Perú

Aa
$.-

Durante este periodo, el clima de tensión bajo el cual la prensa desarrolló su labor no disminuyó y por el contrario se observó con preocupación que aumentó la violencia contra periodistas. En junio, durante las protestas públicas contra un proyecto de minería, por el cual el gobierno declaró el estado de emergencia por 30 días en la Región Cajamarca, se registraron agresiones y amedrentamiento contra periodistas perpetrados por las fuerzas policiales. Por otro lado, se observó el resurgimiento de propuestas legislativas provenientes de diversos estamentos del poder político que de prosperar resultarían en serias restricciones para la libertad de expresión. En este sentido, saludamos la apertura demostrada por el Primer Ministro Juan Jiménez Mayor, en torno a la necesidad de debatir y modificar para no afectar las libertades de prensa, la propuesta de Ley de Negacionismo, presentada en agosto por el Ejecutivo al Congreso. El Proyecto de Ley Nº 1464/2012-PE plantea penalizar con pena privativa de libertad, no menor de cuatro ni mayor de ocho años, la difusión de opiniones contrarias a sentencias judiciales firmes o que “públicamente apruebe, justifique, niegue o minimice los delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas”. Si bien la iniciativa señala que “la libertad de expresión o de opinión no puede verse afectada con una figura delictiva como la propuesta, en la medida que, al no ser un derecho absoluto, encuentra límites innegables en las esferas jurídicas ajenas, tanto individuales como colectivas”, se considera que una interpretación limitante de ésta propuesta podría resultar contraproducente para las libertades, ya que no admitiría opiniones discrepantes.

También preocupa el intento de criminalizar el derecho a la opinión y cooptar el ejercicio legítimo de la derecho a la libertad de expresión e información, implícito en la iniciativa de ley que propone modificar el Art. 162 del Código Penal, referido a la intervención de las comunicaciones privadas, aprobado por el pleno del Congreso en diciembre 2011, observado por el presidente Ollanta Humala Tasso en enero 2012, y cuyo dictamen fue nuevamente aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en abril. El proyecto propiciaría un ambiente proclive a la censura al establecer sanciones privativas de libertad a quienes difundan materiales producto de la interceptación, máxime cuando en el pasado revelaciones de esta naturaleza han contribuido a develar actos de corrupción en torno a temas de interés público, que de otra manera hubieran quedado impunes. Fue positiva la visita al Perú, en junio, de Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ya que obtuvo el consenso tanto del entonces presidente del Congreso, como del presidente del Poder Judicial de contribuir a la formulación de propuestas alternativas a la actual sobre la base de la jurisprudencia interamericana. También preocupa el proyecto de Ley de Delitos Informáticos cuyo dictamen fue aprobado el 26 de junio, por la Comisión de Justicia y Derecho Humanos del parlamento y cuyo artículo 25 señala que “la investigación que se haga sobre delitos informáticos en la que esté de por medio información cuya difusión pueda generar pánico en sectores sensibles es de carácter reservado, bajo responsabilidad. Queda prohibido a los operadores del sistema penal revelar información o suministrar material incorporados en la investigación a terceras personas o a medios de comunicación social”. Esto resulta inquietante, en la medida que en la actualidad, la etapa de investigación en los procesos penales ya es reservada. Por otro lado, continúan inquietándonos decisiones erráticas contra periodistas y medios de comunicación en demandas civiles y penales. Luis Ferro Sandoval, editor del diario Correo, edición Tumbes, fue declarado reo contumaz, por el juez Carlos Lozada Oyola del Juzgado Penal de Liquidación de la Corte Superior de Tumbes en el proceso que se le sigue por el delito de difamación en agravio de la ex magistrada Mercedes Alarcón Schroder. El 5 de junio, el juez José Chávez Hernández del 12° Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, condenó al periodista y director de Diario 16, Juan Carlos Tafur, y al periodista Roberto More, a dos años de pena privativa de libertad suspendida y al pago de aproximadamente US$50.000 por concepto de reparación civil a favor del General (r) de la Policía Nacional, Antonio Ketín Vidal. En mayo, el mismo magistrado notificó a Carlos Paredes, director del noticiero 90 Segundos de Frecuencia Latina- Canal 2, sobre la querella por difamación interpuesta por Vidal, también ex ministro del Interior, a raíz de la publicación en 2006 del libro “La caída del héroe: la verdadera historia de Ketín Vidal”. Un caso que causó conmoción ocurrió a fines de abril cuando el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot, se presentó al local del diario Peru.21 para expresar su preocupación en relación a una violación de su cuenta de correo electrónico efectuada desde una dirección IP perteneciente a ese medio. El diario brindó las facilidades para la investigación e identificó la computadora desde donde se realizaron los ingresos. El 25 de abril, el periodista Rudy Palma admitió haber tenido acceso al correo del ministro y de otros funcionarios del Estado, y señaló que la intrusión a dichos correos tuvo como finalidad el buscar información para luego publicarla en caso de que su contenido fuera de interés público. Ante las evidencias, el diario optó por despedirlo por faltas éticas. Palma fue detenido y el 5 de mayo fue encarcelado hasta el 10 de julio. Actualmente continúa siendo procesado con orden de comparecencia. El 4 de mayo del 2012, la jueza Delia Flores Gallegos ordenó la detención de la periodista Gina Sandoval Cervantes, editora de la sección Económica del diario, argumentando que esta trató de eludir la acción de la justicia al no acudir a declarar cuando fue citada. La periodista demostró que no recibió la citación. Por otra parte, en los próximos meses serán definitivos los juicios por los crímenes de tres de los 57 periodistas asesinados en el Perú entre los años 1982 y 2011: Alberto Rivera Fernández, Pedro Yauri y Pedro Flores Silva. En mayo se pronunció sentencia de la Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Lima, absolviendo al ex alcalde provincial de Coronel Portillo, Luis Valdez Villacorta y al destituido magistrado de la Corte Superior de Ucayali, Solio Ramírez Garay, como autores intelectuales del crimen ocurrido en la ciudad de Pucallpa en abril del 2004, pese a las nuevas pruebas y testimonios presentados por Carlos Rivera, abogado del IDL y defensa de los familiares del periodista radial, que comprobarían que el ex alcalde Valdez Villacorta habría tenido motivo para ordenar el crimen, en represalia por las denuncias periodísticas de Rivera vinculándolo con el narcotráfico. Desde el mes de septiembre el expediente se encuentra en la Corte Suprema. El 12 de mayo, en el distrito de Hualmay, provincia de Huaura, departamento de Lima, fueron hallados los restos del Pedro Yauri Bustamante, periodista de Radio Universal de Huacho, Lima, desaparecido en junio de 1992, hace 20 años. Este caso fue acumulado con los crímenes de Barrios Altos y El Santa cometidos por el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte cuyos miembros operaron en el Perú en los años 90 durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. El 20 de julio de 2012, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema redujo las penas impuestas a los integrantes del grupo paramilitar, al considerar que no existieron delitos de lesa humanidad, a pesar que en el caso de Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se pronunció en ese sentido. El 24 de septiembre, la CorteIDH consideró que la resolución de la Sala Penal Permanente que favoreció al grupo Colina era incompatible con los compromisos adquiridos por el Perú al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 27 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia de la Sala Penal Permanente que redujo las penas a los miembros del grupo Colina. Ha generado mucha atención el juicio por el asesinato del periodista de Canal 6 de Televisión de Casma Región Ancash, Pedro Flores Silva, asesinado por un sicario en 2011. Desde entonces fueron asesinados en abril y mayo respectivamente, tanto el Fiscal Provincial de Casma, Luis Sánchez Colona que investigaba el crimen, como Rubén Remigio Castillo Antayhua, alias El Viejo, uno de los presuntos autores materiales del crimen del periodista. Otros casos registrados durante éste periodo: El 11 de abril, periodistas de la provincia de Celendín, Región Cajamarca, denunciaron que dirigentes de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), los amedrentaron a través de panfletos impresos, en Facebook y los programas Despierta Celendín y Antorcha Magisterial, que transmite Radio Celendín, acusándolos de realizar una cobertura a favor de la empresa Yanacocha, promotora del proyecto minero Conga. El 15 de abril, Juan Lara Salazar, reportero de Mega Visión TV, Región Cajamarca, denunció que el personal de seguridad de la minera Yanacocha le arrebató su cámara de video. El periodista recuperó su equipo bajo la condición de no seguir filmando una reunión. El 16 de abril, Éler Alcántara Rojas, conductor del programa Libre Expresión, que transmite Radio El Edén, en la provincia de Celendín, Región Cajamarca, denunció que fue secuestrado durante dos horas y media y que lo llevaron al local de la Ronda Campesina El Milagro, adonde lo golpearon y le advirtieron que le cortarían la lengua y los dedos de los pies, si no cambiaba su cobertura sobre el proyecto minero Conga. El 2 de mayo, Bequer Bejarano Valdivia, director del programa Alerta TV, que transmite Canal 35, en la Región Huánuco, denunció que fue amenazado de muerte por el regidor de la municipalidad provincial de Huánuco. Atribuyó las amenazas a su cobertura crítica de la gestión y al entorno del alcalde, Jesús Giles Alipazaga. El 7 de mayo, Carlos Infante, director de la revista Con Sentido, en la Región Ayacucho, denunció que la Primera Fiscalía Supranacional de Ayacucho, a cargo del Fiscal Andrés Cáceres Ortega, inició un proceso contra él por presunta colaboración con el terrorismo. El 13 de mayo, José Gabriel Quispe Huaypa, director y conductor del noticiero Continental en la Noticia, que transmite Radio Continental, en ciudad de Juliaca, Región Puno, denunció que en circunstancias que salía de la radioemisora fue golpeado por dos desconocidos quienes le increparon su cobertura crítica de la gestión municipal del alcalde de San Román. El 21 de mayo, Ramiro Muñoz Terrones, conductor del programa Despertar Campesino que transmite Radio Cutervo, en la Región Cajamarca, denunció que un desconocido le disparó en la pierna en las inmediaciones de la radioemisora. Muñoz Terrones, quien días atrás denunció que fue amenazado por un funcionario, atribuye los hechos a sus críticas de la gestión del alcalde de Cutervo. El 22 de mayo, David Vexelman, fotógrafo del diario Perú.21, denunció que Nancy Obregón, ex congresista y dirigente cocalera lo agredió empujando la cámara contra su cara y pateándolo en los genitales, cuando intentaba fotografiarla saliendo de una sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, a la que no había sido convocada. El 28 de mayo, Daniel Vera Vera, video reportero de Expresión TV, que transmite Canal 21, en la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque, denunció que fue agredido por un regidor mientras intentaba entrevistar al alcalde Roberto Torres. El 31 de mayo, Henry Urpeque Necisosup, corresponsal de Radio Programas del Perú (RPP), en la ciudad de Chiclayo, denunció que un grupo de periodistas que intentaban cubrir las incidencias del asesinato, ese día, del Secretario del Sindicato Regional de Construcción Civil, Richard Tandazo Ordóñez, fueron amenazados, acosados y agredidos por un grupo de trabajadores, allegados al líder sindical. El 31 de mayo, Fernando Lino, de Willax TV y corresponsales en la Región Cajamarca, de Radio Programas del Perú (RPP), América TV y Panamericana TV, denunciaron que fueron agredidos, por manifestantes durante el primer día del Paro convocado contra el proyecto minero Conga. El 5 de junio, Jorge Luis Vásquez Quepuy, reportero del diario El Trome en la ciudad de Chiclayo, Región Lambayeque, denunció que el abogado José Villanueva Villena lo agredió, mientras intentaba fotografiar a su patrocinado, un menor de edad acusado de robo, detenido, en una comisaría local. El 6 de junio, Jorge Saldaña y Dante Piaggio, redactor y reportero gráfico del diario El Comercio, denunciaron que fueron expulsados de la iglesia San Francisco, adonde los manifestantes anti mineros acampaban, por grupo de 25 comuneros, que al encontrarlos entrevistando a una persona herida durante los enfrentamientos con la PNP, los tildaron de mentirosos y los obligaron a retirarse del lugar. El 6 de junio, la Asociación Nómadas, organizadora del Festival Sembrando Cine, denunció que representantes de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, Región Lima, censuraron el documental “En el Corazón de Conga”, producido por Isabel Guarniz Alcántara, que narra el conflicto social entre la minera Yanacocha y la población cajamarquina; pese a que su proyección estaba programada. El 14 de junio, Edwin Lozano, corresponsal de Frecuencia Latina y periodistas de TV Norte, Sol TV y Canal 15, Región Cajamarca, denunciaron que pese a identificarse como periodistas, fueron agredidos brutalmente por efectivos de la PNP, cuando cubrían las incidencias del paro anti minero y registraban un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden en la plazoleta La Recoleta. El 17 de junio, el periodista Jaime Alfredo Núñez del Prado Salinas, director y conductor del noticiero La Otra Verdad, que transmite Radio Color y Calca TV, en la provincia de Calca, Región Cusco, denunció que fue golpeado brutalmente por cuatro desconocidos que le causaron lesiones en un ojo y hematomas en todo el cuerpo. Atribuye el ataque a sus denuncias periodísticas que involucran en irregularidades al alcalde de Calca. El 26 de junio, Nicolás Salazar, enviado especial de Canal N, en la Región Cajamarca, denunció que en circunstancias que cubría el anuncio sobre una marcha de apoyo al proyecto minero Conga, en una universidad privada de la ciudad de Cajamarca, un grupo de manifestantes, arremetió contra la unidad móvil del canal averiando sus equipos de transmisión. El 5 de julio, Carlos Bustamante Alva, conductor y director del diario El Francotirador, en la provincia de Huaura, Región Lima, fue violentamente golpeado y pateado por acompañantes de la Consejera Regional de Cañete, Liliana Torres Castillo, que también golpearon a otros periodistas que intentaban entrevistarla sobre una orden de captura del Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatorio de Chincha. La consejera se retiró rápidamente del lugar no obstante sus allegados continuaron agrediendo a la prensa. El 27 de junio, el periodistas Espinoza Castro, fue atacado por la esposa del líder del SUTEP, Liz Molina Muñoz, quien lo buscó en el canal e hiriéndolo en el rostro mientras le increpaba su cobertura de las protestas del sindicato de maestros. El 24 de julio, Luis Heredia Gonzáles, reportero del portal web El Digital, en la Región Lambayeque, denunció efectivos de la PNP lo agredieron y arrebataron su cámara, cuando intentaba fotografiar a un policía golpeando violentamente a una maestra durante una manifestación del SUTEP. Asimismo, otro grupo de policías agredió a Walter Ortiz y Lisset Seminario, periodistas del diario La República y USS Satelital TV, cuando intentaban registrar el embate policial contra el periodista Heredia Gonzáles. El 28 de julio, Jorge Chávez Ortiz, periodista de los blogs Mi Mina Corrupta, Celendín Libre y miembro del PIC, en la provincia de Celendín, Región Cajamarca, denunció que fue golpeado y detenido por la PNP cuando entrevistaba a pobladores de Celendín, para obtener su opinión sobre el Mensaje a la Nación del presidente Humala, con ocasión de las Fiestas Patrias. El 29 de julio, el director del Diario Ahora en la Región Huánuco, Lincoln Díaz Marcellini, informó que el Regidor de la Municipalidad Provincial, Juan Elías Ollague Rojas, lo demandó por presunta instigación al delito, luego de que el diario responsabilizó al alcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipazanga, Ollague Rojas y a cuatro regidores más, de haber autorizado una licencia de funcionamiento al prostíbulo Las Vegas, ubicado en las inmediaciones del complejo arqueológico de Kotosh, cuya propietaria es una ex alcaldesa. El 1 de agosto, los periodistas Javier Pocohuanca Hilari, de Canal Collasuyp; Olimpia Mamani, de Pachamama Radio; Noemi Calsín Loayza, de canal Mundo TV y Rina Yanapa Mamani, de Canal Sur, denunciaron que fueron agredidos en circunstancias en que filmaban los destrozos causados por un grupo de docentes del SUTEP. El 24 de agosto, Lincer Tuanama Valera, director y conductor del programa Hablemos la Verdad, que transmite Radio Voz y H-Visión TV, en la ciudad de Puerto Maldonado, Región Madre de Dios, denunció que tanto su esposa como él han sido declarados reos contumaces por el juez Omar Maldonado Osorio del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, en el proceso iniciado en marzo del 2010 por presunto delito de hurto agravado del espectro electromagnético y por cuyas flagrantes irregularidades optó por enfrentar desde la clandestinidad.

Compartí

0