Costa Rica

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No se han producido graves escándalos políticos o acciones para censurar o silenciar a la prensa del país.

Sin embargo, los legisladores dieron un grave paso en falso que podría haber tenido un enorme impacto en la libertad de prensa. En julio, los miembros de la Asamblea Legislativa aprobaron en primera ronda de votación un proyecto de ley de delitos de información que buscaba aumentar las penas de cárcel reservadas a actos de “espionaje político”, incluidos durante los últimos 42 años en el Código Penal del país. Las reformas solicitaron penas de cárcel de entre cuatro y ocho años para los condenados. Eso significaba que, bajo las pautas de sentencia, cualquier persona que enfrente cargos de “espionaje político” serviría términos obligatorios de cárcel en caso de ser declarado culpable, mientras que las actuales pautas de sentencia permiten a los jueces flexibilidad para liberar a los acusados o prescindir de la cárcel.

Según la definición de “espionaje político” de la reforma del Código Penal, los periodistas y otros ciudadanos podrían ser acusados de “obtener indebidamente información política secreta o información relacionada con la seguridad pública”. Las pautas draconianas de sentencia y la descripción imprecisa de “espionaje político”, provocaron una inmediata protesta por parte de los miembros de la prensa y los comentaristas sociales y políticos, quienes señalaron que si el Congreso aprueba el proyecto de ley en una segunda ronda de votación y la presidenta Laura Chinchilla lo firma, podrían verse obstaculizadas investigaciones serias en cualquier tipo de asunto político bajo la amenaza de largas penas de prisión.

Habiendo recibido incontables críticas, los legisladores culparon a sus asesores legales por lo que consideraron había sido un “error”. Observadores algo más cínicos interpretaron la medida como un intento de bloquearlas investigaciones de la prensa sobre fechorías de políticos actuales, entre ellos los propios legisladores.

El proyecto de ley fue archivado indefinidamente.

Todavía sigue retrasado en la Asamblea Legislativa por tiempo indefinido un proyecto de ley sobre Libertad de Expresión y de Prensa. Desde que asumió el cargo en el 2010, la presidenta Laura Chinchillano ha hecho ningún esfuerzo por priorizar el debate del proyecto de ley, a pesar de haber contribuido a su elaboración durante su mandato como legisladora. El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea en el 2002.

La Constitución garantiza la libertad de prensa ,pero las leyes punitivas de difamación dejan a los periodistas a merced de posibles cargos penales por difamación o calumnia.

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