República Dominicana

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Más de 25 casos de agresiones físicas y verbales contra periodista por parte de policías y militares, debilitaron el ejercicio de la actividad periodística en este período.

En uno de esos casos graves, cuatro periodistas fueron hospitalizados tras resultar heridos con perdigones mientras cubrían una marcha de protesta que dispersó la Policía Nacional. El hecho ocurrió en los alrededores de la mina de oro que la empresa canadiense Barrick Gold, planea explotar en la zona de Pueblo Viejo, Cotuí, al norte de la capital. Los periodistas lesionados son Ramón Antonio Salcedo Soto y el fotógrafo Wilson Aracena, del periódico Hoy, el locutor Martin Lanfranco y el productor radial Leandro Sepúlveda.

En abril, policías golpearon al camarógrafo del canal 29 de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Santos Aracena y a su madre, Cirila Aracena, mientras se encontraban dentro de su vivienda sin que revelaran las causas. La Policía informó luego que se trató de una confusión.

En ese mismo mes, la periodista Francisca Ramírez, productora del programa Periodismo y Democracia, de Teleantillas, en Santo Domingo, fue agredida por un oficial del Ejército Nacional que le arrebató un cartel en homenaje al asesinado columnista y profesor universitario Narciso Gonzalez, Narcisazo, desaparecido en 1994, mientras un grupo de periodistas depositaba una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Raúl Cárdenas, corresponsal de la televisora Telemicro, en la provincia Sánchez Ramírez, fue amenazado de muerte por un teniente de la Policía Nacional cuando cubría el traslado de éste a otra dotación.

Otro periodista del mismo canal, Héctor Peña, corresponsal en la comunidad de Boca Chica, fue golpeado, despojado de su cámara y arrestado por un agente anti-drogas, mientras filmaba el decomiso de un cargamento de narcóticos que sería enviado a España.

Encapuchados que portaban armas de fuego y que protagonizaban un enfrentamiento con otro grupo de civiles en la ciudad de Azua, al sur del país, en el marco de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, agredieron a pedradas al periodista Héctor Abreu Casado, de Hoy. También resultó destruida la cámara filmadora del noticiario televisivo SIN. Días después, el periodista denunció que estaba recibiendo continuas amenazas de muerte a través de llamadas anónimas.

En la noche de las elecciones presidenciales, la Junta Central Electoral ordenó el cierre de las televisoras Telesistema, Canal 11, y Supercanal 33, acusadas de violar la ley electoral 297-07 que impide la difusión de resultados electorales no oficiales antes del veredicto formal de ese tribunal. Las emisoras retornaron al aire al día siguiente.

Ese mismo día, las autoridades arrestaron a José Miguel Gómez Canaán, uno de los principales ejecutivos del portal de internet ElSiglo21.com.do, acusado de pretender "hackear" el centro de cómputos de la Junta Central Electoral. Gómez Canaán fue puesto en libertad de inmediato, pero al cabo de varias semanas fue nuevamente arrestado y ahora aguarda juicio, bajo libertad condicionada.

En la ciudad de La Romana, al este de Santo Domingo, un oficial de la Policía ultrajó al periodista Franklin Cordero, corresponsal del diario El Caribe, y lo hizo pasar una noche en la prisión del cuartel policial sin que existieran razones justificadas.

En la provincia María Trinidad Sánchez, al noreste del país, cuatro periodistas que cubrían la elección de los bufetes directivos del ayuntamiento local, fueron golpeados en medio de un desorden que se produjo entre bandos políticos opuestos. Se trata de los periodistas Teonilda Gómez, de Listín Diario; David Hilario, de El Caribe; Francis Frías, director de una emisora de radio local y Johnny Alberto Salazar, de la emisora Vida FM.

Dos periodistas independientes han sido condenados por tribunales a penas de multas y prisión, bajo acusaciones de difamación e injuria contra ciudadanos civiles. Johnny Alberto Salazar fue condenado a seis meses de cárcel y Melton Pineda, comentarista radial, a tres meses de prisión. En este último caso, fue otro periodista el que lo sometió a la justicia al sentirse difamado por acusaciones en su contra.

Por otro lado, está pendiente el inicio de un juicio en la Suprema Corte de Justicia sobre la acusación de difamación e injuria que el expresidente Hipólito Mejía formuló contra el senador oficialista Wilton Guerrero y el periodista Osvaldo Santana, director de Multimedios del Caribe, empresa que maneja el diario El Caribe y el Canal de Noticias (CDN), al difundir la versión de que Mejía había ido a Sinaloa, México, en un avión que piloteaba uno de los hombres de confianza del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, en febrero pasado en medio de la campana electoral presidencial.

En otro orden, dos sentencias emanadas de una jueza y del Tribunal Constitucional, contribuyeron a robustecer la base de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. En el primer caso, la jueza de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia Sánchez Ramírez, condenó a la alcaldesa del municipio de Fantino, Lorenza Rojas Rosario, al pago de una multa y a entregar a un ciudadano las informaciones que requirió sobre los manejos administrativos de su alcaldía, a lo que ella se rehusaba. En otro caso, el Tribunal Constitucional ordenó a la Cámara de Diputados revelar el listado de sus asesores, con sus respectivos salarios, tal como lo solicitó un ciudadano.

Una sentencia con este mandato había sido emitida por el Tribunal Superior Administrativo, pero la Cámara de Diputados no quiso entregar la lista alegando que los nombres, cargos y salarios tenían carácter confidencial, por lo que el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del primero y estableció que "aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, no puede restringir el derecho de libre acceso a la información pública, a riesgo de desproveer a la ciudadanía de las herramientas para controlar el uso y manejo de los recursos públicos, a fin de colocar obstáculos a la corrupción en la administración pública”.

La Cámara de Diputados tuvo que atenerse a esta sentencia y divulgar la lista de sus asesores con sus respectivos salarios.

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