El Salvador

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EL SALVADOR La libertad de prensa se vio seriamente afectada con el asesinato de una periodista, la golpiza propinada a otros y señalamientos sobre actos de corrupción. El 25 de agosto, desconocidos asesinaron de un tiro en la cabeza a la presentadora de noticias de la Radio Corporación Salvadoreña (RCS), María Lorena Saravia, de 34 años. El cadáver con señales de violencia fue encontrado a unos 15 kilómetros de San Salvador. Saravia, divorciada desde hace dos años, tenía dos hijos de 6 y 8 años. Trabajaba en RCS, desde que esta radioemisora se fundó en noviembre de 1996. También fue presentadora de noticias en el canal 21 y radio cadena YSKL. Este es el primer asesinato de un periodista en la etapa de postguerra en El Salvador. Durante el conflicto que terminó en 1992, fueron asesinados más de una veintena de ellos. Si bien no hay fuertes indicios que haya sido asesinado en represalia a su labor profesional, el tribunal a cargo no ha profundizado las investigaciones y no hay capturas. La policia, por su parte, se limita a decir que siguen pistas de los victimarios de la locutora. El 27 de mayo, el Alcalde de San Salvador denunció que las administraciones anteriores otorgaban pagos equivalentes a US$46 a siete periodistas a cambio de que no publicaran noticias que dañaran la imagen del ex alcalde capitalino Mario Valiente y del presidente Armando Calderón Sol, cuando éste ocupó el cargo. Todos los periodistas negaron los señalamientos y dijeron que recibían dinero en concepto de pagos de publicidad. El alcalde llegó a la comuna el 1 º de mayo, en representación de una coalición de partidos de izquierda integrado por el FMLN, Convergencia Democrática (CD) y Movimiento de Unidad (MU). Sin embargo, la Corte de Cuentas de la República, que investigó el caso, no encontró ninguna responsabilidad de parte de los periodistas. El 6 de julio, fueron agredidos los periodistas Edwin Góngora, Miguel González y Carlos Rivas del noticiero "Hechos", del Canal 12 y Ernesto Rivas, de El Diario de Hoy, cuando trataban de entrevistar al empresario Roberto Mathies Hill, acusado por un millonario fraude que supera los mil 500 millones de colones, ocurrido en la financiera FINSEPRO e INSEPRO. El 22 de agosto, el fotoperiodista del vespertino El Diario Latino, Julio Campos, fue golpeado por vigilantes de una agencia privada cuando intentaba tomar fotografías al cantautor Big Boy, quien ofrecía un concierto. También le destruyeron su equipo. Un vigilante de El Diario de Hoy fue asesinado en las cercanías del periódico en circunstancias aún no esclarecidas. Y un par de horas más tarde, cuando no se había hecho público el hecho y únicamente la policía había identificado al malogrado joven, se recibieron en el diario llamadas en que se amenazaba de muerte al cuerpo de vigilancia. Una de las mayores amenazas a la libertad de información la plantea el Nuevo Código Procesal que incluye disposiciones que cierran el acceso de los periodistas a ciertas fases de los procesos judiciales. El argumento principal se basa en el principio de "presunción de inocencia" de los imputados. A ello hay que agregar los vicios de un sistema judicial profundamente afectado por la corrupción y la ineficiente administración de justicia. Los artículos del nuevo Código, que entrará en vigencia el próximo año, considerados como violatorios de la libertad de información, dejan a la subjetiva discreción de los jueces aplicar reserva a ciertos juicios y facultan a la policía a mantener la reserva de identidad a los capturados de delitos. El Art. 272, por ejemplo, establece: "El proceso penal será público pero el juez podrá ordenar, por resolución fundamentada, la reserva parcial o total de un caso, cuando la moral, el interés público o la seguridad nacional lo exijan". El Art. 243 prohibe a la policía presentar ante los periodistas a los capturados, porque "afecta la imagen de éstos y se viola el debido proceso". Esta práctica impide al público y a las víctimas, el econocimiento de los sospechosos y se les niega a éstos, la posibilidad de denunciar arbitrariedades cometidas en su contra. La experiencia demuestra que la exposición pública es la mejor garantía que tiene el reo de que se respetarán sus derechos y, en casos extremos, su propia integridad física. Por otro lado, el nuevo Código señala que sólo las partes (fiscales y defensores) tendrán acceso a las diligencias iniciales. Los periodistas sólo podrán tener acceso a los casos en su etapa final de juicio público, con lo que se priva a la ciudadanía del derecho de saber si se hizo "cumplida justicia".

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