Panamá

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Se produjeron en este período graves riesgos relacionados con retención de periodistas y obstaculización de su labor, campañas de descrédito para amedrentar a periodistas, acoso judicial, ataques directos al normal funcionamiento de los medios de comunicación y un incremento a la negativa de información de interés público. Los hechos más relevantes en este período fueron: El Dialogo Nacional por la Libertad de Expresión que fue convocado por el Gobierno Nacional, con la mediación de la Iglesia Católica panameña, no se ha concretado. El 2 de mayo el administrador de la Autoridad de Turismo, representado por el abogado Rosendo Rivera, interpuso una demanda civil por más de un millón de dólares contra el diario La Prensa y los periodistas de la Unidad de Investigación de ese diario, Lina Vega y Santiago Cumbrera. En mayo el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) denunció amenazas perpetradas contra el reportero del diario Metro Libre, Betzerai Richard, luego de publicaciones de informaciones de la Universidad de Panamá en las que se involucran a grupos estudiantiles. Adicionalmente, hubo rechazo general a las agresiones sufridas por el camarógrafo de la Universidad de Panamá Víctor Acosta, al ser atacado por universitarios en los predios de la universidad. El 20 de junio durante protestas populares en los alrededores de la Asamblea Nacional de Diputados y luego de una serie de detenciones, los periodistas de la Corporación Medcom Jermaine Cumberbatch y Milagro Córdova fueron retenidos por agentes de la Policía Nacional que impidieron su labor periodística, quitándoles celulares, baterías y equipos de filmación. El 6 de agosto la periodista Rafaela Sánchez y un camarógrafo fueron retenidos por agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) cuando realizaban labores periodísticas en la planta potabilizadora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Durante este periodo se han incrementado ataques a los medios de comunicación (especialmente impresos) y periodistas a través de repartición de volantes anónimas y colgando videos anónimos en el portal de Youtube con los que se propalan campañas de descrédito. Con el inicio de su gestión como nuevo Ministro de la Presidencia, el 1 de agosto se dio una reunión entre dicho funcionario y representantes de los diferentes gremios y organizaciones que forman el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), durante la cual se expresó la disposición de puertas abiertas a un diálogo respetuoso “donde se preserven los valores y principios que validan nuestra democracia”. No obstante, simultáneamente a ese encuentro el presidente de la República atacó a los medios que “callan ante las buenas obras que hace el gobierno”. El 17 de julio, el Juzgado Décimo Séptimo del Circuito, Ramo Penal, emitió una sentencia histórica para la libertad de expresión y el derecho a la información. Fueron absueltos los periodistas del Canal TVN Siria Miranda, Kelyneth Pérez y Eduardo Lim Yueng, quienes habían sido querellados por un agente de la Policía Nacional, por la supuesta comisión del delito de calumnia. Entre el 2 y 3 de agosto trabajadores de la empresa constructora Transcaribe Trading (TCT), contratante con el Estado panameño, estacionaron camiones y equipo pesado alrededor de las instalaciones de Corporación La Prensa, con la clara intención de impedir la circulación de los diarios. Durante los días anteriores el diario La Prensa había publicado investigaciones periodísticas que revelaban contrataciones del Ministerio de Obras Públicas que favorecían a la constructora TCT con proyectos millonarios. Durante más de tres horas las autoridades de Policía Nacional se mantuvieron en las inmediaciones sin realizar ningún tipo de acción para impedir las acciones contra el diario. Más de tres horas después y con la intervención del presidente de la República se dio la remoción de los camiones. En la actualidad el Ministerio Público realiza investigaciones sobre los hechos. Recientemente, empresas que tienen relación con la constructora TCT presentaron un proceso civil en el que demandan 7 millones de dólares, por daños y prejuicios. Ante una situación de institucionalidad judicial débil, preocupa que esta acción pudiera terminar afectando las operaciones de los diarios de Corporación La Prensa. El 12 de septiembre el Primer Tribunal Superior de Justicia ratificó una sentencia de 2009, contra Editora Panamá América (EPASA), que publica el diario Panamá América, y los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, por una demanda civil por “daño moral”, presentada por Winston Spadafora, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La condena obliga a pagar 20 mil dólares en indemnización por daño moral y 5 mil por gastos legales. La noticia publicada en 2001 revelaba la construcción de una carretera con dinero público que beneficiaba a una propiedad de Spadafora, a la sazón ministro de Gobierno y Justicia. En días pasados, los abogados de Spadafora presentaron un recurso de Casación a fin de que se incremente la condena. En mayo el diario La Prensa publico un informe sobre la asignación de publicidad estatal que revelaría que el Gobierno la utiliza para perjudicar a determinados grupos editoriales y favorecer a otro. El próximo 6 de noviembre, se cumplirá un año del homicidio de Darío Fernández Jaén, ciudadano panameño con múltiples y simultaneas aéreas de desempeño, educador, abogado, político, periodista y comentarista radial, sin que haya concluido la investigación por parte del Ministerio Público que arroje claridad sobre los responsables y los motivos de este asesinato. Un reporte sobre el estado de la libertad de expresión de la Fundación Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información estableció en mayo que el 82,8 por ciento de los periodistas consideran que la vigencia de la libertad de expresión ha empeorado en los últimos tres meses. El 77 por ciento dijo haber experimentado negativa de acceso a la información pública y el 62 por ciento reconoció que hay amenazas veladas o directas contra periodistas.

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