BOLIVIA
Como consecuencia del creciente propósito de la "clase
política" sudamericana de acallar a la prensa libre para el logro de sus propios fines y de lo que últimamente se ha venido
en llamar "síndrome Collor" en la región, el periodismo
boliviano firmó un acuerdo sin precedente en fecha 10 del mes
en curso con el objetivo de defender la libertad de expresión
y combatir la corrupción en el manejo de la cosa pública.
La Cámara Nacional de Medios de Comunicación, entidad que agrupa a las empresas de prensa, televisión y radio, junto a la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y a la Asociación de Periodistas, en reunión celebrada en la
ciudad de La Paz la indicada fecha, determinaron acordar acciones conjuntas para 'defender la libertad de información y
expresión como derecho imprescindible para que los medios
de comunicación informen con veracidad y orienten a la comunidad
nacional en el sentido de sus verdaderos objetivos', así como "en relación con asuntos fundamentales de la existencia
y desarrollo del país y de sus principales instituciones,
combatiendo la corrupción, la violación de los derechos humanos
y cualquier acto que atente al proceso democrático" determinando además, "asumir cualquier agresión a un miembro
o institución de alguna de las entidades suscriptoras como
agresión al conjunto y responder con toda energía, en el marco
de la ley, a quienes resulten responsables de atropellos o amenazas que ponen en riesgo el ejercicio de la plena libertad.
Una semana más tarde, el día 20 del corriente mes, en la
ciudad de Cochabamba, la Conferencia Nacional de Dirigentes
de la Prensa de Bolivia, en su sector laboral, reiteró similar
decisión y fue más allá al anunciar que patrocinará la organización de una comisión investigadora de la corrupción en
el país.
En el interín y como parte de la iniciada campaña para las
elecciones de junio de 1993, un partido de tendencia izquierdista denunció al cogobernante 'Acción Democrática Nacionalista' el día 16 de septiembre por la supuesta compra "fraudulenta y encubierta" de medios televisivos en tres ciudades de Bolivia, aparte de una rotativa con inversiones superiores al millón de dólares y para desplegar una 'operación ideológica dirigida a controlar la informaciónl1 durante dicha campaña.
Sindicó en ese sentido al actual ministro de Informaciones
y al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, sobrino del Gral Hugo Banzer, de ser ejecutivos de
una empresa a cuyo nombre aquel partido habría hecho las
adquisiciones.
El ministro aludido dijo por su parte que el Gobierno boliviano
es contrario a que los medios pertenezcan y estén al servido de personas particulares y partidos políticos, aunque reconoció la validez de sociedades en la propiedad de aquéllos.
El caso no ha sido dilucidado y se supone que será objeto
de investigación del Poder Legislativo.
