Paraguay

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El hecho más relevante en este semestre fue la decisión del Congreso Nacional de iniciar, conforme a lo estipulado en el artículo 225 de la Constitución, un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. El proceso culminó con la destitución del mandatario por mal desempeño de sus funciones.

Aunque desde algunos ámbitos se argumentó que el jefe de Estado tuvo poco tiempo para ejercer su defensa, Lugo se sometió al juicio político voluntariamente, se defendió a través de sus representantes legales y, se sometió al resultado. En un mensaje televisado se despidió y se retiró por sus propios medios del Palacio de López. El vicepresidente de la República, Federico Franco, asumió la Presidencia. En términos generales, los medios de comunicación ejercieron libremente su actividad durante esa situación.

El 4 de setiembre, un grupo de 27 trabajadores de la Televisión Pública del Paraguay que habían efectuado manifestaciones políticas a favor del destituido ex presidente Lugo, denunciaron haber sido objeto de despido sin que se cumpliera de manera adecuada el requisito legal de aviso previo.

La Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM) sostuvo que se trató de rescisiones de contratos temporales que se habían suscrito con otras organizaciones y que fenecían el 31 de agosto.

El conflicto comenzó el 22 de junio cuando un enviado del nuevo presidente, Franco, se presentó en las oficinas de la TV Pública para solicitar la grilla de programación del canal. Las autoridades en funciones, que respondían a la administración anterior, tomaron ese hecho como un acto restrictivo de la libertad de expresión e iniciaron una serie de manifestaciones en contra del gobierno bajo la modalidad de “Micrófono abierto” en la vía pública, frente a las instalaciones del medio estatal.

En general, las principales amenazas para el ejercicio de la libertad de expresión, como venía sucediendo, se registran mediante querellas o demandas intimidatorias en las que exponentes del sector político o de poder, buscan intimidar la labor de los periodistas.

Incidentes destacados

La ex modelo Zuni Castiñeira amenazó a la periodista del diario ABC Color, Sandra López, a quien había querellado en los tribunales por supuesta difamación, calumnia e injuria. El 30 de junio del año 2011 el juez Manuel Aguirre decretó la absolución de la comunicadora. La sentencia fue apelada por Castiñeira.

En una comunicación, la ex modelo sostuvo que condenaría a la periodista “tarde o temprano”, y que si esto no sucedía “le va a ocurrir otra cosa”.

El ex general Lino César Oviedo, presidente del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), amplió la querella instaurada el 30 de marzo contra la periodista Mina Feliciángeli, de Radio 1000. La comunicadora calificó de “asesino” al ex militar y más adelante, en el curso de una entrevista en los tribunales, consideró a Oviedo “el autor moral de magnicidio” del ex vicepresidente Luis María Argaña, así como de nueve jóvenes que fallecieron en el marco de aquellos luctuosos acontecimientos, acaecidos en marzo del año 1999.

En abril, el periodista de ABC Color, Walberto Caballero y el directivo de la empresa EMPO, Enrique Ortuoste, llegaron a un acuerdo de conciliación en la querella por difamación, calumnia e injuria que ambos entablaron. Ortuoste había acusado al comunicador de ser un “asalariado” de la empresa de la competencia, El Farol, dedicada al procesamiento de residuos.

A comienzos de mayo, el grupo insurgente autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) amenazó, por medio de una nota, a la periodista Claudia Cazal de Zavala, quien trabaja en una radioemisora ubicada en el departamento de Concepción, al norte del país. La nota fue dejada frente a la vivienda de la comunicadora, quien ya había recibió amenazas similares, una misiva con un proyectil en 2008.

El juez Manuel Aguirre extinguió el 20 de junio el proceso abierto contra el director de ABC Color, Aldo Zuccolillo, y al comisario Gilberto Fleitas por supuesta calumnia, difamación e injuria, tras admitir el desistimiento del querellante Jean Claude Critón, efectuado un día antes del inicio del juicio. El ciudadano francés fue declarado litigante de mala fe y deberá cargar con las costas del juicio. Critón se había declarado agraviado por una publicación del 15 de diciembre de 2010 en la que se le vinculaba con la represión de la dictadura argentina (1976-1983), así como otros antecedentes por estafa y crímenes de lesa humanidad.

En reunión el 13 de agosto con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, miembros de la Unión de Radiodifusoras del Paraguay denunciaron que muchas de las 1.200 radios “piratas” (que no poseen autorización oficial) que operan en el territorio nacional promueven actos ilegales, tales como el cierre de rutas, las invasiones de propiedades privadas, el alzamiento y diferentes clases de acciones de amedrentamiento contra productores y hacendados. La entidad solicitó la investigación del caso al Ministerio Público y la intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

El asesor jurídico de la Municipalidad de Ciudad del Este, Braulio Duarte, amenazó el 28 de agosto a la periodista del diario Vanguardia, Teresa Gavilán, con presentar una querella en su contra por las publicaciones que tienen que ver con las deudas de la Comuna, a cargo de Sandra McLeod de Zacarías, esposa del precandidato presidencial del Partido Colorado, Javier Zacarías.

El 21 de septiembre, la jueza en lo civil y comercial de San Lorenzo, Blanca Rojas, prohibió la comercialización del libro “La familia detrás de cámaras”, de Verónika de Wiens -esposa del precandidato a senador del Partido Colorado Arnoldo Wiens- tras aplicar una medida cautelar de urgencia solicitada por Silvia Cubas Gusinky, hermana de la asesinada Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau secuestrada en 2004. La determinación se adoptó a raíz del supuesto testimonio de una fuente de la autora, que supuestamente involucra a la familia del ex mandatario en un caso de tráfico de órganos. En el libro también se incluye un comentario sobre el secuestro de Cecilia Cubas que la familia de la víctima considera ofensivo a su memoria.

El 26 de setiembre, el corresponsal del Centro Informativo Multimedios en Misiones, Gabriel Benítez, denunció ante el Ministerio Público haber recibido amenazas de muerte por parte de dos desconocidos en la ciudad de San Ignacio, en el departamento de Misiones, a 230 kilómetros de Asunción.

Benítez también es conductor de un programa periodístico en una radio local donde denuncia hechos de corrupción en la zona.

El 4 de octubre la radio Guyrá Campana de la ciudad de Horqueta, ubicada en el Departamento de Concepción (al norte del país) fue objeto de un atentado con explosivos por parte de integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Los atacantes dejaron en el sitio un comunicado de advertencia a los periodistas y a la prensa en general, a los que acusan de ser "los principales protagonistas" de la "campaña sucia" que es emprendida por parte del "gobierno y sus amos oligarcas".

Con posterioridad, miembros de la Asociación Paraguay de Radios del Interior (APRI), se reunieron con el ministro de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo (SICOM), Martín Sannemann, para solicitar seguridad y asistencia para el medio afectado.

El presidente Federico Franco, amenazó el pasado 4 de octubre con iniciar acciones legales contra el diario ABC Color tras la publicación de una serie de artículos que involucran a su esposa, la diputada Emilia Alfaro, en presuntas maniobras y supuestas intromisiones en licitaciones de servicios de transporte en la Entidad Binacional de Itaipú, por un valor aproximado de 18 millones de dólares. "Este tema vamos a tener que dirimirlo necesariamente en la justicia porque es muy fácil hablar de una persona, el equipo jurídico va a tener que accionar", manifestó el mandatario durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno.

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