Perú

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PERU En el Perú, el ámbito de la controversia por la defensa de la libertad de prensa traspuso las fronteras del país. Así, el tema fue materia de análisis y eventual crítica por el relator especial sobre la libertad de expresión de la OEA, el Congreso de los Estados Unidos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, el presidente Alberto Fujimori defendió la posición constitucionalista de su gobierno ante la ONU. Confirman la sombría situación de la libertad de prensa en el Perú y la consecuente preocupación internacional: la usurpación de Canal 2, que dura ya más de dos años; la opresión penal contra su propietario Baruch Ivcher, su familia y colaboradores; el retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA; los vejámenes públicos contra el director de La República, Gustavo Mohme y periodistas de ese diario; el cierre de programas noticiosos así como toda una creativa gama de agresiones e intimidaciones contra periodistas del interior del país. Si bien en el Perú se puede informar con apertura -en Lima hay más de 30 diarios- quienes publican informaciones no gratas a ciertas esferas del gobierno pueden sufrir, como se ve, consecuencias muy graves. Estos son los hechos más importantes: -Marzo: Una campaña furibunda y cotidiana -de más de cinco meses de duración- contra el director de La República, Gustavo Mohme -quien es también congresista de la oposición-y periodistas del diario emprendieron algunos medios de prensa. Ella contempló la publicación en primera plana de caricaturas y titulares con alusiones realmente vejatorias. -5 de mayo: En un drástico primer informe anual sobre la situación de la prensa en América, el relator especial sobre la libertad de expresión de la OEA, Santiago Cantón, se refirió a casos de hostigamiento contra periodistas por parte de los servicios de inteligencia. Formuló además críticas al sistema judicial sumiso al poder político que perjudica el ejercicio del periodismo. A la falta de seguridad jurídica se le suma -dice el informe- una campaña de desprestigio contra periodistas críticos del gobierno. -9 de mayo: Como réplica, el presidente Alberto Fujimori reafirmó que los "indicios de casos de hostigamiento a periodistas serán investigados", promesa que hasta la fecha no se ha cumplido. -11 de mayo: El ciudadano argentino Héctor Faisal, representante de Aprodev, entidad de pantalla constituida en Argentina que publica desde el Perú una página Web amedrentando al periodismo y a otras personalidades independientes, fue denunciado por siete periodistas por difamación e injuria. Las juezas Greta Minaya y Antonia Saquicuray emitieron dos resoluciones abriendo instrucción. Al día siguiente, la Corte Superior de Lima ordenó su cambio. Así las cosas, la Corte Superior absolvió a Faisal. Los periodistas han apelado. En el interín (27 de mayo) Faisal ha sido salvado de una extradición solicitada por un juez argentino por los delitos de coacción y amenaza. Asimismo, el gobierno ha ignorado la denuncia de una larga y esclarecedora lista de llamadas telefónicas hechas desde la oficina de Aprodev al Servicio Nacional de Inteligencia en su oficina en Las Palmas y viceversa. -31 de mayo: Aparecieron dos pasquines interdiarios -La Repúdica y posteriormente Repudioeditados por las mismas personas vinculadas a los medios que publicaban las caricaturas. Ambos guardan una burda similitud con el diseño del diario La República y se dedican a vilipendiar a Gustavo Mohme y al grupo de periodistas de ese medio. -24 de junio: La prensa independiente rindió un desagravio a Gustavo Mohme y su equipo de periodistas, rechazando así públicamente la campaña de hostilización y amedrentamiento de que son víctimas. -7 de julio: A raíz de una sentencia que ordenaba al Perú volver a juzgar a cuatro terroristas chilenos acusados de "traición a la patria" por un tribunal militar peruano, el Congreso aprobó el retiro del Perú, con efecto inmediato, de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sin embargo, con el tiempo, las sospechas iniciales se han ido haciendo evidentes: el retiro inmediato de la jurisdicción internacional podría deberse a una maniobra para dejar de cumplir, entre otros, el posible fallo que podría venir: restaurarle la ciudadanía a Baruch Ivcher y con ello el control de Canal 2. -9 de julio: Por su parte, la Corte Interamericana precisó que "es competente para conocer en el caso", -10 de julio: Sin embargo, el gobierno adelantó que no acatará la sentencia. Como consecuencia, en el futuro, los peruanos -yen forma especial los periodistas- habrían perdido, según el Estado peruano, su derecho de apelar al fuero supranacional en los casos en que sus derechos humanos sean agredidos, situación desvalida en un país en el que el sistema judicial no ofrece reales garantías según lo ha señalado la opinión pública, el foro e instituciones internacionales, entre otros. -18 de julio: El caso de Canal 2 cobró una nueva víctima: Julio Sotelo Casanova, ex apoderado del accionista mayoritario de Canal 2, Baruch Ivcher, fue sentenciado a 4 años de prisión condicional. Se le imputó responsabilidad por una supuesta transferencia irregular de veinte acciones de Ivcher en favor de dos de sus hijas. La SIP protestó por el fallo señalando que "lo que se pretende es condenar a Ivcher y a los que estén en su entorno" entre ellos, los abogados Alberto Borea y Emilio Rodríguez Larraín, este último con un proceso penal en el que se ha pedido cinco años de prisión. -4 de octubre: La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos emitió la Resolución 57 en la que expresa su preocupación, entre otros temas, por la "intimidación agresiva" de la que son víctimas algunos periodistas peruanos. Menciona en forma especial el caso de Baruch Ivcher y su familia. Más adelante, la resolución precisa que "los incidentes de acoso a representantes de los medios de comunicación se incrementaron hasta el extremo de crear la percepción de una campaña organizada de intimidación por parte del gobierno y en especial por parte de las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia". Durante este período se registraron otros incidentes que incluyeron cierre de programas por presuntas presiones políticas, amedrentamientos contra periodistas especialmente en el interior y casos judiciales varios. -1 º de abril: Diez periodistas de radioemisoras de Cajamarca fueron víctimas de amedrentamientos, amenazas y atropellos físicos. Los casos más graves ocurrieron contra periodistas de Radio Marañón de Jaén y en especial contra José Luis Linares Altamirano. Fue asaltado en su casa por dos hombres encapuchados. Luego de arrastrar por los cabellos a su novia, ataron al periodista y le dispararon dos veces, sin herirlo. La violencia se originó cuando los periodistas abordaron temas de corrupción que involucran a autoridades de la provincia. -19 de abril: Fernando Santos Rojas, director del programa "Libertad de Prensa" de Estudio 99, en Junín, denunció que personas cercanas al alcalde Arturo Durand Panez, irrumpieron en plena transmisión, destruyeron la cabina y dañaron equipos de radio. -30 de abril: Luego de denunciar intromisiones de distinto orden, incluyendo presiones políticas, César Hildebrandt, director de "Enlace Global con Hildebrandt", se retiró de Astros, empresa programadora de Canal 13. El propietario señaló que se debía a diferencias de criterios. -3 de mayo: Dejó de propalarse "La Revista Dominical", programa político que se emitía por América Televisión. Según su conductor, Nicolás Lúcar, se debió a discrepancias en la orientación política del espacio periodístico. -4 de mayo: Fueron retirados del Ministerio Público los fiscales encargados del caso del asesinato del periodista Tito Pilco Mari en Rioja. El caso, seguido muy de cerca por la Defensoría del Pueblo, ha sido reabierto y el Ministerio Público continuará las investigaciones para determinar quiénes fueron los autores. -11 de agosto: Un capitán de la jefatura político-militar de la zona ordenó a los medios de comunicación de Huancavelica, mediante el oficio Nº 189, que informen diariamente a dicha dependencia castrense de sus actividades periodísticas. Sin embargo, en expeditiva actitud, la Jefatura de Ayacucho destituyó al responsable del desatino. -12 de agosto: Carlos Manuel Rosas Matos, director del noticiario "Tigre Informa" de Radio Tigre, de Iquitos, denunció que su programa fue arbitrariamente cerrado por difundir una información del diario La República, obtenida vía Internet. En ella se acusaba de nepotismo en la Quinta Región Militar. -21 de agosto: En el Perú, la colegiación de periodistas tiene carácter facultativo, tal como consta en la ley 26937, promulgada en 1998. Sin embargo, ha habido incidentes como los siguientes: Ricardo Marino Bullón, director de noticias de Radio Señorial y conductor del informativo "Testigo de la Noticia", de Huancayo, fue inhabilitado para ejercer el periodismo por dos años así como a dos años de prisión suspendida y el pago de 30 mil soles. Se le acusó por los delitos de injuria y difamación contra la presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo. La jueza usó como argumento de su sentencia la supuesta obligatoriedad de la colegiación de los periodistas. -16 de septiembre: El ministro del Interior ordenó se denuncie penalmente al periodista de Chimbote, Hugo Meza Layza, por "ejercer el periodismo sin título profesional" y difundir información aparentemente falsa contra la policía. -28 de septiembre: El corresponsal del diario La República en Jaén, Juan Sausa Sesquén, denunció haber sido amenazado de muerte luego de participar con un equipo de investigación del diario en el descubrimiento de un presunto agente del grupo Colina, que prestaría servicios de guardaespaldas. -2 de octubre: Los editores del diario Referéndum, publicado por un grupo de ex periodistas de Canal 2, cesados a raíz de la incautación, anunciaron el cese de esta publicación crítica al gobierno. "Podemos asegurar que hay presiones", señaló Fernando Viaña, el director. Por su parte, la imprenta, que era también socia del diario, señaló que le debían importantes sumas de dinero por el papel y la impresión que le han ocasionado deudas con la Superintendencia Nacional de Contribuciones y dos bancos.

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