Puerto Rico

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No se registraron mayores incidentes en este periodo. Una jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó a la periodista Cándida Cotto, del semanario Claridad, a revelar una fuente confidencial citada en un reportaje. Claridad y Cotto habían sido demandados por difamación y libelo por un ex rector del Recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico y su cónyuge, por declaraciones citadas provenientes de una fuente confidencial. De acuerdo al periódico, el Tribunal determinó que el demandante es una figura pública y como tal debía probar malicia real por parte de la publicación y la periodista. Sin embargo, sostuvo que para que el demandante tuviera la oportunidad de establecer dicha malicia, la periodista debía revelar la identidad de su fuente para que el Tribunal pueda establecer la confiabilidad de la misma. El Contralor Electoral, Manuel A. Torres, prohibió a los medios de comunicación la difusión de anuncios de una campaña de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica, críticos al gobernador Luis Fortuño por haber aprobado un reglamento que perjudica a sus miembros en el reclamo de indemnización por daños. La prohibición que duró una semana a partir del 28 de setiembre, constó en el envío, por parte del Contralor, de una notificación de “cese y desista” ya que la entidad no habría cumplido con el requisito de registrarse como “Comité de Acción Política” o como “partido político” para difundir o publicar ese tipo de anuncios. La orden fue revocada a medias el 4 de octubre no sin antes desatar una ola de cuestionamiento a la constitucionalidad de la Ley 222, estatuto en el que se ampara el funcionario para tan absurda y abusiva intervención. El 16 de mayo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, bajo cuya jurisdicción está el Tribunal Federal de San Juan, avaló la sentencia del juez presidente José A. Fusté en el caso de la demanda radicada por organizaciones de prensa, hace seis años, contra agentes del Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por agresiones a reporteros y fotoperiodistas que cubrían un allanamiento llevado a cabo por dicha agencia. La demanda de los periodistas alega que los agentes del FBI los habían agredido con gas pimienta y fuerza excesiva, a pesar de no existir un perímetro que limitara su acceso a la escena del allanamiento. El Tribunal de Apelaciones sostuvo en su opinión que sí existía este perímetro y que los periodistas debieron mantenerse detrás del portón de acceso al condominio donde se efectuó el allanamiento. Igualmente, determinó que este caso era particular por tratarse de una sospecha de terrorismo.

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