Bolivia

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En el país han quedado implantadas la censura previa y la autocensura de prensa con la promulgación de dos leyes que amenazan con cerrar medios y con penas de cárcel a los periodistas que las violen. Se trata de las leyes de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y de Régimen Electoral, puestas en vigencia hace un año. Son cambios legislativos cuestionados severamente por organizaciones periodísticas bolivianas porque mantienen limitaciones a la libertad de prensa. La primera establece que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento” y que el comunicador social o propietario de un medio de comunicación que incurra en esos delitos será sancionado con penas de entre uno a cinco años de cárcel y no podrá recurrir a ningún fuero. Esta interpretación está librada al criterio arbitrario de un comité integrado únicamente por funcionarios gubernamentales, lo que pone en duda su imparcialidad y coloca a los medios y periodistas en riesgo de ser sancionados en función de sus posiciones críticas o favorables al gobierno. La segunda es la Ley de Régimen Electoral en lo que a las elecciones de miembros del Órgano Judicial se refiere, que se realizarán por primera vez en octubre de este año. Los candidatos no pueden hacer propaganda, ni declaraciones a los medios de comunicación sobre cualquier asunto relacionado con su postulación o el de otros candidatos a riesgo de ser inhabilitados. A su vez, los medios de comunicación “bajo sanción penal” están prohibidos de difundir documentos distintos a los producidos por el órgano electoral, a referirse específicamente a los postulantes en forma negativa o positiva, a generar espacios de opinión sobre los postulantes y a cederles espacios de opinión, conducción o participación en cualquier programa. Como efecto de esas dos leyes, en especial la de lucha contra el racismo, muchos medios han optado por eliminar de sus páginas electrónicas los comentarios sobre sus informaciones, explicando que las razones son las sanciones que impone la Ley. Otros advierten que los artículos de sus lectores podrían no publicarse si se detectan frases potencialmente racistas o discriminatorias. Ambas leyes no sólo han ignorado la Ley de Imprenta, sino que han obligado a los periodistas a autocensurarse y a sus jefes a ejercer la censura previa para evitar que pudieran deslizarse en los artículos palabras que pudieran ser interpretadas como racistas y discriminatorias o que sean interpretadas como violatorias de la Ley de Régimen Electoral. En Bolivia está vigente desde 1925 una Ley de Imprenta que establece que los delitos de imprenta deben ser juzgados por tribunales de imprenta creados por los municipios y que las sanciones son la retractación y multas económicas. Los medios se han visto obligados a restringir su trabajo y a limitar la tarea de los periodistas. Un sondeo de opinión en un pequeño grupo de periodistas, directores y jefes de redacción mostró que el 90 por ciento admitió que la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación le obligó a ejercitar la autocensura o la censura previa para evitar potenciales sanciones. Los llamados “órganos” legislativo y ejecutivo han ignorado los pedidos y recomendaciones de organismos internacionales, especialmente de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navaneth Pilay, para evitar seguir emitiendo leyes que afecten los derechos humanos y para derogar todos aquellos artículos de leyes que atentan contra la libertad de expresión. El parlamento también demora excesivamente en tratar una ley reglamentaria de la Ley de Iniciativa Ciudadana que permitiría a las organizaciones periodísticas presentar un proyecto para derogar los artículos de las dos leyes señaladas, que afectan a la libertad de expresión, basado en el rechazo ciudadano expresado por cerca de 400.000 personas que con sus firmas apoyaron la lucha por la libertad de expresión librada hace un año. Este año hubo una significativa reducción de las agresiones físicas a periodistas y medios de comunicación con relación a años anteriores. Sin embargo, autoridades del Gobierno continúan echando gran parte de culpa de sus errores a los medios de comunicación. “Los medios mienten”, “los medios tergiversan las declaraciones”, “los medios no dicen exactamente lo que se dijo”, son las frases frecuentes de los dirigentes políticos oficialistas, especialmente cuando sus declaraciones generan reacciones adversas en la población. Según los registros de la ANP, las agresiones verbales y físicas, de enero a septiembre de 2011 llegaron a 131 periodistas, de los cuales solo uno era de un medio estatal y los otros 130 de medios independientes. Se registraron también 40 agresiones verbales y físicas contra medios de comunicación, siendo la mayor la “adquisición” de toda la edición del 6 de julio del diario Sol de Pando por parte de la gobernación de ese departamento amazónico para evitar que se conociera la información sobre supuestos casos de corrupción del Gobernador. La gobernación negó la denuncia hecha por la persona que dijo que la secretaria del Gobernador le compró los 2.000 ejemplares de ese día y el director del periódico anunció un juicio contra la autoridad. El Gobierno ha incumplido también sus compromisos de someter a procesos a policías que agredieron a balazos a periodistas en septiembre de 2009, en la ciudad de Santa Cruz y la fiscalía no ha hecho nada para aclarar el asesinato del periodista Carlos Quispe Quispe, asesinado por una turba de exaltados políticos pro oficialistas, en marzo de 2008.

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