Bolivia

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BOLIVIA Dentro de un clima de alteración del orden público desatado en el país en las últimas semanas por la principal organización de los trabajadores -la Central Obrera Boliviana- y algunas instituciones cívicas a causa, respectivamente, del despido de más de siete mil funcionarios públicos por el gobierno instalado en agosto del año en curso y la falta de atención a las necesidades de regiones de Bolivia, el miércoles 10 de noviembre se registró en la ciudad de Potosí, capital del departamento del mismo nombre, un hecho sin precedentes: negarle al presidente de la República, por parte de periodistas y medios de comunicación la posibilidad de dirigirse a la opinión pública a través de un programa televisivo y radial en cadena bajo el denominativo de "Goni (apodo del mandatario) responde al pueblo", aparte de no darle cobertura informativa a su presencia y actividades oficiales. Dicho departamento se encontraba en huelga general desde el lunes 8 de noviembre como medida de presión para lograr la satisfacción de sus requerimientos y en coincidencia con su fiesta cívica local recordatoria del 10 de Noviembre de 1810. No obstante esta circunstancia, el presidente Gonzalo Sánchez de Lazada se trasladó hacia él la mañana de este mismo día junto a una pequeña comitiva, la que fue objeto de hostilidades a su arribo. Su propósito, obviamente, era desbaratar la huelga mediante el diálogo directo con autoridades e instituciones de la ciudad, aparte de presentarse ante un auditorio de personalidades invitadas por su ministro de Comunicación en el programa de referencia, en una nueva 'modalidad de contacto establecida por su administración y que ya tuvo emisiones previas en Cochabamba y Santa Cruz el mes de septiembre. Es en este punto y sin haberse establecido con certeza si la determinación provino del Comité Cívico de Potosí, de los periodistas sindicalizados, de la Cámara de Medios o de los tres sectores en conjunto, que el presidente sufrió una suerte de bloqueo de la prensa regional, al extremo de que comunicadores de La Paz fueron invitados por el gobierno a trasladarse prestamente a la convulsiva ciudad para difundir al resto del país lo que acontecía en ella. El propio Sánchez de Lazada calificó la medida como un atentado a la libertad de expresión violatorio de disposiciones expresas en la constitución política del estado, atribuyéndola en concreto al Comité Cívico, aparte de denunciar una conspiración de sus adversarios políticos para desestabilizar la democracia en el país. Sin embargo, en medio de este ambiente tenso y confuso, el aludido programa se materializó finalmente la noche del jueves 11, en tanto que Sánchez de Lazada regresaba a La Paz el viernes 12 y la entidad cívica potosina anunciaba la intensificación de su movimiento huelguístico, Con el cambio de gobierno producido el pasado 6 de agosto no se ha vuelto a hablar de un proyecto de reforma constitucional que se alentó en una comisión de la anterior Cámara de Diputados. El proyecto tiende a la prohibición de "monopolios" y "oligopolios" en los medios de comunicación, bajo la premisa de "posibilitar el pluralismo y la libre participación de los inversionistas" en su estructura propietaria. Entre septiembre y octubre últimos la Corte Nacional Electoral trató de introducir nuevas restricciones a la labor de la prensa, esta vez en su función informativa, pretendiendo establecer en la Ley Electoral la prohibición expresa de la difusión de análisis, tendencias y proyecciones de los resultados provisionales de las elecciones nacionales o municipales hasta dos horas después de cerrado el término de la votación y a fin de evitar una supuesta «inducción» al electorado para pronunciarse en favor de determinada candidatura. El debate parlamentario sobre este tema y principalmente la acción de los medios evitó que el proyecto se aprobara en el Congreso. En 1991 esa misma Corte había logrado legislar sobre límites máximos de propaganda electoral en los medios e inscripción obligatoria de sus tarifas publicitarias, como oportunamente se informó a esta Asamblea. Estas son algunos de los principales hechos: Enero 28-93 Una bomba incendiaria fue descubierta en la puerta de entrada del domicilio de una de las propietarias de Canal 2. Lo mismo le sucedió al director de noticias de Canal 6, Cayetano Llobet. Aparentemente, estas amenazas fueron hechas para evitar que se difundieran programas que denunciaban corrupción en los sectores público y privado. Febrero 1993 Los periodistas Carlos Meza y Eduardo Pérez Iribarne fueron amenazados en forma anónima. Febrero 1993 El Ministerio del Interior anunció el "descubrimiento» de un plan terrorista contra medios y periodistas digitado por elementos subversivos encarcelados, a la vez que ofreció garantías para el libre ejercicio de su misión mediante la aplicación de un servicio de seguridad policial. Marzo 93 El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados anunció que ponía a estudio, para una futura reforma constitucional, una disposición prohibitiva de "monopolios y oligopolios" en materia de pertenencia de medios de comunicación, con el pretexto de garantizar el pluralismo informativo. Actualmente la Constitución boliviana prohíbe genéricamente los monopolios en el sector privado del país y garantiza de igual modo las libertades de prensa y expresión. No existe un Colegio de Periodistas, pero sí una disposición que obliga a los periodistas adheridos a la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa a tener título universitario. De todas maneras, en la práctica, este requisito no se cumple.

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