Ecuador

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No existe plena libertad de expresión y de información. Todos los poderes del Estado están tomando decisiones que la deterioran. Tres periodistas han sido asesinados durante el semestre, aunque solo un caso podría estar relacionado a su trabajo. Muchos han recibido amenazas y agresiones físicas menores. La justicia sigue emitiendo sentencias penales basadas en figuras como el desacato y la injuria a las autoridades. En este período se registran tres sentencias condenatorias y el inicio de varios procesos legales por delitos de opinión. La corte multó con 500 dólares a El Universo por publicar una foto de menores de edad acusándolo de perseguir fines políticos. Esto, a pesar de que el periódico contaba con la autorización del padre, un asambleísta de oposición que argumenta que la foto es parte de las pruebas que tiene para demostrar que su partido político tuvo un pacto con el Gobierno. La ley establece que la primera sanción es la multa ya puesta al periódico, la segunda es el cierre por tres días y la tercera sanción es la clausura indefinida. El régimen sigue usando recursos públicos para atacar y “desmentir” sistemáticamente lo que publican los medios, los periodistas y la gente que opina diferente. El presidente Rafael Correa promueve la idea de que los medios privados deben ser rechazados porque buscan el enriquecimiento de sus dueños, y por ello mantiene la prohibición a sus ministros de dar entrevistas a los que él llama “medios mercantilistas” (Ecuavisa, y Teleamazonas y a los diarios El Universo, El Comercio, Hoy y La Hora). Esta decisión cuenta con respaldo legal, ya que la justicia negó una acción de protección que buscaba declararla inconstitucional. El 13 de octubre el presidente advirtió que destituirá al funcionario público del gobierno que entregue información por sí solo a un asambleísta ya que considera que hay un exceso de fiscalización a su gobierno, que entregar tanta información es un gasto innecesario de papelería y que todos los pedidos de los asambleístas deben ser encausados a través del Presidente de la Asamblea. La Constitución Ecuatoriana establece que todo ciudadano tiene derecho a pedir información a los funcionarios públicos. También existe la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que determina la forma de hacer pedidos. La Asamblea Nacional continúa con el trámite de varias leyes, entre ellas la de Comunicación, que de promulgarse agravarán el marco legal existente. La propuesta de Código Penal del Gobierno elimina la palabra “desacato”, pero mantiene y robustece esa figura, además crea el delito de “acoso político”. Está en plena vigencia el Código de la Democracia (denominación de la Ley Orgánica de Elecciones), que prohíbe que los medios difundan reportajes que puedan inducir a votar a favor o en contra de los candidatos. La Corte Constitucional levantó las medidas cautelares solicitadas por AEDEP y Fundamedios, pese a que no resuelve aún la demanda de inconstitucionalidad de tal veto, planteada por esas organizaciones. El Consejo Nacional Electoral emitió el 15 de junio un código de ética, en donde pide a sus funcionarios evitar y abstenerse de dar información. El Consejo de la Judicatura recomendó a los juzgados que publiquen sus avisos en el periódico estatal El Telégrafo, en lugar de los periódicos privados. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones emitió un reglamento que ordena a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones remitirle las bases de datos de las IP de sus clientes. Entendidos aseguran que esta es una violación a la privacidad y posible forma de control de redes sociales. La autocensura va ganando terreno. Varios propietarios de medios han preferido cerrar programas que puedan incomodar al Gobierno. La periodista Janet Hinostroza prefirió retirarse del periodismo de investigación y suspender la difusión de una indagación sobre posible corrupción en el gobierno, debido a las amenazas que recibió. El diario El Comercio suspendió temporalmente los comentarios de los cibernautas en su web, debido a que el gobierno amenaza con iniciar acciones legales en contra del medio y los lectores que, a su juicio, injurian. La institucionalidad está tan golpeada y controlada por los políticos y las bandas delictivas, que sus perseguidos prácticamente quedan en estado de indefensión. Empieza a ser común que los afectados por la violación de su derecho a la libre expresión encuentren su última esperanza en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y no en el país. La Organización de Estados Americanos aceptó dar trámite al pedido de Ecuador de reformar el sistema de protección de los Derechos Humanos. Reforma que mermaría recursos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de que el gobierno invitó a la CIDH para que visite el país y constate “in situ” la situación de la libertad de expresión, esa visita no se ha concretado. Las violaciones más destacadas del semestre son: Los cuatro veedores que conformaron la Veeduría Ciudadana que investigó los contratos entre Fabricio Correa, hermano del Presidente, y el Estado, fueron llamados a juicio por el presunto delito de falso testimonio, luego de que el mandatario lo solicitara a la Corte. Ellos se han declarado perseguidos políticos y están tramitando asilos en otros países. En febrero del 2011 los veedores habían concluido que el presidente Correa estaba informado sobre los contratos que por cientos de millones de dólares su hermano Fabricio tenía con el Estado para la construcción de varias obras civiles. La veeduría fue conformada por el Consejo de Participación Ciudadana, una de las cinco funciones del Estado, por pedido del Presidente. Una veintena de radios y canales de televisión regionales fueron cerrados durante el semestre. Entre ellas: Radio Cosmopolita “La Pantera 960 AM”, de Quito; las radios RU Matriz Cadena Sur Ecuador, de la ciudad de Machala, y K-mil, de la ciudad de Huaquillas, ambas de la provincia de El Oro; Radio Sucre, de Portoviejo; Radio Morena FM, de Guayaquil, y Radio Impacto, de la ciudad de Latacunga. Las autoridades sostienen que se debe a que no cumplieron con las normas técnicas y económicas vigentes, mientras que varios de los perjudicados aseguran que se trata de una retaliación política. El Tribunal Contencioso Electoral, parte del sistema electoral del país, impuso una multa de 80.000 dólares a la revista Vistazo; esta decisión deja sin efecto el fallo favorable que había obtenido el medio en diciembre del 2011. El delito es haber publicado un editorial en donde se pidió votar por el “No” en varias preguntas de la consulta popular del 7 de mayo del 2011, dentro de los días de silencio electoral que dispone la ley previo a cada sufragio. El periódico estatal El Telégrafo no ha recibido sanción alguna pese a que publicó dos artículos que inducían a votar por el “Sí" en esos mismos días de silencio electoral. El caso Cofiec resume una serie de afectaciones contra la libertad de expresión. Cofiec es uno de los bancos incautados por el Estado luego de la crisis bancaria de fin de siglo, administrado por el fideicomiso No Más Impunidad, que está en manos de Pedro Delgado, primo del presidente Correa. El banco concedió un crédito de 800.000 dólares al argentino Gastón Duzac, quien presentó como garantías flujos de dinero futuro de empresas del propio Estado ecuatoriano. Luego de recibir el dinero, Duzac lo transfirió a Nueva York y salió del país. La periodista Janet Hinostroza recibió amenazas serias luego de su investigación “Los Vínculos del Poder”, anunciando su retiro temporal de la actividad. El 11 de septiembre la revista Vanguardia recibió el pedido de la Fiscalía de Pichincha para que, según la ley, en tres días diera el nombre del autor del artículo “Los Magos de la Banca Móvil”. La fiscalía actuó luego de recibir el requerimiento de Francisco Endara, cuñado de Pedro Delgado (primo del presidente). Por su parte, Pedro Delgado hizo similar pedido a El Comercio y al blog de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha por el artículo Manejo Ilegal de Billetera Móvil, Créditos Vinculados de Cofiec y Negociaciones con Irán. Por segunda ocasión en menos de dos años los equipos de computación de la revista Vanguardia fueron embargados. En este semestre lo hizo el Ministerio de Relaciones Laborales, aduciendo que la revista tiene una multa de 30.000 dólares por no haber contratado al número de personas con discapacidad que le corresponde según la ley. El 13 de octubre el presidente Correa advirtió que destituirá al funcionario público del gobierno que entregue información por sí solo a un asambleísta ya que considera que hay un exceso de fiscalización de su gobierno. Otros casos de importancia: El 5 de mayo periodistas que habían acudido a cubrir una reunión del secretario nacional de Inteligencia, Raúl Patiño, con dirigentes barriales en la ciudad de Portoviejo, fueron expulsados del coliseo Eloy Alfaro e impedidos de grabar, fotografiar o hacer entrevistas. El 26 de mayo el presidente Rafael Correa rompió un ejemplar de diario La Hora e hizo un llamado para que sus seguidores apoyen su gestión absteniéndose de comprar los medios que él califica como corruptos. El mandatario se molestó porque considera que sus palabras fueron tergiversadas. El 28 de mayo el articulista Miguel Macías Carmigniani, de El Comercio, fue querellado ante la fiscalía por el contenido de su artículo “¿Familias alternativas?”. Agrupaciones de homosexuales, gays, lesbianas y transexuales consideran que el contenido incita al odio, lo que está prohibido por la Constitución. El 4 de junio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ordenó el embargo de bienes del diario La Verdad, que circuló durante 68 años en la ciudad de Ibarra, por deudas en el pago de aportes a sus trabajadores. Pocos días después el prefecto de la provincia dijo que se estudiaba la posibilidad de convertir al periódico en empresa pública. El 6 de junio, autoridades de la Intendencia de Policía de la provincia de Tungurahua, la Fiscalía y la Superintendencia de Telecomunicaciones, clausuraron e incautaron equipos de la estación Radio Net, de la ciudad de Ambato. El argumento es que el medio adeudaba valores por el arrendamiento de la frecuencia. Ese mismo día el Consejo de la Judicatura “recomendó” a los juzgados que los avisos judiciales sean publicados en el estatal El Telégrafo. Desde entonces ha habido una merma de esos avisos en los diarios independientes. El 12 de junio la jueza temporal del Juzgado Segundo de lo Civil de Tungurahua, Nelly Paredes Ochoa, sentenció al periodista Wagner Ortega Arcos a pagar $ 10.000 a la ex intendenta Iris Vergara Echegaray, quien lo demandó por daño moral en el 2005. El periodista de La Hora fue demandado porque escribió una nota en donde decía que la ex intendenta “fue acusada por una supuesta estafa en la compra-venta de un automotor…”. El 16 de junio el presidente Correa en su cadena sabatina mostró una foto del editor general de El Universo, Gustavo Cortez, acusándolo de ser “un tipo siniestro, odiador” y de ser el responsable de los reportajes de investigación sobre supuestos actos de corrupción de funcionarios del gobierno. Además dijo que Emilio Palacio era sólo un “tonto útil” y que los hermanos Pérez “no conocen ni El Universo, sólo reciben las ganancias”. En junio la Asamblea Nacional debatió el proyecto de Código Integral Penal propuesto por el Ejecutivo. La Comisión de Justicia planteó la desaparición de los delitos de injuria, incluso la proferida contra la autoridad, pero creó la figura del acoso político con pena de uno a tres meses de prisión y multa de veinte a cincuenta salarios básicos unificados. El proyecto fue aprobado en primera instancia por la Asamblea Nacional; aún está pendiente el segundo debate. El 18 de junio el periodista Jaime Cedillo fue notificado con el cierre de su programa “Libertad de expresión”, que se transmitía diariamente en radio Nexo 99.7, de la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay. El 26 de junio la fotógrafa Yadira Romo, del área de Comunicación de la Gobernación de la provincia de Carchi, denunció que fue amenazada de muerte por un desconocido a través de una llamada telefónica, después de haber tomado gráficas de un altercado verbal entre un periodista del diario La Nación y otro del medio público El Ciudadano. El 28 de junio la Secretaría Nacional de Comunicación descalificó, a través del periódico oficial El Ciudadano, a la Unión Nacional de Periodistas, tildándola de ser un actor político de oposición y mencionó que sus directivos tienen doble moral. Esta reacción fue la respuesta a un comunicado del gremio en el que manifestaba su preocupación por el ambiente de tensión contra los periodistas del país. El 1 de julio la República Checa le concedió estatus de “exiliado político” al activista político Pablo Guerrero Martínez. En Ecuador Guerrero y otras 12 personas enfrentan un proceso judicial por supuesto terrorismo por una causa iniciada por el fiscal Gustavo Benítez. El 30 de septiembre del 2010 en la noche un grupo de personas entró a la fuerza a las instalaciones de Ecuador TV para dar a conocer su versión sobre los acontecimientos, ya que ese canal era el único que durante casi todo el día pudo transmitir los hechos, pues el gobierno decretó un “estado de excepción”, silenciando a los canales privados. El 1 de julio Byron Baldeón, periodista corresponsal de diario Extra, fue asesinado por desconocidos cuando llegaba a su casa en el cantón El Triunfo, provincia de Guayas. Baldeón había investigado acerca de un robo a un contenedor de televisores, registrado en mayo, y por ese delito la justicia detuvo a tres policías y dos civiles. El 5 de julio los periodistas de los medios del gobierno fueron impedidos de ingresar a la rueda de prensa que ofreció el asambleísta Galo Lara, del partido Sociedad Patriótica (oposición), en Guayaquil, quien está siendo involucrado por el Gobierno en un asesinato. El 12 de julio la Corte Constitucional levantó las medidas cautelares que mantenían en suspenso la aplicación de las reformas a los artículos 203 y 207 de la Ley Orgánica Electoral. Estos artículos establecen censura previa y restricciones a las publicaciones periodísticas durante los procesos electorales. El 19 de julio la Asamblea Nacional fue convocada de forma súbita para votar en segunda instancia la Ley de Comunicación, pero sin resultados, porque el gobierno no logró obtener la mayoría de votos. El 20 de julio el Consejo Nacional de Telecomunicaciones puso en vigencia un nuevo reglamento de abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones del país, uno de cuyos artículos, el 29, dispone que los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado remitan a la Superintendencia de Telecomunicaciones información relativa a las direcciones IP asignadas a sus abonados/clientes-usuarios. Esto, para muchos entendidos, puede usarse como medio para identificar a quienes piensan diferente al Gobierno de turno. El 24 de julio el fiscal de Guayas, Antonio Gagliardo, desestimó la denuncia de prevaricato y falsedad ideológica que los abogados de diario El Universo y sus directivos habían planteado en contra del juez Juan Paredes Fernández por haberlos sentenciado a tres años de prisión y a pagar 40 millones de dólares de multa en un proceso polémico. Básicamente al magistrado se lo acusaba de no haber redactado él mismo la sentencia, sino que la recibió de fuente externa en un pen drive y luego la cargó en su computadora. En julio, durante los nombramientos de la nueva Corte de Justicia, tres de los jueces que fallaron en contra de diario El Universo y a favor del presidente Rafael Correa fueron nombrados como nuevos magistrados de la República. El 29 de julio El Comercio pidió disculpas públicas al presidente Rafael Correa luego de que su nota “Correa da su versión del desfile Olímpico”, colgada en su sitio web, fuera comentada por el ciudadano Zenón Moreno, quien calificaba al mandatario como “marica degenerado” y que había pensado ir a Londres “para traerse la medalla de oro en homosexualidad”. El Comercio reconoció que fallaron los filtros, porque su política es no dar paso a insultos. El 10 de agosto, 45 páginas web de instituciones estatales, partidos políticos y personas afines al Gobierno fueron hackeadas supuestamente por el grupo de activistas Anonymous, que anunció estas acciones para el día en que el presidente Correa presentaba su informe a la nación. Uno de los sitios atacados fue el blog de Fernando Alvarado, secretario de Comunicación. El 16 de agosto el gobierno nacional otorgó asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, luego de concluir que es un perseguido político que corre el riesgo de no tener las garantías de recibir un proceso judicial justo en Suecia, país que lo requiere por delitos sexuales. En su argumentación el Gobierno resaltó ser un aliado de la libertad de expresión. El 17 de agosto la oficina de migración de Estados Unidos otorgó asilo a Emilio Palacio. El amparo fue concedido a los seis meses de que Palacio lo solicitara. El 20 de agosto la Sala de Conjueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja sentenció a cinco años de prisión al periodista Freddy Aponte, tras ratificar, por escrito, la condena de primera instancia emitida el 9 de agosto del 2011. Lo culpan de insolvencia fraudulenta, pues no pagó una indemnización de 54.633 dólares por un juicio por daño moral planteado por Bolívar Castillo, exalcalde de Loja. El 22 de agosto el presidente Correa, por medio de su cuenta en Twitter, pidió a la Secretaría Nacional de Inteligencia que investigara a un tuitero que le había enviado un mensaje en el que lo llamaba “inmoral, ladrón, mitómano” y lo acusaba de querer adueñarse de la Asamblea. Correa pedía al organismo que procediera judicialmente. El tuitero borró su cuenta después de esto. El 25 de agosto el presidente Correa ordenó a las delegaciones diplomáticas ecuatorianas que no dejen pasar las “mentiras y tergiversaciones” de la prensa respecto de lo que sucede en Ecuador y las limitaciones a la libertad de expresión. En la misma intervención recomendó a la empresa Odebrecht que enjuicie a La Hora por "omitir información clave" y "desinformar a los ciudadanos" en una investigación periodística sobre los contratos de esa compañía. El 28 de agosto la Corte Provincial de Justicia de Pichincha sentenció como culpable de desacato a Jaime Solórzano, exejecutivo de una empresa de casinos, por haber injuriado al asambleísta Juan Carlos Casinelli y a los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, secretarios de la Administración Pública y de Comunicación, respectivamente. El 2 de septiembre el fotoperiodista Juan Antonio Serrano fue asesinado en Cuenca al finalizar una reunión entre amigos y familiares. Serrano es hermano del ministro del Interior, José Serrano. Su trabajo estaba más orientado a la fotografía artística que a la periodística. El 3 de septiembre la Policía Nacional encontró el cuerpo del periodista Luis Ruiz, corresponsal de los diarios Extra y Expreso en el cantón Playas, de la provincia del Guayas, asesinado de un balazo en la cabeza. No hay indicios que sostengan que el crimen tenga relación con su labor periodística. El 23 de septiembre el periodista Alejandro Escudero, del semanario Independiente de Nueva Loja, en la amazonía ecuatoriana, fue amenazado por dos personas que ingresaron a su oficina y le mostraron un arma. Según la denuncia, los desconocidos le dijeron “no andes metiendo la cabeza donde hay mal olor”. El 24 de septiembre el periodista Gonzalo Rosero, de radio Democracia, denunció que ha sido víctima de acoso, aunque no especificó a qué investigación o noticia se debe. Una de las formas de acoso ha sido la persecución vehicular por las calles de Quito. El 25 de septiembre el periodista Franklin Morán, de la estación Telerradio, en Guayaquil, fue prohibido de ingresar a un conversatorio del Presidente con medios de comunicación, porque, según le dijeron, sus preguntas podrían resultar incómodas al mandatario.

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