Argentina

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Este ha sido un año turbulento para la libertad de prensa. Reflejar y analizar la gestión del Gobierno, de manera independiente y crítica, ha resultado una tarea poblada de obstáculos y riesgos. Al igual que en los tres años anteriores, el Gobierno ha empleado recursos y organismos públicos para premiar u hostigar a los medios de acuerdo a su línea editorial. Se ha montado un desmesurado aparato mediático para oficial dedicado a desacreditar al periodismo independiente y se han multiplicado los ataques y las restricciones contra aquellos que buscan interpelar a un poder que pretende instalar su propia versión de los hechos, dejando de lado enfoques alternativos. Paralelamente, el Gobierno avanza con leyes e intromisiones abusivas en el control de contenidos, insumos y licencias de medios. La publicidad oficial ha tenido un crecimiento geométrico desde 2003 y su asignación ha desvirtuado su objeto. En lugar de utilizarse para comunicar la gestión del Estado, a través de las vías más aptas para que el mensaje llegue a los ciudadanos, se ha transformado en combustible de medios complacientes con el Gobierno u hostiles con la prensa no adicta. Esta administración negligente y arbitraria de fondos públicos se torna evidente al repasar los porcentajes de distribución de la pauta estatal. En los primeros seis meses de este año, el 48% de la publicidad oficial destinada a diarios de la ciudad de Buenos Aires se duplicó respecto del mismo período del año anterior y se concentró en dos grupos editoriales cercanos al Gobierno. Los dos diarios de mayor circulación, que en conjunto representan más del 60% de la circulación total de la capital, recibieron un 2,5% frente al 38% que fue a parar a dos diarios con una tirada combinada diez veces menor que la de éstos. Entre los diarios del interior, un grupo de medios afín al oficialismo recibió el 44% de la pauta destinada a ese sector. En el segmento de las revistas, el 59% fue absorbido por tres publicaciones de baja tirada, mientras que la más vendida no recibió un solo peso. La pauta oficial en televisión abierta creció un 282% en el primer semestre respecto del mismo semestre de 2010; el 48% fue acaparado por el tercer canal en nivel de audiencia frente a un 0,5% que recibió el número uno. Entre las radios, una AM cercana al Gobierno fue beneficiada con el 41% de los fondos repartidos en ese segmento contra un 2% recibido por la segunda en audiencia.

En marzo pasado, la Corte Suprema de la Nación, a través de un fallo en un caso de discriminación publicitaria planteado por la editorial Perfil, estableció que la publicidad oficial no puede ser adjudicada en forma discriminatoria ni ser aplicada como un modo indirecto para afectar la libertad de expresión. El Gobierno, en una patente burla a la Justicia y al equilibrio republicano, se limitó a publicar un aviso injurioso en un periódico de la demandante y mantuvo sus niveles de discrecionalidad en la distribución de la pauta. Además de la asignación distorsiva de la publicidad oficial, el Gobierno emplea abusivamente distintos canales para instalar su discurso. Desde la gestión de medios públicos como órganos proselitistas al uso propagandístico de las transmisiones de fútbol, que fueron estatizadas, regadas con avisos oficiales y sostenidas con fondos que superan los 2.000 millones de pesos. A esto cabe agregar la distribución por parte de la agencia oficial de noticias, cuyo titular declaró que adscribe a una variante militante o partidaria del periodismo, de contenidos gratuitos a más de 7.000 medios. Distintos organismos que actúan dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional llevaron adelante políticas persecutorias contra quienes intentaron reflejar datos diferentes de los oficiales. La Secretaría de Comercio Interior, apoyándose en una interpretación forzada de una disposición legal y configurando un claro ataque a la libertad de expresión, penalizó con onerosas multas a consultoras privadas que difundían índices de inflación. En el marco de una denuncia presentada por el secretario de comercio contra una de esas consultoras, un juez ordenó a diferentes medios de prensa que identificaran a los periodistas que en los últimos cinco años escribieron notas sobre mediciones de inflación distintas a las del organismo oficial de estadísticas; requisitoria que constituye una evidente presión intimidatoria sobre esos periodistas y medios y conlleva un riesgo de censura indirecta. También otros organismos, como la Comisión Nacional de Comunicaciones o la Autoridad Federal de Ingresos Públicos, han llevado adelante acciones persecutorias contra medios o periodistas. Las agresiones verbales emitidas por funcionarios públicos nutren un clima opresivo para el ejercicio del periodismo. Entre los numerosos agravios o provocaciones dirigidos a medios y periodistas, caben mencionarse, a título de ejemplo, los del ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien acusó a los diarios Clarín y La Nación de atentar contra la democracia, o los dichos de Gabriel Mariotto, candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, quien afirmó que los derrotados en las elecciones primarias fueron los editorialistas de los grandes diarios. En el interior del país también hubo descalificaciones que resquebrajaron los puentes del diálogo, como las del gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien formuló declaraciones de carácter injurioso contra el diario El Tribuno. Este clima de hostilidad, extendido a lo largo del país, ofreció un terreno fértil para la proliferación de campañas de difamación montadas desde medios afines al oficialismo o a través de carteles injuriosos en la vía pública. Durante 2011 se alternaron burdos y extraordinarios embates con sofisticados y peligrosos avances contra la prensa. En marzo y abril se impidió que los ejemplares de los diarios Clarín, Olé, La Voz del Interior y Día a Día llegaran a sus lectores, ante la inacción de las autoridades. Hoy, la posibilidad de desempeñar la actividad periodística con independencia se enfrenta a los intentos regulatorios del Gobierno sobre el papel para diarios y sobre los contenidos, el otorgamiento de licencias y el establecimiento de sanciones en el ámbito de los medios audiovisuales. Un proyecto del Ejecutivo que propone declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios puede convertirse en ley a fines de este año, cuando el oficialismo y bloques legislativos aliados tengan mayoría en las cámaras legislativas. La iniciativa, que prohíbe a los diarios participar de la producción de su principal insumo, obligaría a los actuales accionistas mayoritarios de la única fábrica que lo produce actualmente en el país a abandonar la empresa. La posibilidad de que el Gobierno controle el insumo vital de los medios gráficos, a través de la producción local y de las regulaciones al comercio exterior, pondría en jaque a toda posible autonomía de la prensa. A mediados de agosto pasado, Gabriel Mariotto, titular del órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dominado numéricamente por el oficialismo, reclamó públicamente a un juez que fallara sobre uno de los artículos de la ley, cuya aplicación se encuentra suspendida por ser considerado prima facie inconstitucional al afectar retroactivamente los derechos de quienes poseen licencias legalmente concedidas. La “ley de medios”, que otorga al Estado una amplia intervención que afecta el pluralismo informativo al impulsar la conformación de un conglomerado de medios oficiales y paraoficiales, ha tenido un proceso de aplicación selectivo. Se detecta una mayor laxitud en la intervención de la autoridad de aplicación respecto de los medios cercanos al Gobierno. Entre otras medidas vinculadas al quehacer de la prensa, el Gobierno nacional emitió un decreto que prohíbe los avisos que promueven la oferta sexual. El diario Río Negro promovió una acción de amparo por considerar que el decreto es inconstitucional en tanto se basa en dos leyes que tienen como fin exclusivo prevenir y sancionar la trata de personas y la prostitución forzada, pero no impiden el ejercicio libre y voluntario de la prostitución y por lo tanto su publicidad. Esto lo convierte en un acto lesivo de la libertad de expresión que obligó al diario Río Negro a promover una acción de amenaza que fue rechazada en primera instancia no por su contenido sino por la vía utilizada. Río Negro apeló la decisión que fue concedida. El segundo amparo es contra la resolución de la Secretaría de Comunicación Pública que establece nuevas sanciones con la quita de publicidad oficial a los medios que publiquen avisos de oferta sexual. La primera resolución determinaba multas importantes y la confiscación de la publicación, lo que implica doble punición por un mismo hecho. En el país hay medios que pueden juzgar críticamente la gestión de los gobernantes. Pero las libertades de expresión y de prensa están afectadas por un rosario de ataques sistemáticos a los medios a través de los cuales esas libertades pueden concretarse. La combinación del temor a las represalias, la seducción de los fondos públicos y el crecimiento de la discrecionalidad estatal en las regulaciones ya ha teñido la mayor parte del mapa mediático con un tinte oficialista. Con elecciones presidenciales en el horizonte próximo que, de acuerdo a las encuestas, engendrarán un gobierno fuerte con mayorías legislativas y una oposición diluida, habrá débiles contrapesos institucionales para contener los desbordes del poder. En este escenario, la disminución progresiva de las voces periodísticas independientes enciende una señal de alerta respecto de la vitalidad de la democracia republicana.

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