Perú

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PERU Con la campaña oficial en contra de Frecuenaa Latina, Canal 2 de Televisión y el consiguiente silenciarniento de sus programas periodísticos críticos del rgimen, la libertad de prensa en el Perú se afectó en niveles que no se concebían desde la censura de los medios de comunicación, durante el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. 6 de abril - La historia del silenciamiento empieza en abril, cuando reporteros del Canal 2 lograron introducir una cámara en el Hospital Militar donde convalecía la suboficial de Inteligencia del Ejército Leonor La Rosa. Durante la entrevista furtiva, denunció que temía por su vida, tras haber sido torturada por personal de su institución. Relató que su compañera de armas Mariela Barreto había sido asesinada. La versión se confirmó cuando, días después, el cuerpo de ésta fue encontrado descuartizado. Ambas agentes habían sido sindicadas por los servicios de inteligencia como responsables de haber filtrado información hacia los medios de comunicación sobre eventuales planes militares para amedrentar y sojuzgar la prensa, así como a ciertos líderes de la oposición. Uno de los planes sería el Bermuda (léase "ver muda" a la prensa). Tras una gran presión de la prensa independiente la denuncia de Leonor La Rosa fue procesada en el fuero privativo militar -sin permitirse la acción pertinente de la justicia civily cuatro oficiales de la Inteligencia del Ejército terminaron detenidos. 6 de abril - En la misma edición periodistas del Canal 2 reportaron actos de amedrentamiento oficial. Recibieron por ejemplo, inusuales visitas de la Policía Fiscal. Ante una queja de Frecuenaa Latina, el presidente del Consejo de Ministros inició una investigación. 15 de abril - La información que recibió no fue cierta, por lo que se ordenó la baja de los oficiales que habían "visitado" el Canal. 14 de mayo - Canal 2 difundió un informe con documentación de la Superintendencia de Contribuciones que consignaba los pagos que habría realizado Vladimiro Montesinos, asesor presidencial y hombre fuerte del Servicio de Inteligencia Nacional por concepto de facturación a sus clientes en calidad de abogado. En él se infería que sólo en 1995 habría recibido como honorarios profesionales alrededor de setecientos mil dólares. 24 de mayo - La situación escaló con la publicación de un drástico comunicado del Comando y Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el que señalaban que "el ciudadano nacionalizado peruano Baruch Ivcher Bronstein, haciendo uso de un medio de comunicación, viene realizando una campaña destinada a dañar el prestigio y la imagen de las Fuerzas Armadas. Dentro de su negativo propósito, no ha vacilado en desnaturalizar situaciones, tergiversar hechos y difundir comentarios desde una oposición claramente malintencionada". También se pretendió incluir otros medios de prensa en la supuesta campaña. 2 de junio - En un afán de desprestigiar a Ivcher fue enunciado públicamente por vender annas a Ecuador. La maniobra se desmoronó al comprobarse de la falsificación de los documentos que lo incriminaban. 2 de junio - El mismo día, durante un discurso ante el pleno de la OEA reunida en Lima el presidente de la República cuestionó el comportamiento ético de la prensa, lo que fue interpretado además como una nueva presión contra el Canal 2. 11 de junio - El oficialismo en el Congreso aprobó una moción contra el programa "Contrapunto" por haber entrevistado al general Paco Moncayo, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en relación a la supuesta venta de armas a ese país por parte de Baruch Ivcher. 13 de julio en la mañana - El canal difundió un infonne en su programa matinal "Contrapunto" denunciando una masiva interceptación telefónica. El reportaje sostuvo haber obtenido información sobre 197 casos de registro de conversaciones con cintas magnetofónicas. El 600/0 de ellos correspondía a periodistas. Según el programa, las interceptaciones habrían sido realizadas por los Servicios de Inteligencia Nacional. 13 de julio al mediodia - Pocas horas después de haberse difundido el reportaje sobre la interceptación telefónica se concretó la amenaza que desde el gobierno y las FF.AA. se cernía sobre la libertad de prensa en el país. Mediante una simple resolución firmada por el coronel Víctor Huamán, director de Naturalización, órgano dependiente del Ministerio del Interior -cuyo titular es un general del Ejércitose le quitó la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher amparándose en supuestos vicios en el trámite primigenio, de trece años antes. Con esta maniobra quedaba en el limbo jurídico la legitimidad de la compra de sus acciones -en el Perú se requiere la nacionalidad peruana para ser dueño de un canal de televisión. Así, los accionistas minoritarios, de tendencia gobiernista, quedaban en facultad de tomar el control del canal. Para lograr el objetivo se hacía tabla rasa de tres principios legales fundamentales: primero, se desconocía el mandato constitucional según el cual nadie puede ser privado de su nacionalidad; segundo, que una resolución de menor jerarquía no puede enmendar a una mayor -y Baruch Ivcher obtuvo la nacionalidad peruana, como es rigor, por una resolución suprema-; y tercero de ser cierta la existencia de vicios en el proceso de naturalización trece años antes, éstos ya estaban consolidados por aplicación supletoria de los plazos señalados por el Código Civil para subsanar los vicios eventuales del acto jurídico. Resultó sintomático que ese día domingo la edición del diario oficial El Peruano donde debía publicarse la resolución fuese detenida hasta la una de la tarde. Se presume que la orden de imprimir la resolución recién fue dada cuando se constató que Canal 2 había propalado la denuncia descrita sobre la interceptación telefónica. Es importante consignar que esta medida, sumada a otras de tipo político -como la de defenestración de tres miembros independientes del Tribunal Constitucional, aparentemente porque fallaron en contra de la posibilidad de una tercera reelección presidencial -motivaron la primera marcha pública no gremial de protesta contra el presidente Fujimori. 23 de julio - Estos acontecimientos propiciaron la visita de una misión de la SIPo Las más importantes autoridades del país, incluyendo al presidente Fujimori, políticos de ambas bancadas y principales representantes de las fuerzas vivas, recibieron a la misión. La excepción fueron los altos mandos militares yel asesor Vladimiro Montesinos. Se recogió testimonio del equipo de prensa del Canal 2 y periodistas de los distintos medios. También fue visitada en la clínica la agente torturada Leonor La Rosa. La misión concluyó con una llamada al gobierno del Perú para que revirtiera "todas las situaciones que atentan contra la libertad de prensa y que se investiguen todos los ataques contra periodistas y medios de comunicación". Asimismo, "no desconoció el hecho que en el Perú los medios infonnan ampliamente sobre temas de toda índole". Luego, sorprendentemente, el juez Percy Escobar, según el parecer de diversos juristas independientes, retrasó la acción legal interpuesta por Ivcher para que se anulase la resolución que la quitaba la nacionalidad, mientras por otro lado apuraba la que les daba a los accionistas minoritarios el control del canal. 20 de septiembre - A pesar de que ninguna de las importantes denuncias propaladas por Canal 2 pudo ser rectificada, los empresarios Samuel y Mendel Winter, propietarios del 46% de las acciones, asumieron la administración provisional al amparo de una resolución dictada por la Sala Especial de Derecho Público de la Corte Superior de Lima. Este tribunal hizo público un comunicado en que aclaraba que la sentencia que en ese momento se emitía se refería a la situación accesoria, ya que la principal-la vigencia de la ciudadanía de Ivcher- todavía no se ha resuelto en instancia definitiva. 10 de octubre - Por otra parte, el fiscal superior civil de Lima, Pablo Vizalot, se ha pronunciado por la nulidad de la resolución directoral que privó de la nacionalidad a Ivcher. En cuanto al secuestro de periodistas: 01 de abril - Tres delincuentes armados con pistolas asaltaron a la editora general del diario La República, Blanca Rosales. La retuvieron por unas horas y luego la dejaron ir cuando ella les informó que era periodista. Curiosamente no le robaron el automóvil ni sus pertenencias personales. 2 de julio - Asimismo fue secuestrado por unas horas el periodista de la página política del diario Ojo, Luis Ángeles Laynes. Fue además gravemente golpeado por tres desconocidos, que tampoco le robaron nada. El director de ese diario, Luis Agois, y el director general, Agustín Figueroa, denunciaron en esa oportunidad que también habían sido objeto de presiones y amenazas atribuibles a los servicios de Inteligencia. 8 de abril- En Junín fue secuestrado, por tres encapuchados, el periodista Ginés Barrios. Momentos antes había sido golpeado por algunas personas vinculadas al Fondo de Vivienda, cuyos directivos son investigados por sobrevaloraciones en obras de electrificación. Fue liberado tras cinco días de secuestro. En cuanto a agresión a periodistas: 19 de marzo - En Tingo María tres sujetos encapuchados atacaron a pedradas al periodista Carlos Rupay, conductor del noticiario nocturno de la filial de Tingo María de América Televisión. Rupay había dado a conocer una serie de hechos irregulares que habrían cometido funcionarios de la Municipalidad de Tingo María y efectivos militares. 2S de junio - Periodistas del programa "En Persona" que dirige César Hildebrandt, fueron asaltados en Chaclacayo por desconocidos armados que los despojaron de los equipos de video. El periodista sindicó a servicios de Inteligencia como los autores del atropello. Sobre amenazas a periodistas se registraron los siguientes hechos: 07 de abril - En Huaraz personal de la Policía Nacional amenazó de muerte a cinco periodistas - Gudelia Gálvez de Radio Ancash, Carlos Miranda de Radio Periódico Contacto, Andrés de la Cruz de Canal Siete y Pedro Maguiña y Edgar Palma del diario Ya- con el objeto de evitar que informaran sobre la situación en que se encuentran ocho menores de edad en el penal de esa ciudad, donde sus madres cumplen condena por vinculos con el terrorismo. Los policías llegaron inclusive a ingresar violentamente a las salas de redacción para lograr su propósito. En las radioemisoras locales, los policías entraron revólver en mano y apuntaron a los periodistas para evitar que difundieran los testimonios de las internas del penal local. 19 de junio - El periodista César Hildebrandt, director del programa de televisión "En Persona" - quien por razones de seguridad debió salir del país durante unos meses el año pasado- denunció en el programa que se había entrevistado con un agente de Inteligencia que le había mencionado el nombre de la persona que había sido designada para asesinarlo, una mujer con siete meses de gestación. Este hecho estaría marcado dentro de las distintas acciones que las oficinas de Inteligencia habrían desarrollado para amedrentar a la prensa. En cuanto a acciones y declaraciones contra la prensa: 11 de junio - El periodista Nicolás Lúcar demandó al gobierno "parar la mano", en alusión a spots publicitarios que trasuntaban la intención de que algunos medios periodísticos aparecieran como mentirosos y como parte de la campaña de desprestigio contra las fuerzas armadas. Se sumaron al pedido periodistas y congresistas de la oposición. Sobre detención y acciones judiciales contra periodistas: 7 de junio - Un documento de puño y letra del presidente del Congreso, Víctor Joy Way, sobre el reparto de publicidad estatal fue presentado por César Hildebrandt en su programa "En Persona". Frente a la acusación del periodista de que se trataba de cuotas de publicidad que serían repartidas por el Estado a cambio de primicias, Joy Way aclaró que se trataba de una copia fotostática de su pizarra electrónica tras haber sostenido una reunión en la que se buscaba que la publicidad estatal se diese racionalmente de acuerdo con indicadores técnicos. Una sensación de preocupación y duda ha quedado sobre este tema. 17 de agosto - En Tacna, tres reporteros -Raúl Ascencios, Carlos Vargas y Rita Clemente, corresponsales de los canales capitalinos Panamericana, Frecuencia Latina y ATV- fueron detenidos y acusados del delito de contrabando, cuando se presentaron al puesto policial de la localidad de PaIca, 50 kilómetros al noroeste, para dar cuenta de que habían encontrado semienterradas ocho latas de aceite de una donación del gobierno de los Estados Unidos. Con respecto a temas legales: 18 de abril- El Congreso derogó el segundo párrafo del Artículo 317 del Código de Procedimientos Penales que permitía a los jueces aplicar este vetusto artículo promulgado en épocas de la dictadura militar que, interpretándolo desde un ángulo inconstitucional, daba pie a que el medio querellado quedase prohibido de referirse al demandante. Semanas antes había sido invocado contra el programa "Revista Dominical" por Fernando Zevallos, hoy buscado por la justicia en relación con un juicio por narcotráfico. 24 de abril - De manera totalmente apresurada el Congreso aprobó una ley que reglamenta el derecho de rectificación en medios de comunicación. La disposición fue sancionada a las cinco de la mañana. Fueron 65 los congresistas de Cambio 90-NM y Renovación que votaron a favor, 8 en contra (todos de la oposición}.Cinco se abstuvieron. 30 de abril - A los pocos días, tras escuchar los reclamos de los representantes de los principales medios de comunicación, el entonces primer vicepresidente del congreso de la República, Carlos Torres y Torres Lara, anunció que la controvertida ley iba a ser modificada con el propósito de perfeccionarla. 4 de julio - Dos meses después de aprobada la primera ley, el Congreso de la República aprobó la rectificación a la Ley de Rectificación. El nuevo texto precisa, entre otras mejoras que no proceden las rectificaciones de opiniones (réplica). 24 de septiembre - Fue presentado el Consejo de la Prensa Peruana, institución orientada a velar por el desempeño ético de la profesión y la defensa del gremio periodístico en el país. La existencia de ese Consejo determinó la preocupación de los miembros de la Comisión de Libertad de Prensa e Información por lo que ha sostenido la Sociedad en relación a este tema tal como fue incluido en el informe inicial del presidente de la Comisión. Ante ello, el vicepresidente regional precisó que "El Consejo de la Prensa acelerará su programa de inclusión de asociados de manera que en un período de meses la mayoría de los medios peruanos pueda estar inscrita y la jurisdicción del Tribunal de Etica circunscrita sólo a ellos". Esto fue aprobado por la Comisión. Por último, el 28 de septiembre, periodistas peruanos y ecuatorianos firmaron una Cartilla por la Paz y Transparencia Informativa. Esta pretende orientar a la prensa en busca de la veracidad de las informaciones sobre el tema fronterizo y de controlar sesgos externos que impulsen hacia enfrentamientos bélicos.

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