Nicaragua

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El secretismo y la falta de acceso a la información pública siguen siendo férreas. El gobierno sólo informa a través de lo que ha llamado medios de comunicación del poder ciudadano, un conglomerado de medios oficialistas y familiares. Durante las “comparecencias” a los medios oficiales, no se formulan preguntas, solo se trata de monólogos entre los funcionarios públicos y periodistas partidarios sobre los avances del gobierno en materia económica o social. Existe un duopolio que controla ocho de los nueve canales de televisión abierta en el país. De un lado, Ángel González con el manejo de los canales de mayor audiencia -- 10, 2, 9 y 11-- dedicados esencialmente al entretenimiento y la nota roja, sin ofrecer ningún espacio al debate público o la fiscalización del poder; y del otro lado, el grupo empresarial de la familia presidencial favorecido por la publicidad oficial, que controla los canales 4, 8 y 13 y utiliza al 6, supuestamente el canal Nacional, a través del cual disemina propaganda oficial, entretenimiento y también nota roja. Este duopolio empezó cuando el Instituto de Telecomunicaciones, (TELCOR) entregó concesiones al emporio del empresario mexicano Ángel González. El artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua permitía que un extranjero pudiera tener hasta el 49% de un medio de comunicación y no ser director del mismo. Una reforma constitucional, de parte de una ley ordinaria, puso a los medios de comunicación bajo la Ley de Comercio, donde no existe ese tipo de límites. Existe también abuso por parte de TELCOR para imponer las cadenas presidenciales de radio y televisión, sacando del aire a los canales internacionales que se transmiten por cable. Urge la creación de una nueva ley de telecomunicaciones para terminar con la discrecionalidad y la falta de seguridad jurídica que impera en la asignación de las frecuencias radioeléctricas. Actualmente todas las licencias de frecuencias se encuentran en un limbo legal, ya que la Ley que debería regir la materia espera en Asamblea Legislativa desde 2005, por lo que la aplicación penal o administrativa está en manos del ente regulador, TELCOR. El partido de gobierno cuenta además con otros medios de comunicación, las radios Ya, Sandino, Primerísima y Nicaragua; portales electrónicos como El 19 Digital y Nicaragua Triunfa. También ha adquirido medios radiales en los departamentos norteños de Jinotega y Matagalpa, zonas de reconocida filiación anti orteguista y donde se desarrolló una buena parte de la guerra civil de los años ochenta. También tiene medios radiales en el departamento sureño de Rivas, fronterizo con Costa Rica. Continúa la discriminación, iniciada desde el primer período presidencial (2007-11) del presidente Daniel Ortega de negarle la publicidad estatal a los medios independientes, golpeando principalmente a las radios pequeñas. Debido a esta política, los pocos medios independientes que subsisten, así como sus periodistas, practican la autocensura para evitar represalias económicas de parte del gobierno. El alcalde sandinista del municipio de Somoto, Wilson Pablo Montoya Rodríguez, señaló de mentirosos a los conductores de Columbia Canal 13 de Somoto, (norte del país) porque estos denunciaron las amenazas de un posible cierre de esta televisora local. A los pocos días las amenazas se hicieron realidad, Canal 13 salió del aire. Los socios de la empresa de cable, conocida como Concas, emprendieron un nuevo canal mexicano. Juan Carlos Pineda Menjíbar, director de la televisora local, denunció que la dirigencia del Frente Sandinista (FSLN) encabezada por el secretario político de ese partido en Madriz (departamento al norte de Nicaragua), Nery Rodezno, supuestamente presionó a los socios de la empresa de cable en Somoto, a través de TELCOR, para que estos le quitaran la señal a este medio de comunicación. El cierre del canal, dijo Menjíbar, quien es militante del FSLN, se lo habían dado a conocer en una reunión los socios de Concas, porque Rodezno había mandado una carta a TELCOR quejándose de que en esa televisora se criticaba mucho la corrupción de algunos funcionarios del Estado, y que si no se tomaban medidas se procedería a quitarle la licencia de permiso de operaciones a esa empresa de cable local. Roberto Petray, coordinador nacional de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) y Alberto Rosales Mondragón, asesor legal en la región del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), demandaron la apertura de la televisora local Columbia Canal 13.

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