Argentina

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ARGENTINA El ejercicio de la libertad de prensa en Argentina ha sufrido durante el último semestre severos pesares. Los hechos que han configurado esta situación no provienen sólo del Poder Ejecutivo sino también del Poder Judicial. Se ha dado un cambio funesto en la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora admite el derecho de réplica y lo hace en la forma más nociva: para contraopinar en temas de suyo controvertidos como son los que resultan de creencias religiosas. La prensa ha rescatado como positiva la actitud del Presidente de la Nación, quien deploró el fallo y prometió, sobre este particular, no dictar normas reglamentarias. Un juzgado correccional de la Capital Federal extendió al directorio de la Editorial Sarmiento S. A., empresa editora del diario Crónica de la Capital Federal, una querella por calumnias e iníurias incoada inicialmente contra el editor responsable de dicho diario, lo que contraría la jurisprudencia normal sobre esta última figura. El Presidente de la Nación ha amenazado públicamente con retornar a legislaciones del anterior gobierno militar que impedían a las empresas editoras de diarios ser propietarios de otros medios de difusión. Se han producido constantes recriminaciones oficiales contra diarios que, realizando un periodismo de investigación, sacaron a la luz presuntos actos de corrupción. En la provincia de Santiago del Estero, en violación de la libertad de comercio y de la materialidad de la libertad de prensa, se han impuesto los porcentajes económicos que corresponde percibir al diario y a quienes hacen la distribución. En circunstancias poco claras la guardia personal de una importante funcionaria nacional agredió a periodistas y destrozó máquinas fotográficas y otros elementos técnicos. Se ha cometido un atentado contra la vivienda del periodista Enrique Sdrech del diario Clarín y del Canal 13 de TV especializado en noticias policiales. Sigue siendo víctima de amenazas el director de El Candil de la ciudad de Baradero quien fue sobreseído en una querella por desacato incoada por un ex jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires. La prensa argentina ha deplorado ciertas intervenciones del Poder Ejecutivo sobre la debida independencia que debe guardar el Poder Judicial y, asimismo, el menoscabo que significa para el Poder Legislativo que se legisle habitualmente mediante reglamentos de necesidad y urgencia en temas de interés capital. Tales tendencias conspiran contra el orden republicano que constituye el sustento institucional de la libertad de prensa. Ha constituido un hecho positivo el fallo de la Suprema Corte de Justicia por el que se deja sin efecto el acto judicial de censura que había recaído sobre parte de un programa de Tato Bares en el que se hacía referencia a la jueza María Romilda Servini de Cubría, peticionante de la medida. El director del diario La Nación, de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, a quien se había encomendado la misión de, a nombre de la SIP, hacer gestiones para desestimular la aprobación de una restrictiva ley de prensa en la provincia de Río Negro, informó lo siguiente: En la reunión de la Junta de Directores, en Santo Dommgo, la SIP expresó su grave preocupación por el proyecto de ley de 'Promoción de las Comunicaciones Sociales' aprobado en primera votación por la legislatura rionegrina, el 26 de noviembre de 1991. *La declaración de la SIP y de la prensa argentina en general tuvieron fuerte repercusión, y así se fue demorando la segunda votación sin la cual, de conformidad con el derecho positivo de esa provincia, ninguna iniciativa puede alcanzar la jerarquía de ley. Inmediatamente después de la reunión de Santo Domingo me reuní con el gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi, a quien ratifiqué nuestra preocupación. Massaccesi prometió ocuparse del tema y mantenerme informado sobre lo que pudiera ocurrir. *La información que he recogido indica que, en principio, el bloque del Partido Justicialista se opuso a tratar el mencionado proyecto de ley en una segunda vuelta y que otro tanto resolvió el bloque de la Unión Cívica Radical, el partido de gobierno en Río Negro. *Por una reglamentación interna de la legislatura provincial, si el 30 de noviembre próximo, en que concluye el período ordinario de sesiones, no se hubiera aprobado nuevamente el proyecto en cuestión, pasaría a archivos. *Entretanto, ha entrado a regir en Río Negro un impuesto a los ingresos brutos sobre las empresas periodísticas que coloca a Río Negro, junto con la prensa santafecina, en una situación desventajosa frente al resto del periodismo argentino". El gobernador Massaccesi, en carta a Mitre fechada 24 de septiembre, afirma que uel tratamiento en comisiones del citado texto legal ha recibido importantes objeciones. Se espera que la legislación sea abortada.

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