ARGENTINA CONSIDERANDO que la seguridad de los periodistas se ha deteriorado debido a amenazas anónimas y ataques físicos que representantes del Partido Justicialista participaron en algunos de los más serios ataques contra periodistas y efectivos policiales participaron en otro que el gobierno ha denunciado críticas de los medios de comunicación sobre la base de la acusación sin fundamento de que los medios de comunicación, que incluyen a cien diarios y por lo menos igual cantidad de semanarios y numerosas revistas y estaciones de radio y televisión, están dominados por monopolios que el gobierno ha enviado al Congreso un proyecto de ley que regularía el contenido de transmisiones de radio y televisión y crearía un "Comité para la Defensa de la Libertad de Expresión" que tendría poderes represivos que el Congreso aún no ha tomado acción para garantizar el derecho de los periodistas a proteger fuentes de información, a pesar de la presentación de numerosos proyectos de ley que ofrecerían tal seguridad que en un caso la Corte Suprema ratificó la resolución del Ministerio del Trabajo que prohíbe la venta de periódicos el Día del Canillita que, afortunadamente, la Corte Suprema ha reafirmado en dos fallos el derecho de los medios noticiosos a informar sobre figuras públicas y tópicos de interés general sin temor de represalias legales que los acuerdos entre fuerzas políticas de la República Argentina hacen probable una reforma en la Constitución Nacional que la Constitución actual contiene disposiciones como los artículos 14 y 32 que representan una garantía absoluta para la libertad de prensa y son, asimismo, un hito en la construcción de las instituciones sobre prensa en la juridicidad universal LA XLIX ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE que el gobierno debe tomar medidas para garantizar la seguridad de los periodistas que los reglamentos del gobierno que rijan a la radio y la televisión no interfieran en el libre flujo de infOrmación que las leyes que pretenden regular los servicios de radiodifusión se limiten a la adjudicación y administración técnica de las frecuencias, sin interferir en el libre flujo de la información a través de regulaciones de cualquier tipo que afecten el contenido de las emisiones que el Congreso debe aprobar garantías para asegurar el derecho de los periodistas a proteger fuentes de información que el Poder Ejecutivo no debe interferir en la venta de periódicos, incluso por un día reafirmar el derecho de la prensa a informar, sin temor a represalias legales, sobre la vida de figuras públicas y tópicos de interés general dirigirse al Poder Ejecutivo y al Parlamento argentino para que en caso de decidirse una reforma constitucional se conserve el texto y el espíritu de los artículos 14 y 32 de la actual Constitución.
