Costa Rica

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COSTA RICA La legislación vigente y su interpretación jurídica son de nuevo la principal fuente de amenazas a la libertad de prensa. El hecho más notable del último semestre es una condena por el ejercicio puro y simple de la crítica. El 18 de agosto, el periodista del diario La Nación, Rogelio Benavides Rivas, fue condenado a 20 días de prisión conmutados por una multa a razón de 5.000 colones por día, como autor del delito de injurias por la prensa. El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José absolvió al periodista de difamación, publicación de ofensas y difamación de persona jurídica, que son los delitos acusados en la querella. Sin embargo, reformuló la acusación para condenar por injurias, que no fueron alegadas en la querella, cuya naturaleza es siempre de acción privada. Ese aspecto de la sentencia reedita el debate sobre el derecho a la defensa en estos casos, porque el acusado se defendió de los delitos imputados y no del delito por el cual fue condenado. Aunque la multa es poco significativa (unos 320 dólares) el periódico se vio obligado a pagar ambas costas del proceso penal. La nota fue publicada por la revista Teleguía, que circula en La Nación los domingos, y criticó la organización de un concurso de belleza. El querellante se mostró ofendido por el título “¿Certamen de qué?” y alegó que “induce racionalmente a pensar que lo que menos había era belleza”, lo cual “siembra dudas respecto a la calidad del evento” y es ofensivo para las participantes. Agregó que los organizadores del certamen no tuvieron oportunidad de defenderse en el texto del comentario, aunque posteriormente se les respetó el derecho de réplica impuesto por la ley costarricense. Citó, entre las frases supuestamente ofensivas, expresiones como que el certamen fue “casi una tragedia” y que le faltaron ensayos y un montaje bien estudiado. También se quejó de las referencias a “una destartalada escenografía” y un “desesperante desafuero anticoreográfico”. Por último, protestó porque el crítico dijo que el “desorganizador” del concurso se había premiado a sí mismo cuando un grupo de ex reinas de belleza le rindieron homenaje en pleno certamen. Esas expresiones, dice la querella, tuvieron la intención de ofender y dañaron el crédito e imagen de los organizadores del concurso. El 3 de agosto, el Tribunal de Juicios del Segundo Circuito Judicial de San José admitió y dio traslado a una demanda contra el periódico Al Día, aunque el caso ya fue fallado. Un grupo de encargadas de guarderías estatales formuló la demanda por una publicación en que los funcionarios a cargo del programa dieron cuenta de anomalías cometidas con fondos entregados a las guarderías, conocidas como “hogares comunitarios”. El día del debate, la demanda fue desestimada, no sólo por su mala presentación técnica, sino por desistimiento de las querellantes que no se presentaron a juicio. Aunque los asesores legales del periódico no dudan del fracaso de la nueva acción, dado que hay cosa juzgada, el caso ejemplifica la facilidad con que se accede a los tribunales para exigir responsabilidades a la prensa, sin temer siquiera una condenatoria en costas. El periódico tendrá que sufragar los gastos de una segunda defensa y sus funcionarios atender el debate para alegar la excepción de cosa juzgada. En sí mismo, ese trámite es un castigo por publicar una información de claro interés público, basada en declaraciones de los funcionarios gubernamentales que manejan el programa social. El 25 de septiembre, el periódico Extra fue demandado por el organizador de un congreso porque publicó que las cuotas solicitadas a los participantes extranjeros para hospedaje, alimentación y transporte, no fueron aplicadas a sufragar esos gastos. El querellante pide 388 millones de colones (aproximadamente 1.250.000 dólares). La información se basó en declaraciones de los extranjeros que participaron del congreso y el periódico podría verse en la necesidad de pagarles los gastos de viaje para que vuelvan al país y declaren en el juicio. Está pendiente de resolución el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenó al periodista Mauricio Herrera Ulloa al pago de 120 días-multa por cuatro delitos de publicación de ofensas, en la modalidad de difamación. El periódico La Nación también fue condenado al pago de una indemnización de 60 millones de colones (unos 99.000 dólares). Las informaciones querelladas daban cuenta de cuestionamientos hechos por reconocidas publicaciones europeas (Le Soire Ilustre, La Libre Belgique, Der Spiegel) al ex embajador honorario de Costa Rica ante la Comisión de Energía Atómica, Félix Przedborski. Los jueces consideraron que las publicaciones presentadas como prueba no acreditaban la verdad de los hechos. En otras palabras, La Nación no debió publicar que la prensa europea cuestionaba al embajador por sus vínculos con escándalos financieros destacados en titulares de los periódicos que circulan donde el señor Przedborski representaba al país. El precedente es alarmante, porque si la sentencia se mantiene, las redacciones costarricenses ya no podrán dar crédito, siquiera, a los cables de las agencias internacionales. La falta de claridad de los criterios aplicados por la Sala Constitucional al derecho de respuesta es fuente de incertidumbre para los medios, que aún no logran precisar si la respuesta debe publicarse en la misma sección donde apareció la información original, cuáles aspectos de la respuesta pueden ser excluidos por impertinentes o cómo actuar cuando una respuesta contiene términos que a juicio de los editores pueden ser injuriosos, difamatorios o calumniosos. La Sala ha resuelto casos idénticos con criterios radicalmente opuestos, lo cual desconcierta a los medios y es un eficaz mecanismo de presión para quienes desean silenciar a la prensa.

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