Brasil

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En los últimos seis meses debe mencionarse el Foro Internacional sobre Libertad de Prensa y el Poder Judicial, que se llevó a cabo el 27 de mayo del 2011 en la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Nacional de Periodistas (ANJ), y de la propia Corte Suprema. Durante la ceremonia de inauguración, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, hizo hincapié en que la prensa y el Poder Judicial tienen mucho que aprender unos de otros. Existe una preocupación constante por la censura judicial, que a menudo prohíbe a los periódicos la publicación de informes sobre ciertos temas. De la misma manera, los jueces están aumentando su poder discrecional, sobre todo los que están en los niveles más bajos, en lo que se refiere a la anticipación de la custodia, la reparación del daño moral y el ejercicio del derecho de réplica, a partir de la revocación de la Ley de Prensa. Lamentablemente, han pasado dos años y dos meses desde que la censura se impuso en el diario O Estado de Sao Paulo y en el grupo Estado. El diario sigue aguardando la decisión sobre su apelación. Recordando este caso emblemático, aún está pendiente una decisión sobre una apelación de un fallo dictado por el juez de apelaciones Dacio Vieira del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios. Esa decisión prohibió la publicación por el diario O Estado de S. Paulo, otros medios del Grupo Estado, o cualquier otro medio suscrito a los servicios editoriales del grupo, de informes que contengan información resultante de archivos obtenidos por la Policía Federal de Maranhão sobre supuestas irregularidades de parte del empresario Fernando Sarney, hijo de José Sarney, presidente del Senado y ex presidente de la República, so pena de incurrir en una multa de R $ 150,000 por “cada acto de violación de esta orden judicial”. El Tribunal Supremo de Justicia ha anulado sólo las pruebas recogidas por la Policía Federal en la llamada Operación Barrica / Faktor que investigó a los familiares del presidente del Senado, José Sarney, por delitos como el lavado de dinero. El Tribunal Supremo afirma que las escuchas telefónicas fueron obtenidas de forma ilegal. Se ha aclarado que las escuchas telefónicas se obtuvieron mediante autorización judicial competente. Descartar la evidencia no significa la absolución de los acusados, sino sólo que es necesario empezar desde cero en la investigación de los delitos atribuidos al clan Sarney. Todavía se desconoce si, y en qué medida, esa decisión puede afectar el caso de censura contra el diario O Estadode S. Paulo.

Un proyecto de ley complementario, que regula la disposición constitucional sobre el acceso a la información pública (XXXIII párrafo del art. 5 de la Constitución Federal), se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado donde se espera el dictamen del relator, senador Fernando Collor de Mello, y hasta ahora ha recibido 16 propuestas de cambio. Ya ha pasado por las Comisiones de Ciencia y Tecnología y de Derechos Humanos, habiendo sido aprobado por ambas con informes favorables. El proyecto de ley estaba siendo considerado con carácter de urgencia y podría ser votado en cualquier momento, siempre y cuando exista un acuerdo entre los líderes, pero a través de maniobras de los ex presidentes Collor de Mello y José Sarney, ha sido aplazado indefinidamente. Una propuesta de enmienda constitucional, PEC 33/2009 (Senado) al diploma en periodismo tiene la intención de incluir un artículo, 220-A, a la Constitución Federal para hablar en demanda de un diploma de un programa en comunicación social - periodismo, de nivel universitario, para poder ejercer la profesión. Se espera una evaluación de la sesión plenaria, después de haber estado en la agenda desde hace unos meses. Ha sido aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia, que llevó a cabo un estudio en el Senado para conocer la opinión de los senadores; sólo seis de los 81 senadores se manifestaron en contra. En su 4to Congreso el pasado 4 de septiembre pasado, el PT (Partido de los Trabajadores), al que pertenece la presidenta Dilma Roussef, debatió una propuesta a fin de establecer un marco regulatorio para los medios de comunicación, de la que se derivó una moción en ese sentido, destacando la importancia de discutir la “democratización de la comunicaciones” en el país, un eufemismo utilizado por el PT para el llamado control social de los medios de comunicación. La discusión en el Congreso culminó en una moción, documento más débil que una resolución, debido a la influencia y la presión de la presidenta de la República, de acuerdo con fuentes confiables. Las disposiciones del párrafo relativo a la comunicación fueron defendidas fuertemente por los líderes del partido, quienes se proponen llevar a cabo una campaña a favor de la causa. El PT quiere que el proyecto de ley, elaborado por el exjefe de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Franklin Martins, pase por una revisión y luego sea considerado por el Congreso Nacional. El presidente del PT defiende el proyecto de ley diciendo que “garantiza la libertad de prensa y el derecho a la opinión sin ningún tipo de censura, pero democratiza la información en el país y abre el camino para que haya una sola versión [de los acontecimientos”. Más adelante defiende el fin de la propiedad cruzada y los monopolios de medios. Afirma, además, que “son grupos que poseen más de un medio, y debe haber algún tipo de limitación de la propiedad. Pero no control sobre el contenido”. La presidenta Dilma Roussef continúa reiterando claramente la misma posición que tuvo como candidata cuando compareció ante el Congreso Brasileño de Prensa promovido por la ANJ y firmó la Declaración de Chapultepec. Para ella, la única manera de regular a los medios de comunicación es mediante el uso del control remoto para cambiar el canal en el televisor. “No conozco ningún otro”, afirmó, al ser interrogada sobre el asunto. La presidenta Rousseff dejó en claro que no está de acuerdo con la moción sobre la regulación de la prensa. Repitió, a través de asesores, que “es importante separar la postura del partido de la del gobierno”, y había pedido al ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, revisar cada artículo del texto propuesto por el ex ministro Franklin Martins en busca de “cáscaras de plátano”, es decir, aquellos párrafos que aborden la regulación del contenido. Lamentablemente, el número total de delitos y violaciones en el período es de 25: cuatro asesinatos , dos atentados, dos detenciones, ocho casos de agresión física, seis casos de censura judicial y tres abusos de poder. Detalles sobre crímenes y violaciones El 9 de abril, el comentarista de radio y presentador de televisión Luciano Leitão Pedrosa, fue asesinado mientras se encontraba en un restaurante del barrio Bela Vista, en Vitória de Santo Antao, Zona da Mata,en el Estado de Pernambuco. Pedrosa fue el anfitrión del programa Acción y Ciudadanía en TV Vitória, donde cubría temas policiales, y trabajó en Radio Metropolitana FM. De acuerdo con declaraciones de personas relacionadas con él, era parte de la oposición al gobierno municipal y había recibido amenazas de muerte. Testigos dijeron que escucharon al asesino anunciar el ataque en el momento del crimen, pero las circunstancias indican que fue una ejecución llevada a cabo por un hombre armado en represalia por las acusaciones hechas en su programa o debido a su actividad política. El 3 de mayo, el periodista Valério Nascimento fue asesinado en el patio de su casa en Río Claro, zona sur del estado de Río de Janeiro. Nascimento, dueño del diario Panorama Geral y presidente de la asociación de vecinos de la región, había estado publicando noticias sobre problemas e irregularidades en la administración del alcalde de Bananal, David Morais, informando sobre un posible caso de corrupción. El 15 de junio, el presidente del Partido de los Trabajadores en la ciudad de Serra do Mel, Rio Grande do Norte, Edinaldo Filgueira, fue asesinado con seis disparos provenientes de hombres no identificados. Filgueira había fundado un periódico y mantenía un blog sobre asuntos relacionados con la ciudad. Existe la sospecha de que la ejecución estaba ligada a una encuesta publicada en su blog cuestionando la rendición de cuentas del Ayuntamiento. El 4 de julio, la Policía Federal detuvo a cinco hombres sospechosos de integrar la banda responsable del asesinato. Además de la muerte del periodista, se sospecha que el grupo ha cometido varios asesinatos en el Estado. De acuerdo con el jefe de la policía, “no hay duda de que el periodista fue asesinado debido a su profesión. Era un creador de opinión en su actividad”. El 1 de septiembre, el presentador Vanderlei Canuto Leandro fue asesinado con ocho disparos de dos hombres que huyeron en una motocicleta en la ciudad de Tabatinga, Estado de Amazonas. Existe evidencia de que el crimen fue motivado por su actividad periodística. El presentador hizo acusaciones de corrupción en la administración del alcalde de Tabatinga, Saul Nunes Bemerguy. Vanderlei también había presentado acusaciones contra Bemerguy ante la Fiscalía del Estado de Amazonas, la Fiscalía Federal y la Policía Federal. El 5 de octubre: La casa del radialista Francisco Cidimar Ferreira Sombra, conocido en la ciudad de Russas como Cid Ferreira, 41, fue blanco de un atentado cuando hombres dispararon contra la fachada de su residencia en el centro de la ciudad. Según el director de la policía regional, Luciano Barreto, el atentado puede haber sido una manera de intimidar al radialista. Cid Ferreira es conocido en la Radio Araibú FM. Según la policía, los bandidos dieron nueve tiros que alcanzaron la pared, la puerta y la ventana de la casa, además del carro de la víctima. Nadie fue baleado durante la acción. El 6 de octubre – Un carro del periódico Gazeta do Oeste, de Toledo, que es de propiedad del columnista Sergio Ricardo, fue alcanzado por disparos de un arma de fuego. El vehículo estaba estacionado delante del apartamento de Sergio Ricardo en la calle Santos Dumont, centro de Toledo a las 11:30 AM. El automóvil estaba sin ocupantes y fue alcanzado por seis tiros. Sergio Ricardo atribuyó el atentado a denuncias que había publicado y que implican a un servidor federal y una industria de Toledo. Todavía de acuerdo con él, la acción habría tenido la intención solamente de intimidarlo. Otros casos: El 12 de abril los periodistas de TV Liberal fueron detenidos por la Policía Militar en la ciudad de Acara, una hora y media de la capital, Belém. El periodista Guilherme Mendes, el camarógrafo Carlos Batista y el asistente Edmilson Luz estaban haciendo un reportaje sobre la precariedad de los servicios locales de salud pública y se encontraban escuchando las declaraciones de los usuarios de uno de los puestos de salud en la ciudad. El 20 de abril, el juez en funciones Carlos Roberto de Sousa Dutra, de la 3a.Corte Civil de Araguaína, emitió una orden judicial que prohíbe al sitio web de Arnaldo Filho la publicación de material sobre revelaciones hechas por ex funcionarios de la Facultad Católica Dom Orione y del Colegio Santa Cruz, en la ciudad. El 25 de abril, el senador Roberto Requião, en las oficinas del Senado, quitó la grabadora al reportero Victor Boyadjian, de Radio Bandeirantes, y lo amenazó con atacarlo cuando intentaba entrevistar al senador acerca de la pensión que recibe como ex gobernador de Estado de Paraná. El 26 de julio, el Senado presentó una solicitud de censura contra el senador Roberto Requião (PMDB-PR). El 21 de mayo del 2011, dos policías militares fueron retirados de la fuerza bajo la sospecha de que habían cometido abusos durante la Marcha de la Marihuana en el centro de São Paulo. Ellos utilizaron balas de goma y bombas de advertencia contra los manifestantes. La Guardia Civil Metropolitana también investigó los posibles abusos. Un reportero que llevaba identificación fue atacado con chorros de gas pimienta por un policía militar y por un agente de la MCG, quien lo golpeó con su bastón. El 21 de junio, Víctor Avner, reportero del diario Extra Alagoas fue atacado verbalmente por la jueza de apelaciones Elisabeth Carvalho do Nascimento en una sesión pública del Tribunal de Justicia de Alagoas (TJ / AL). La jueza también ordenó la confiscación de equipos y exigió la expulsión de la corte de los profesionales. La acción de la magistrado coincidió con las repercusiones de la última edición del diario, que informó sobre el pago indebido de horas extra, bajo su dirección, basándose en un informe del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). El 28 de junio, la Policía Federal de São José do Rio Preto (SP), acusó al periodista Allan Abreu, del Diário da Região, de difundir información considerada clasificada por la ley. Lo anterior tuvo lugar porque el periódico había publicado dos informes en mayo con información proveniente de escuchas telefónicas realizadas por la policía en la Operación Tamburutaca, que durante un año había estado investigando una trama de corrupción entre auditores fiscales, representantes de los sindicatos y empresarios para conseguir evadir la legislación laboral mediante pago de sobornos. El 18 de julio, la Policía Federal de São José do Rio Preto decidió por el momento no encausar al director ejecutivo del Diário da Região, Fabrício Carareto, investigado por haber autorizado la publicación de los artículos. El 15 de julio fue confiscada la edición del diario Daqui, que circula en la ciudad de Montes Claros (al norte del estado de Minas Gerais, a 420 km de Belo Horizonte), durante una visita del gobernador del estado Antônio Augusto Anastasia, por decisión del juez Marco Antônio Ferreira del 3ra Corte Civil, que concedió una medida cautelar a petición del alcalde Luiz Tadeu Leite (partido PMDB). El periódico no fue citado. La orden de búsqueda y captura fue realizada por policías de la ciudad, sin la presencia de la policía militar o un funcionario judicial. En algunos puestos de periódicos, los diarios fueron recogidos por los propios abogados del alcalde. En el mes de agosto se incrementaron las amenazas de muerte mediante mensajes anónimos y llamadas telefónicas. El Daqui presentó una denuncia ante la Fiscalía y la Policía Federal, que abrió una investigación. El 6 de agosto, el juez José Jorge Ribeiro da Luz, de la 5ta Corte Civil de Porto Velho (RO), prohibió a Radio Cultura FM dar el nombre de la empresa de construcción Engcom en uno de sus programas. La compañía fue responsable de construir la nueva sede de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Gobierno del Estado. La prohibición se debió a una solicitud de indemnización por daño moral después de las declaraciones hechas por el periodista en el sentido de que habían existido irregularidades en el proceso de licitación para las nuevas oficinas. La multa por desacato a la orden es de R $ 3,000 por cada pieza de información que se difunda sobre la empresa de construcción. El 29 de agosto, en una medida cautelar otorgada por el Juez de Apelaciones Leonel Pires Ohlweiler, de la 9ª. Cámara Civil del Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul, se prohibió al diario Zero Hora y otros medios del Grupo RBS la publicación del nombre o la imagen de concejal Adenir Manguje Webber (DEM), de la ciudad Dom Pedro de Alcântara, en el estado, bajo pena de una multa diaria de R $ 1,000.00. El concejal está acusado de implicación en el caso conocido como “Farra das Diárias”, que originó una serie de artículos acerca de los concejales en el interior de Rio Grande do Sul, quienes utilizaban los viáticos pagados con fondos públicos para vacaciones personales con el pretexto de tomar cursos de actualización. Como resultado de ello, 13 personas fueron acusadas por la Fiscalía en un juicio civil público. El RBS apeló la decisión y logró que la orden judicial fuera revocada el 15 de septiembre pasado por el mismo juez que la había concedido. El 14 de septiembre se requirió que la revista Viver Brasil, del estado de Minas Gerais, suprimiera temas de su edición y retirara de Internet un informe sobre supuestas irregularidades realizadas por el alcalde de Nova Lima, Rodrigues Carlinhos, del Partido de los Trabajadores. Según el juez Adrian e Rabelo, de Nova Lima, la revista cometió un abuso de la libertad de prensa al dañar el honor y la imagen del alcalde. El 26 de septiembre, el periodista Felipe Werneck, del diario O Estado de S. Paulo, fue detenido por agentes de la Estación de Policía de Turismo (DEAT), en Río de Janeiro, después de un incidente relacionado con la restricción a la labor de los periodistas que investigaban el asalto a un albergue en el área sur. El reportero, después de encontrar hostilidad, respondió a la provocación de un agente de policía, por lo que fue trasladado a la Comisaría 14a de la Policía Civil, acusado de desacato a la autoridad. Werneck hizo una declaración y fue liberado .Se abrió una investigación por el delito de desacato, la cual será enviada a la Cuarta Sala Penal Especial.

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