Colombia

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Continúan las amenazas contra periodistas y medios de comunicación en distintas regiones del país, perpetrados por bandas de paramilitares, criminales, narcotráfico y de la subversión. También son preocupantes las acciones legales emprendidas contra los mismos por contenidos informativos y de opinión, especialmente cuando algunas de estas han prosperado a favor de los demandantes.

Otro motivo de preocupación para los medios del país tiene que ver con algunas leyes aprobadas, como el Estatuto del Consumidor, en el que se establece la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación por la publicidad engañosa, en casos en los que se les compruebe dolo o culpa grave. Otros proyectos de ley que aún no han sido aprobados pueden afectar de alguna manera el desempeño y la comercialización de los productos de los medios de comunicación.

Casos más importantes en este periodo Hace un par de semanas en el departamento del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta, 11 periodistas recibieron amenazas de muerte a través de panfletos, llamadas telefónicas e intimidaciones. Entre los periodistas amenazados se encuentran el director del periódico Hoy Diario del Magdalena y vicepresidente de la Comisión de Impunidad de la SIP, Ulilo Acevedo Silva; el director de la estación Radio Magdalena Cipriano López Jánica y nueve comunicadores de emisoras y de un diario local.

Las autoridades han identificado como presuntos autores de las amenazas a grupos armados al margen de la ley que vienen actuando de manera confabulada con quienes se ven directamente señalados en notas de prensa.

El 17 de septiembre se inició la audiencia de cinco días de duración por el juicio contra el dirigente político de Caldas, Ferney Tapasco, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del subdirector del periódico La Patria, Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002. Además de Tapasco, la Fiscalía también sindica por el homicidio a Henry Calle Obando y a los hermanos Gabriel Jaime, Jorge Hernando y Fabio López Escobar, que trabajaban con el dirigente liberal. Sin embargo, después de tres días, la audiencia fue suspendida el 20 de septiembre por el fiscal del caso señalando que no pudo concretar la participación en la audiencia de varios testigos claves en el caso, citándola nuevamente para el próximo 30 de noviembre. Después de 12 años de impunidad, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía dio un paso trascendental para el esclarecimiento de los delitos de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y sometida a ultraje sexual por parte de miembros de los grupos de autodefensa. El ente investigador dictó medida de aseguramiento contra tres ex paramilitares, al tiempo que admitió que este episodio debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad. El 23 de agosto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó las afirmaciones consagradas en las columnas de opinión de las periodistas María Ximena Duzán, de la revista Semana, y Cecilia Orozco, del diario El Espectador, en las que aludían a este organismo judicial, y anunció que instauraría una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Orozco, argumentando que las afirmaciones contenidas en su columna fueron “infundadas, torcidas, descomedidas y denigrantes”. La Corte Suprema anunció el 27 de agosto que, “en aras de contribuir al clima de ponderación y mesura que tanto necesita el país”, desistía de sus intenciones de demandar a Orozco. El 15 de mayo se registró un atentado contra Fernando Londoño Hoyos, exministro de Interior y Justicia, y actual director de un programa radial que se transmite en la Cadena Súper. El atentado que dejó a dos miembros de su esquema de protección muertos, ocurrió al norte de Bogotá. Londoño, quien sobrevivió al atentado, sufrió lesiones de gravedad. Otras 30 personas que transitaban por el lugar también resultaron heridas. Las autoridades detuvieron a cuatro personas, encargadas por las FARC para ejecutar el atentado. El periodista francés Roméo Langlois, quien desapareció el sábado 28 de abril tras combates del Ejército y las FARC en Caquetá, fue secuestrado, afirmó un día después el ministro francés de Relaciones Exteriores, Alain Juppé. El Ministerio de Defensa dijo que Langlois, radicado hace más de 10 años en Colombia, estaba con una unidad de militares y policías para cubrir las operaciones de destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína cuando se produjeron combates con miembros del Frente 15 de las FARC en la zona rural de La Montañita, en Caquetá. En los choques armados, en los que murieron tres militares y un policía, Langlois —colaborador independiente de la televisora France 24 y el diario Le Figaro— tenía un chaleco y un casco que le dio la fuerza pública al iniciar el operativo, según explicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Al verse en medio del fuego cruzado, Langlois se quitó el casco y chaleco que portaba y se entregó a los guerrilleros en medio del combate, siendo herido en un brazo. Langlois permaneció en poder de las FARC un mes, fue liberado el 27 de mayo. Como facilitadores para su liberación actuaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ex senadora Piedad Córdoba y Jean-Baptiste Chauvin, delegado del gobierno francés. Según informes de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (FLIP), el 5 de junio fue amenazado en Barrancabermeja, Santander, el periodista y director del diario La Tarde, Diro César González. La amenaza -a través de un sufragio- fue dejada bajo la puerta de su casa y sería autoría de la banda Criminal de los Rastrojos. González es beneficiario del programa de protección de periodistas del Ministerio del Interior y ésta es la séptima amenaza que recibe en seis años. La amenaza se da luego de que González publicó su libro “Los días que estremecieron a Barrancabermeja”, un compilado de investigaciones periodísticas sobre temas de orden público y paramilitarismo en la región. El 3 de agosto resultó herida Paola Osorio, locutora de la emisora comunitaria Sarare Estéreo, en Arauca, a raíz de un ataque con explosivos. La detonación ocurrió a unos metros de la emisora e hirió a la locutora que salía en ese momento de las instalaciones. Continúa el incremento de acciones judiciales contra medios y periodistas por contenidos informativos y de opinión. Preocupan las decisiones tomadas sin realizar una previa investigación sobre la veracidad de la información, deduciendo responsabilidad penal a partir de las funciones editoriales de directores. Por gestión de Andiarios y la FLIP, el 26 de abril, el jurista Guillermo Puyana, con el apoyo del letrado Rodrigo Uprimny, interpuso un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia del 29 de febrero de 2012, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca condenó al periodista Luis Agustín González, director del periódico Cundinamarca Democrática, a 18 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 17 salarios mínimos legales mensuales por la comisión del delito de injuria. El tribunal consideró en la sentencia que los calificativos críticos contenidos en el editorial titulado “¡No Más!”, publicado en diciembre de 2008, en el cual se cuestionaba la gestión de la ex gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo y se alertaba sobre su aspiración de regresar al Congreso de la República, lesionaron la integridad moral de la líder política. La Corte fijó para el 22 de octubre la audiencia de sustentación del recurso. Varios proyectos de ley, de ser aprobados, limitarían la libertad de prensa. Continuarán los intentos de legislativos de imponer a los periódicos y otros medios de comunicación obligaciones y prohibiciones relacionadas con divulgación de contenidos que afectan la autonomía editorial y limitan la libertad de información. El proyecto de ley No. 73 /12 Senado, impone a los medios de comunicación la obligación de divulgar información relacionada con los derechos y libertades de las personas mayores, así como su bienestar social y su salud física y mental y les prohíbe transmitir mensajes discriminatorios contra el adulto mayor. El proyecto de Ley No. 156 de 2011 Senado, contiene importantes disposiciones en materia de acceso a la información pública, aunque tiene algunas disposiciones que generan preocupación para el ejercicio del periodismo, como son la censura de la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales; la posibilidad para las entidades de negar documentos cuando haya un interés público superior al de acceder a la información; o documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. Por tratarse de una ley estatutaria, el proyecto se encuentra en estudio en la Corte Constitucional. El proyecto de Ley No 052 de 2012 Cámara, establece un sistema de monitoreo de medios de comunicación en cada departamento de Colombia, con el fin de “prevenir que informaciones, patrones o campañas comerciales contribuyan o favorezcan cualquier forma de discriminación o maltrato contra las niñas y mujeres, a fin de propiciar la erradicación de tales eventos.” El proyecto de Ley No 18 de 2012 Senado, elimina la prescripción especial de 30 años, consagrada en la Ley No. 1426 de 2010, para los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada, cuando la víctima es periodista, miembro de una organización sindical o defensor de Derechos Humanos. Sin embargo, Andiarios ha concertado con los ponentes para que no se derogue la misma. En materia de impunidad, un informe entregado por Andrés Morales, director ejecutivo de la FLIP establece que 139 periodistas fueron asesinados por razones de oficio desde 1977 hasta el 2012. Estos casos tienen el siguiente estatus: No ubicados por la fiscalía, 49; en instrucción, 16; en preliminares, 27; en juicio, 3; suspendidos, 9; con resolución inhibitoria, 7; con sentencia condenatoria, 19; y con sentencia absolutoria, 7; prescritos, 59; prescritos sin sentencia condenatoria a responsables, 45; y por prescribir en lo que queda de año, 1. Durante el 2012 se registró una condena penal emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta contra Edgar Ariel Córdoba Trujillo, sentenciado en febrero a 24 años y dos meses de cárcel por el asesinato del periodista Álvaro Alonso Escobar el 23 de diciembre de 2001, en el municipio de Fundación Magdalena. De igual forma, el Consejo de Estado emitió sentencia condenatoria en febrero al encontrar administrativamente responsabilidad del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) en el asesinato de la periodista Amparo Leonor Jiménez, al considerar que el asesino debía estar privado de su libertad cuando ocurrió el crimen el 11 de agosto de 1998. En septiembre se dictó medida de aseguramiento contra Jorge Luis Alfonso López (hijo de La Gata, empresaria de juegos de azar que se encuentra encarcelada), por serios indicios que lo relacionan con el asesinato del político y periodista Rafael Enrique Prins en 2005. El 4 de julio se inició un juicio contra José Miguel Narváez, ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por presunta autoría intelectual en el homicidio de Jaime Garzón.

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