Ecuador

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Durante los últimos tres meses se hizo cada vez más evidente el rechazo a los intentos oficiales de coartar la libertad de expresión, lo que se manifestó en algunas victorias democráticas momentáneas. La respuesta del gobierno, sin embargo, lejos de aceptar esos pronunciamientos fue la de redoblar aun más su ofensiva, con nuevas y más peligrosas amenazas. Los ataques se destacaron en tres frentes: Primero, el partido de Gobierno continuó con sus intentos de hacer aprobar su proyecto de Ley de Comunicación. Las discrepancias en el bloque legislativo oficialista y el rechazo de la opinión pública derivaron en que el debate se estancó por varias semanas. En los últimos días y de manera sorpresiva los asambleístas oficialistas propusieron un nuevo borrador de ley que incluye novedades importantes como la de pretender que los dueños de los medios de comunicación deban solicitar en forma obligatoria la autorización del Estado para vender sus acciones a terceros. En esta misma línea, el presidente Rafael Correa intenta aprovechar además el debate sobre la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para, mediante un veto parcial, incluir en ese texto la obligación de los medios de comunicación de rendir cuentas a los ciudadanos al menos una vez al año, apoyándose para eso en el argumento de que los medios brindan un “servicio público”. El rechazo de este veto necesita tres cuartas partes de los votos de la Asamblea. Segundo, la Superintendencia de Telecomunicaciones clausuró el canal Teleamazonas por tres días, pero en días siguientes la Corte de Pichincha, en segunda instancia, dictaminó que con esa disposición se había violado la ley y la Constitución, lo que abrió la posibilidad de que el medio exija una reparación económica al Estado. Asimismo, la autoridad de las telecomunicaciones decidió no clausurar la radio Arutam. De todos modos continúa la indagación fiscal contra los dirigentes de la radioemisora, acusados de promover la subversión. Tercero, el Gobierno continuó creando nuevos medios de comunicación. Se inauguró una nueva agencia de prensa oficial y se inició el diseño de un nuevo periódico de corte popular. Esto último provocó el rechazo público incluso de los directivos de diario gubernamental El Telégrafo, demostrando que no hay unanimidad en el oficialismo. Con estos dos nuevos medios de comunicación el régimen pasaría a controlar tres periódicos, siete estaciones de radio, cuatro revistas temáticas, una agencia de noticias y seis canales de televisión (tres de los cuales son de señal nacional abierta, dos de pago y uno de UHF). Los insultos y las ofensas del presidente Correa continuaron, casi sin variar de tono, destinando para ello de manera preferida el espacio “La libertad de expresión ya es de todos” de su programa semanal. El Presidente ha reconocido que a nivel popular se comienza a conocer dicho segmento como “la insultadera de los sábados”. Otros hechos destacados que ocurrieron en este período: El 28 de octubre Giancarlo Zunino y Félix Pilco, presidente y vicepresidente de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, son detenidos por colocar pancartas con la leyenda: "Guayaquil declara persona no grata al presidente Rafael Correa". Fueron liberados una semana después. El 3 de diciembre la Asamblea Nacional aprueba un impuesto del 12% al papel para periódicos y revistas. Eses mismo día y por segunda ocasión en este año, un artefacto explosivo detona en las instalaciones de Teleamazonas. El 8 de diciembre se transmite una cadena nacional del Gobierno en la que se ataca a los periodistas Jorge Ortiz y Bernardo Abad, de Teleamazonas; Alfonso Espinoza de los Monteros y Alfredo Pinoargote, de Ecuavisa; Emilio Palacio, de El Universo, al ex comunicador Carlos Vera. Además se critica a los diarios El Comercio, Extra y Hoy, de Ecuador; El País, de España; Radio Caracol, de Colombia; y la SIP, al tiempo que se hace propaganda en favor del proyecto de Ley de Comunicación. El 9 de diciembre la Secretaría de Comunicación empieza a emitir una publicidad televisiva en donde estudiantes universitarios critican al periodista Jorge Ortiz de Teleamazonas. Una serpiente que representa a un noticiero ataca a un ciudadano desde la televisión. Una voz en off dice "¡Más respeto. Libertad de difamación no. Libertad de expresión sí!". El 12 de diciembre el presidente Correa emplaza a Francisco Vivanco, director de diario La Hora, a que demuestre que el Gobierno obliga a los medios a transmitir su programa semanal repartiendo o quitando publicidad; amenazándolo con demandarlo nuevamente. El 15 de diciembre varios jefes de bloques en la Asamblea Nacional oficialistas y de oposición llegan a un acuerdo en relación con el proyecto de Ley de Comunicación. Entre los consensos está que en la ley seguirá constando el Consejo de Comunicación e Información, que podrá suspender administrativamente programas o mensajes que afecten la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Ese mismo día el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) rescinde el contrato de concesión de la frecuencia a La Voz de Arutam, de Sucúa, Morona Santiago, con el argumento de que el medio incitó a la violencia durante un paro indígena. El 22 de diciembre la Supertel clausura Teleamazonas por 72 horas, por haber pasado una "noticia basada en supuestos" referente a la exploración de gas en la isla Puná y que pudo haber causado "conmoción social". El 9 de enero el presidente Correa llama "pasquín" a El Universo por cuestionar en un editorial los Comités de la Revolución Ciudadana (CRC). Minutos después un grupo de personas identificadas con dichos comités bloquea el ingreso al medio de comunicación en Guayaquil por varias horas. Ese mismo día la Policía detiene durante casi siete horas a Pedro Almeida, ex diputado por Sociedad Patriótica (PSP), por exhibir un cartel que dice: "Yo no te temo... ¡Bravucón!" en las inmediaciones de la cadena sabatina del presidente. El 15 de enero sentencian al periodista Peter Tavra Franco, de El Universo, a seis meses de prisión y a pagar una indemnización de $ 3.000, por la demanda de injuria calumniosa que en su contra puso Mónica Carrera (acusada de tráfico de personas que permanece fugada) por la nota titulada: 'Coyotera detenida se fugó de clínica'. El juez de primera instancia había descartado el delito y liberado de responsabilidad al periodista. El 17 de enero, desconocidos ingresan en Quito a la casa de Alfredo Negrete, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (Aedep). El lugar fue registrado minuciosamente pero lo único que sustrajeron fueron dos objetos de bajo valor. Omar Ospina, en su columna del diario Hoy cuestiona la exagerada cobertura que los medios oficiales han dado al accidente de tránsito en el cual estuvo involucrado el director de ese diario, Jaime Mantilla. Según Ospina, más de 60 segmentos de noticieros de TV en los medios controlados por el gobierno se utilizaron para cubrir el tema. El 19 de enero Carlos Rodríguez, periodista de Diario Opinión, de la ciudad de Machala, es agredido verbalmente por Antonio Jurado, director provincial de Salud, y dos guardias del lugar. La reportera del canal local Caravana TV, Maritza Castillo, reclamó por el permanente bloqueo a la prensa en dicha oficinal estatal. El 26 de enero Mauricio Rodas, director de la fundación Ethos, informa que en el año 2009 el gobierno de Correa tuvo el mayor número de cadenas nacionales de américa latina con 233. Le sigue el gobierno Chávez con 142 y en tercer lugar Ortega de Nicaragua con menos de 100 cadenas. Ese mismo día el director del diario oficialista El Telégrafo, Rubén Montoya expresa su rechazo a una orden emitida desde la Presidencia de la República, que dispone que ese medio colabore en la ejecución de un nuevo periódico popular, sensacionalista y propagandista del gobierno. El 26 de enero el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) resuelve no sancionar a radio La Voz de Arutam, propiedad de la Federación Shuar-Achuar. Sin embargo, la investigación continuará contra cuatro personas, entre ellas el presidente de la federación, José Acacho, acusados de promover violencia. El 27 de enero el presidente Correa increpa en Machala al ciudadano Carlos Julio Solano porque supuestamente hizo gestos obscenos contra el Jefe de Estado. Luego la Policía lo detiene. Correa negó ser el autor de la orden. El 28 de enero se transmite una cadena nacional oficial dedicada exclusivamente a criticar editoriales de El Universo. El 1 de febrero la Corte de Pichincha, ordena al Estado el pago de una indemnización a Teleamazonas por haber suspendido sus operaciones de manera ilegal. El 2 de febrero una nota titulada "Junta no resolvió sobre proyecto de diario popular", que debía ser publicada en la página 4 de la sección Actualidad del diario del gobierno El Telégrafo, es suspendida a última hora. El director del diario informa que desconoce quién dio la orden. La noticia se pudo leer en internet pero en la versión impresa fue reemplazada por publicidad del diario. El 11 de febrero la Dirección de Aviación Civil prohíbe todo sobrevuelo de aeronaves privadas y de aviación menor en Guayaquil, con lo cual impide que los medios de comunicación registren imágenes aéreas de la marcha convocada por el alcalde de esa ciudad, Jaime Nebot, opositor del régimen. El 12 de febrero la presidenta de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, Betty Carrillo (PAIS), pide una prórroga de 45 días para presentar el informe para segundo debate de la Ley de Medios; aunque cinco días después extendió la prórroga a 90 días. El 13 de febrero la dirigencia del Barcelona Sporting Club prohíbe el ingreso al estadio Monumental a Carlos Víctor Morales por sus críticas al presidente de dicho club en varios medios donde colabora el periodista. El 17 de febrero el Consejo de la Judicatura (CJ) sanciona con multa de $ 340 a los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Pichincha que fallaron a favor de Teleamazonas. Para tal fin el Consejo reactivó una antigua demanda que pesaba contra los magistrados en un juicio por peculado que estaba a punto de prescribir. El organismo no pudo destituir a los jueces porque no se alcanzaron los siete votos que determina la ley. El 20 de febrero el presidente Correa ataca a diario El Comercio por el editorial de ese día en que habla sobre la inclusión de Ecuador en la lista de "jurisdicciones no cooperadoras" en la lucha contra el lavado de activos. El primer mandario afirmó que ese matutino "le causa náusea" y lo llamó "apátrida". El 8 de marzo del 2010 el presidente Correa veta parcialmente la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Con el argumento de que los medios de comunicación brindan un servicio público, el Presidente pide incluirlos en la rendición de cuentas que los ciudadanos podrán solicitar una vez al año. Asimismo se obligaría a los medios a crear espacios para la formación ciudadana. Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Comunicación, propone que el Consejo de Comunicación de dicha Ley lo integren un representante del Ministerio de Educación y uno del Ministerio de Cultura entre otros bajo el argumento de que "no se pueden generar políticas públicas al margen de una estructura estatal", propuesta contraria al acuerdo entre los jefes de bancadas legislativas del 17 de diciembre. Los asambleístas deberán enviar observaciones al proyecto de Ley hasta el 5 de abril para que puedan ser consideradas para el segundo y definitivo debate, el cual aún no tiene fecha. También el 8 de marzo el periodista Jorge Ortiz lamentó las continuas interrupciones a la programación de Teleamazonas, por parte del gobierno nacional durante la hora de su informativo matutino, acusando que existe una actitud abusiva utilizando las cadenas nacionales de televisión como espacios políticos y para denigrar a las personas. El 12 de marzo el ministro Coordinador de la Politica Economica, Diego Borja, arremetio contra el diario El Comercio por un articulo referente a dudas sobre las cifras de la reserva monetaria y los inconvenientes en la concrecion de creditos y prestamos al pais. “Este articulo deberia llamarse mentiras e ignorancias de El Comercio…la persona que escribio esto es un ignorante completo, o una persona que quiere alarmar”.

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