Canadá

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El acceso a la información gubernamental ha devenido un problema importante en los últimos meses. Varias organizaciones de libertad de prensa sostienen que, a pesar de contar con una ley que prevé dicho acceso, los canadienses enfrentan obstáculos al tratar de obtener información de manera completa y oportuna por parte de los distintos niveles del gobierno. Newspapers Canada, una iniciativa conjunta de la Asociación de Periódicos de Canadá y la Asociación de Prensa de la Comunidad de Canadá, halló en su sexta auditoría anual, National Freedom of Information, que la prensa y el público tienen menos acceso que el deseado a lo que se considera información pública. La encuesta mostró que aunque la Ley de Acceso a la Información exige que las instituciones federales den respuesta a las solicitudes de información dentro de 30 días hábiles, las realizadas recientemente por un equipo de auditoría que representa a los periódicos de Canadá recibieron sólo el 61 por ciento de cumplimiento de parte de los departamentos gubernamentales pertinentes. En el caso de las entidades provinciales y municipales hubo un incumplimiento similar. Otra organización, Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), también se refirió al tema, diciendo en su Informe sobre el estado de la libertad de expresión en Canadá2010/2011, que había constatado que “el secretismo del gobierno ha empeorado en los últimos meses” con más demoras en responder a solicitudes de información y una caída dramática en la cifra de solicitantes que recibieron toda la información que buscaban. “El acceso a la información del gobierno no funciona para los ciudadanos canadienses”, declaró el miembro de la Junta del CJFE y periodista Bob Carty. El 28 de septiembre —Día Internacional del Derecho a Saber—se publicó un estudio conjunto realizado por el Centre for Law and Democracy in Canada y Access Info Europa, con sede en España, que colocaba a Canadá en el lugar 42 entre 89 países con leyes de derecho a la información. El estudio evaluó el marco jurídico del derecho a la información de cada país en un número de categorías específicas. “Está claro que, aunque cierta información gubernamental está disponible abiertamente a los canadienses, una cantidad importante no lo está”, concluyó el estudio. Señaló que la Ley de Acceso a la Información de Canadá no ha sido actualizada desde su creación en 1989. En su último Índice de Libertad de Prensa en el mundo, la organización no gubernamental Freedom House clasificó a Canadá en el lugar 26 entre 186 países, alegando que los medios de comunicación en este país se enfrentan a restricciones, pero éstas son más bien limitadas, según estándares internacionales. El Comité Canadiense para la Libertad de Prensa, en su gala anual de mayo, concedió el Premio a la Libertad de Prensa al Citizen Lab, un centro de la Universidad de Toronto que investiga el espionaje digital y ha desarrollado un software para eludir la censura. El galardón anual se concede a una persona o grupo canadienses que haya defendido y promovido la causa de la libertad de expresión. En otro orden de cosas, el gobierno de la provincia de Quebec anunció que celebraría reuniones públicas para la discusión de su propuesta de crear una legislación que defina quién es periodista profesional. La intención sería la de “distinguir entre quienes se dedican a ‘servir al interés público’ de los blogueros aficionados”. El periódico National Post calificó la propuesta de “alarmante” y dijo que los periodistas ciudadanos deben ser “alentados, no frenados”. En agosto se informó de que Elections Canada, el organismo independiente que supervisa las elecciones nacionales del país, instó al gobierno federal a que reforme una ley, que ya tiene 73 años, que prohíbe la transmisión de noticias, opiniones y resultados de la votación antes del cierre de los colegios electorales. En la elección federal de mayo de este año quedó sobreentendido que una serie de organizaciones de noticias infringieron la ley al utilizar medios sociales como Facebook, Twitter y YouTube para compartir los resultados de todo el país antes del cierre de los colegios electorales en todas las seis zonas horarias. A principios de este año, un estudio realizado por el Consorcio Canadiense de Investigación de Medios (CMRC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de British Columbia halló que redes sociales como Facebook y Twitter están transformando la forma en que los canadienses reciben las noticias, aunque sólo el 25 por ciento de los encuestados calificó como confiables a los medios sociales, en comparación con un 90 por cientoque calificó así a los medios tradicionales. Sun Media, la más grande empresa editorial de periódicos de Canadá, anunció que retiraba sus 27 títulos, entre ellos el Toronto Sun, del Consejo de Prensa de Ontario (OPC, por sus siglas en inglés), alegando que la organización reguladora tenía una mentalidad “políticamente correcta”. Un portavoz de Sun Media expresó: “La dirección editorial de nuestros periódicos, especialmente los tabloides, es incompatible con una mentalidad políticamente correcta que conforma el OPC, pensando en la selección de los casos que escucha y las resoluciones que presenta”. El OPC había criticado recientemente al Toronto Star por su decisión de publicar una foto de la esposa del príncipe Guillermo, Kate, en el momento en que una ráfaga de viento le había levantado el vestido.

Pierre Sormany, jefe de periodismo de investigación de Radio Canadá, la red francesa de la Canadian Broadcasting Corporation con sede en Montreal, fue suspendido después de que publicó declaraciones consideradas falsas en Facebook, implicando al columnista político y ex ministro del gabinete federal, Jean Lapierre, en una investigación sobre crimen organizado. Lapierre ha presentado una demanda por daños y perjuicios por lo que llamó “falsas y difamatorias” declaraciones. Radio Canadá señaló en un comunicado que Sormany había “hecho comentarios personales en una página de Facebook sobre un tema álgido, violando las normas periodísticas y las prácticas de Radio Canadá”.

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