redujo notoriamente, y los proyectos relacionados con la prensa no han exhibido avances en su tramitación. El 1 de octubre el juez de Policía Local de Casablanca, localidad próxima a Valparaíso, resolvió disponer la revisión diaria de los medios de prensa escrita en esa comuna, a fin de retirar de circulación las ediciones que contuvieran publicidad electoral extemporánea en contravención a lo dispuesto por la Ley sobre Votaciones Electorales y Escrutinios. Si bien esta ley entrega a los jueces de Policía Local el conocimiento de dicha infracción y la sanción mediante multa, el juez carece de facultades para revisar los medios y retirar aquellos que infrinjan las normas sobre publicidad electoral. La reacción negativa a esa medida judicial impidió su aplicación. La Ley N° 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, publicada en el Diario Oficial el 20 de agosto de 2008, empezó a regir a partir del 20 de abril de 2009. En noviembre, al cumplirse seis meses de su vigencia, se demostró que se han producido importantes avances en materia de transparencia, pero aún existen deficiencias y una marcada brecha entre las posibilidades que otorga la ley y el uso efectivo de parte de los ciudadanos. Tal vez el problema mayor que enfrenta hoy el Consejo para la Transparencia, órgano de carácter técnico que conoce y falla las reclamaciones contra las negativas de informar de los órganos de la Administración del Estado, es la definición de los estándares de transparencia activa para las empresas públicas (Televisión Nacional, Corporación del Cobre, Banco del Estado, etcétera). Se entiende por transparencia activa la obligación de las dependencias del Estado de mantener información actualizada en sus páginas web. Una resolución del Consejo para la Transparencia obligó a Televisión Nacional a entregar detalles de los sueldos de sus gerentes, y al Servicio Civil a revelar las evaluaciones de los postulantes a los altos cargos de la Administración Pública. Ambas entidades se negaron a hacerlo, sosteniendo que sus funciones estaban fuera de la competencia del Consejo. A principios de marzo se informó que Televisión Nacional y Servicio Civil habían decidido presentar un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la resolución del Consejo para la Transparencia. Un problema adicional, y que puede limitar la acción del Consejo, fue la negativa del Gobierno de la época a aceptar la propuesta de presupuesto 2010. El Consejo para la Transparencia dictó a comienzos de febrero de 2010 dos instructivos destinados a precisar ciertos aspectos de la aplicación de la ley en lo relativo a transparencia activa, y que están dirigidos a las corporaciones municipales y a las empresas públicas. En la práctica, el Consejo dio un plazo máximo hasta el 10 de junio para dar un cabal cumplimiento a dichas resoluciones. El proyecto de ley sobre Estatuto del Periodista, patrocinado por el anterior Gobierno, fue aprobado primero por la Comisión Especial sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados y por la Sala. En segundo trámite constitucional debe ser conocido por el Senado, por lo que en la actualidad se encuentra para su análisis en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Hasta este momento no ha sido tratado. El proyecto de ley sobre delimitación del ámbito de la vida privada frente a la libertad de expresión se encontraba para su discusión en la Comisión Especial sobre Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, no obstante al concluir la legislatura anterior no se había iniciado su análisis. Como esa comisión no tenía el carácter de permanente, con el término de la legislatura y la renovación de la Cámara dejó automáticamente de existir. Un proyecto, más adelante refundido y aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, que pretendía prohibir la publicación de encuestas y sondeos de opinión en los días previos a una elección, fue apoyado por el Gobierno. Sin embargo, ésta, como otras iniciativas surgidas en períodos electorales, no logró prosperar. Como el diario La Nación, del cual es socio mayoritario el Estado de Chile, mantuvo una posición de dura crítica contra el candidato Sebastián Piñera, con su triunfo circularon los rumores de que se procedería a su venta o a su cierre. Pero las nuevas autoridades se han apresurado a afirmar que no existe la intención de desprenderse del periódico, sino de reformularlo, de manera que sea objetivo, pluralista y “permita difundir políticas públicas”. De hecho, se ha constituido un nuevo Directorio con la presencia de los cuatro miembros que representan al Gobierno.

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