Ecuador

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ECUADOR La principal amenaza que enfrenta la libertad de prensa y expresión en Ecuador está en las leyes viejas que aún no han sido reformadas y en algunos proyectos de ley en el Congreso Nacional. En abril, el presidente del Congreso dispuso que los periodistas realicen la cobertura parlamentaria desde un recinto equipado con un sistema de audio, desde donde deberían escuchar las intervenciones de los legisladores. Días después, permitió el ingreso del periodismo al salón plenario, pero a la prensa escrita la ubicó en las tribunas altas, mientras que a la restante se le permitió ingresar hasta donde tradicionalmente lo hacía. Días más tarde, y luego de reclamos, la cobertura volvió a la normalidad. En agosto la comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional emitió el “informe relacionado con la denuncia del diario El Telégrafo sobre un presunto boicot publicitario del gobierno”. El informe de los legisladores se basó en los principios de la Declaración de Chapultepec para exigir al gobierno que publique en el diario sus campañas publicitarias. El gobierno había declarado previamente que no pautaba en el periódico porque éste tenía poca penetración en el mercado. En septiembre, la periodista Muriel Merino, que hacía pasantías en el diario Hoy, fue abordada por agentes de seguridad política del gobierno mientras realizaba la cobertura sobre la marcha de un grupo de movimientos sociales en Quito. Los agentes le pidieron que actúe como informante de la policía ya que habían observado que un joven le había entregado a Merino un papel en donde le ofrecían una entrevista con un el Grupo de Combatientes Populares (GCP). La periodista se negó, pero sus documentos fueron fotocopiados por los agentes que buscaban conexiones del GCP con las FARC o con el Plan Colombia. También en septiembre, un reportero gráfico del diario Hoy fue detenido durante 90 minutos por orden del director de la Maternidad Isidro Ayora, de Quito, quien le exigió que velara su película. El fotógrafo se negó. Fue puesto en libertad. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos continúa tratando de impedir que se promulguen nuevas leyes atentatorias. Entre éstas, figuran el proyecto de la Ley de Defensa del Consumidor que hacía a los medios responsables por el contenido de la publicidad pautada por los anunciantes. El Código de la Niñez y Adolescencia imponía a todos los medios difundir información diaria relacionada con los jóvenes y presentar una sección con noticias en el idioma quichua (original de los indígenas). El Art. 81 de la Constitución que dice: “El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales”. El Código de Procedimiento Penal, Art. 230, que señala que constituyen motivos de sanción por desacato: amenazas, amagos o injurias que ofendieren al presidente de la República o al que ejerza la función ejecutiva. Esto da amplio margen a las autoridades y restringe el de los periodistas y opositores. En la actualidad se discute en el Congreso Nacional si debe ser ratificada la norma que limita (hasta el 25% de acciones) la participación de extranjeros en los medios de comunicación. El Congreso también ha propuesto una ley que impide tener al mismo tiempo participación accionaria en medios de comunicación, en banca y en empresas que presten servicios públicos. En la práctica, su aplicación sería muy difícil y se considera como una limitación. La AEDEP ha presentado un texto alternativo que respeta el espíritu de la ley y a la vez no restringe la inversión en empresas de comunicación. Por otra parte, los gremios insisten en pasar una nueva ley que regule el ejercicio del periodista que restringe aún más la Libertad de Prensa y de Expresión. El abogado Jaime Toral Zalamea cursaba el cuarto año de periodismo en la Universidad Estatal de Guayaquil cuando se produjo un incidente que terminó incluso en disparos de arma de fuego. Luego de ello el Consejo Universitario resolvió expulsar a Toral por encontrarlo culpable de los hechos. Toral interpuso el Recurso de Amparo Constitucional, que suspende la resolución del consejo hasta el pronunciamiento del Tribunal de lo Constitucional. Este tribunal se pronunció en primera instancia a favor de Toral, es decir, disponiendo que vuelva a las aulas. Actualmente se discute en segunda instancia. El problema está en que Toral está vinculado con organizaciones gravemente delictivas. El incluso declara en público, como en efecto lo ha hecho, que paga los estudios de periodismo a 1.200 estudiantes. La mayoría de diarios han editorializado manifestando su preocupación por el probable fallo final del Tribunal Constitucional. Se conoce que los vocales han recibido amenazas. El 6 de octubre el pleno del tribunal negó el recurso de amparo solicitado por Toral.

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