Paraguay

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PARAGUAY Han sucedido numerosos hechos que han afectado seriamente la libertad de prensa. El 6 de agosto pasado, el periodista CándidoFigueredo, corresponsal del diario ABC Color en la localidad de Pedro Juan Caballero, fue amenazado de muerte por desconocidos que pertenecen supuestamente a la mafia que opera en el narcotráfico en la zona fronteriza con Brasil. Las amenazas, realizadas en forma anónima y por teléfono, comenzaron a partir de una publicación que daba cuenta de la formación de una facción japonesa dentro de la estructura del cartel brasileño que opera en la citada ciudad. Sin embargo, el periodista Figueredo declaró a la prensa el 11 de agosto pasado que, debido al estado de desprotección en que se encuentra, no puede acercarse a la línea internacional que divide las ciudades fronterizas de Pedro Juan Caballero, en el Paraguay, y Ponta Porá, en Brasil, ya que ese lugar es utilizado por los sicarios para cometer crímenes, tal como ocurrió hace cuatro años con el periodista Santiago Leguizamón, entonces director de Radio Mburucuyá. El periodista de nuevo fue víctima de amenazas de muerte el 8 de agosto pasado, efectuadas por sujetos amparados en el anonimato. Poco antes de esta llamada, Figueredo fue también amenazado por teléfono cuando difundía una entrevista por la radioemisora La Voz de Amambay. En dicha audición radial estaba informando sobre las amenazas recibidas en los días anteriores e invitaba a las personas que estuvieran en desacuerdo con la línea del diario ABC Color o con algunas publicaciones a que se acercaran a fin de canalizar sus inquietudes a través de las páginas. En ese momento, un sujeto no identificado y que hablaba en portugués, llamó a la radioemisora y dijo: "Que pare de hablar ese periodista porque no va a pasar mucho tiempo. Lo vamos a matar". Por otro lado, por medio de una llamada telefónica anónima recibida el 9 de agosto en la oficina regional del Sistema Nacional de Televisión (Canal 9) en Pedro Juan Caballero, profirieron amenazas contra Mario Lesme, corresponsal de dicho medio de prensa. Lesme también denunciaba la corrupción imperante en la zona. En otro hecho, desconocidos a bordo de una camioneta realizaron varios disparos, presumiblemente con un arma de grueso calibre, contra las instalaciones del Diario Noticias y luego se dieron a una precipitada fuga, aproximadamente a la una de la madrugada del 15 de mayo. El incidente no produjo víctimas. En cuanto a legislaciones que afectan a la prensa, se cuentan las siguientes: La Cámara de Diputados aprobó el 29 de agosto pasado el proyecto de ley que modifica el artículo 301 del Código Electoral, según el cual: "".los medios de comunicación social, oral y televisivo destinarán, sin costo alguno, el tres por ciento de sus espacios diarios para la divulgación de las bases programáticas de los partidos, movimientos políticos y alianzas que participen en las elecciones, durante los 10 dias inmediatamente anteriores al cierre de la campaña electoral. A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos destinarán una página por edición". Este proyecto está ahora a consideración de la Cámara de Senadores. Por otra parte, la Asociación de Empresas Periodísticas del Paraguay (ADEP) considera "nula y sin valor alguno" la norma aprobada por la Cámara de Diputados. La ADEP señala que la confiscación de bienes está prohibida por la Constitución Nacional en su artículo 109, que establece claramente que la propiedad privada es inviolable y, por consiguiente, nadie puede ser privado de ella salvo sentencia judicial firme. La ADEP considera que la confiscación de los espacios de un medio de comunicación constituye también una real limitación a la libertad de prensa. En cuanto a asuntos judiciales, se consignan los siguientes: El juez del Crimen, Carlos Monges, concedió un recurso de amparo, el27 de julio pasado, promovido por el ex presidente de la República, general (SR) Andrés Rodríguez, y ordenó a Radio Ñandutí que se abstenga de hacer alusión a la vida pública y privada del ex mandatario, por medio del sistema de teléfono abierto, en cualquier programa que se emita por la citada radioemisora y, en particular, en el programa "Cita con la Verdad", dirigido por la periodista Herminia Feliciángeli. La medida judicial está relacionada con una polémica suscitada sobre la supuesta usurpación de la estancia "Primavera", situada en la región occidental del Paraguay, actualmente de propiedad del general Rodríguez, según una denuncia realizada por José Caballero Cañete y Bernarda de Caballero, quienes se consideran dueños de la citada estancia, a través de Radio Ñandutí y el Diario Noticias. El director de Radio Ñandutí, Humberto Rubín, calificó de "atropello terrorífico" la resolución judicial que prohibió a su radioemisora dar espacio a la gente a través del sistema de micrófono abierto para emitir opiniones sobre la vida pública y privada del general Andrés Rodríguez. Señaló que su radioemisora seguirá transmitiendo normalmente y destacó que la resolución es inaplicable. La Asociación de Propietarios de Radioemisoras Privadas (APRAP) señaló que las medidas nacidas del mal uso por los jueces de los llamados "amparos" han sido no sólo repudiadas por el Congreso nacional y por la ciudadanía paraguaya en general, sino que sus antecedentes, una prohibición a un programa similar, "El Ojo", han merecido en su oportunidad la repulsa tanto de la Sociedad lnteramericana de Prensa (SIP), como de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Finalmente, el juez Carlos Monges rechazó por improcedente, ellO de agosto pasado, el amparo promovido por el ex presidente de la República. El magistrado se basó en las garantías constitucionales sobre la libertad de expresión y de prensa. También subraya que el ex mandatario tiene otras vías a las que recurrir si se sintiera afectado por la referida emisión. La sentencia del juez Monges menciona en una parte que el artículo 28 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de las personas de recibir información veraz, responsable y ecuánime, es decir, determina un derecho cuyo ejercicio supone la observancia de tres condiciones previas que son subjetivamente difíciles de comprobar. En otro asunto, el intendente (alcalde) de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, Guillermo Campuzano, querelló al corresponsal del diario ABC Color, Héctor Guerin, por los supuestos delitos de difamación y calumnia, el 24 de julio pasado. Una serie de notas firmadas por Héctor Guerin sobre numerosos casos de corrupción, en que presuntamente estaba involucrado el intendente Campuzano, motivaron el pedido de la acción judicial.

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