Argentina

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ARGENTINA Desde la reinstalación de la democracia en 1983 hay libertad de prensa en el país. Sin embargo, las condiciones de seguridad física y psicológica en la cual han desenvuelto su actividad los periodistas se han visto frecuentemente deterioradas en estos diez años en los meses inmediatamente previos a la realización de elecciones nacionales. Ocurrió en 1985, durante el último gobierno radical, y ocurrió este año, durante la campaña electoral que precedió a los comicios del 3 de octubre. Hubo un número singularmente alto de amenazas anónimas a periodistas de medios gráficos radiales y televisivos. Entre los casos más graves, figuran la agresión contra periodistas y fotógrafos producida durante el acto central de la Exposición Rural Argentina, en agosto, y la paliza recibida en dos ocasiones -una de ellas con secuestro- por el periodista del diario Página 12, Hernán López Echague. López Echague venía de realizar una investigación sobre el Mercado Central de Buenos Aires y el contralor y utilización con fines políticos de lo que allí ocurría con relación a dirigentes del Partido Justicialista de Buenos Aires. Los hechos acaecidos, por su parte, en el acto mencionado de la Exposición Rural involucraron a elementos de choque del partido gobernante. Se sabe que por la libertad de uno de los detenidos por la policía en esos incidentes se interesaron funcionarios justicialistas. Hubo amplia información de prensa sobre todos los episodios de esta naturaleza registrados en el país. Esto da testimonio de las condiciones generales en las cuales se desenvuelve el periodismo argentino y también de que los actos particulares tendientes a atemorizarlo estuvieron lejos de alcanzar su objetivo. Algunos hechos de violencia fueron posteriores a las elecciones del 3 de octubre. En uno de esos casos, los fotógrafos Rafael Yohai, de La Nación y Manuel Fernández, de la agencia oficial de noticias Télam, recibieron una golpiza mientras cubrían una reunión del comité de la Capital Federal de la Unión Cívica Radical, principal partido de oposición. Contrariamente a lo sucedido en otros hechos de este tipo, el agresor fue identificado por las autoridades de su propio partido. Más recientemente, fotógrafos y camarógrafos fueron golpeados por efectivos policiales durante una manifestación de jubilados. El ministro del Interior dispuso la investigación del caso mientras tanto quedaron en disponibilidad tres policías. También han debido soportar intimidaciones periodistas que han cubierto el caso de secuestro del gobernador de la provincia de San Luis, Rodríguez Saa. Mientras se celebraba la Asamblea fue rescatado del Riachuelo de Buenos Aires el cadáver de Mario Osvaldo Bonina, periodista y empleado de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, quien había desaparecido el 11 de noviembre. Se desconocía hasta ese momento los móviles del hecho. En momentos en que el gobierno se consideró injustamente criticado por algún medio de difusión, partieron de su seno acusaciones de que una parte sustancial del periodismo está dominada por la figura ilegal y políticamente antipática de los monopolios. Los medios y las entidades periodísticas empresarias que los nuclean contestaron que nada era más ajeno a la realidad y al espíritu que prevalece en el periodismo argentino. Más de un centenar de diarios, un número no menor de periódicos y revistas y un caudal de radios y canales de televisión que asmobra al mundo en términos comparativos con la densidad de población, expresan fehacientemente la pluralidad informativa y doctrinaria de la prensa argentina. Como derivación inmediata de aquél cruce de opiniones con el Gobierno, éste envió al Congreso de la Nación un controvertido proyecto de ley de radio y televisión. Con el pretexto de reglamentar los aspectos técnicos de estos medios de comunicación, el citado proyecto reitera el grave defecto de la legislación vigente de regular el contenido delas expresiones que se vierten por la radio y la televisión. Además, a iniciativa oficial instituye una "Comisión para la Defensa de la Libertad de Expresión", con facultad de aplicar sanciones. El presidente Menem resolvió desvincular al Gobierno de dos iniciativas que preocupaban seriamente al periodismo argentino. Por una de ellas, se proponía introducir en el proyecto de reforma de la Constitución Nacional, en discusión en el Congreso en el Congreso, el "derecho a la información veraz". Como se sabe, desde la instauración de este concepto en la Constitución de la entonces República Socialista de Yugoslavia el "derecho a la información" no consiste simplemente en el derecho de exigir del Estado la difusión de sus actos, sino en el de exigirle a los medios de prensa que difundan todas las opiniones e informaciones que sean de interés para el público desde la prespectiva del Estado. Otra iniciativa que preocupó seriamente a la prensa y respecto de la cual el presidente se ha comprometido a restarle todo apoyo oficial, es la de introducir el mal llamado dereho de réplica en la unificación de los códigos Civil y Comercial, actualmente en considferación por el Congreso. El artículo 117 de ese proyecto dice que la persona que haya sido afectada por informaciones inexactas o agraviantes tiene derecho de efectuar gratuitamente, por el mismo órgano de difusión y con características similares, su rectificación o respuesta. Lo que se omite deliberadamente decir en este proyecto es que la legislación en vigor ya da la debida protección a la intimidad y honra de las personas. La prensa argentina cuestiona el proyecto porque abre, con su sistema de refutaciones compulsivas, un amplio campo para que los medios periodísticos pierdan identidad y corran así el riesgo de descaracterizarse frente a la utilización por terceros de su derecho de editar libremente. Esperamos que el Congreso no dé curso favorable al mal llamado derecho de réplica. Hacer lo contrario sería, cuando menos, desandar el camino en la buena dirección que recorrió este año de la derogación de la antigua figura delictiva del desacato. Esta figura, tan impropia de la República, que por su principio consagra la igualdad de los ciudadanos ante la ley, ha quedado fuera de la legislación penal argentina tanto por el voto favorable de los legisladores del partido gobernante como de la oposición. Hay, en cambio, morosidad en el Congreso para sancionar la ley que garantice el secreto profesional de los periodistas. Existen numerosos proyectos de ley en tal sentido en el Congreso de la Nación. Es muy preocupante la situación de la libertad de prensa en Río Negro, seriamente amenazada por distintas medidas gubernamentales, que van desde lo jurídico hasta las formas encubiertas destinadas a amordazar la prensa independiente. En el terreno judicial ha habido fallos contradictorios sobre el reconocimiento pleno de la libertad de prensa. En sentido favorable debemos mencionar por su importancia los siguientes: 1. Dos fallos del 24 de octubre último de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reafirman la doctrina según la cual la protección de la honra de las personas es más atenuada cuando esas personas no son simple particulares sino que invisten un carácter público y cuando los medios de comunicación informas sobre temas de interés general, de significación para las instituciones republicanas. En ambos casos, en las instancias judiciales inferiores, la agencia de noticias DYN había sido condenada a indemnizar los presuntos daños ocasionados al difundir por los medios de prensa noticias de relevante interés público relacionadas con actos de gobierno y conocidas figuras de la vida pública Estos fallos del más alto tribunal del país están en la línea de su doctrina ya expresada este año en los casos "Gutheim c/Alemann", "Pérez Arriaga c/Arte Gráfica Editora" y "Pérez Arriaga c/ diario La Prensa", en los que se avaló la licitud de publicaciones periodísticas sobre temas de interés público aunque tales publicaciones recaigan sobre aspectos del derecho a la intimidad de las personas. 2. El fallo dictado por la Cámara Segunda en lo Criminal de General Roca, provincia de Río Negro, que absolvió por el delito de injurias al doctor Julio Rajneri, director del diario Río Negro. Dijo el tribunal que, si bien no puede haber impunidad para quien utiliza la prensa como medio para la comisión de delitos, tampoco puede haber responsabilidad para quien difunde hechos inexactos o lesivos para el honor de una persona, sin que se pruebe su dolo o negligencia manifiesta y cuando la publicación se refiere a temas de relevante interés público o cuando el ofendido reviste el carácter de funcionario público. En cambio, son preocupantes las siguientes resoluciones judiciales: 1. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió, en el caso "Diario La Nueva Provincia", que no restringen la libertad de prensa las resoluciones del Minsterio de Trabajo, como la número 919/90, que prohibió a las empresas periodísticas lanzar a la venta sus ediciones en el Día del Canillita. Es decir, al impedir, aunque sea por un solo día del año, la difusión y venta de diarios la Corte se comprometió con un acto de censura y, por lo tanto, reñido con la amplia libertad de prensa establecida por la Constitución Nacional. Peor aún: la sentencia del alto tribunal se fundó sobre las resoluciones número 455/76 y 919/90; que habían sido expresamente derogadas por la resolución ulterior número 1050/91. 2. Otro fallo inquietante tuvo por ámbito un tribunal de la provincia de La Pampa, que obligó al diario La Arena, de Santa Rosa, a publicar gratuitamente un edicto judicial. Si bien La Arena publicó por razones de solidaridad social el edicto cuya difusión le había sido requerida compulsivamente, hizo saber que discrepaba con la orden judicial por considerarla lesiva para el derecho de propiedad y constituir un acto de censura vedado por el artículo 14 de la Constitución Nacional.

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