Uruguay

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Si bien no han habido ataques frontales, ni sucesos graves que afecten al trabajo de los periodistas o los medios, el clima de libertad de prensa en este semestre se ha enrarecido con la aparición de limitaciones mientras se insiste con el anuncio de un inminente proyecto de ley que, en su primer capítulo “se ocupará de los derechos de las audiencias”.

El problema de la inseguridad ciudadana —la gran preocupación de los uruguayos— tiene a mal traer al gobierno que no encuentra los mecanismos para combatir exitosamente el delito, donde la presencia de los menores es una constante.

Por vía administrativa, y sin las garantías del Poder Judicial, se aplicó una severa sanción económica al diario El Heraldo de la ciudad de Florida por presunta violación al Código de la Niñez y la Adolescencia y se encuentra en trámite otra de igual carácter contra el diario El País, iniciada un año y medio después de haberse registrado la presunta falta.

Hace poco más de un mes a El País se le dio vista de un expediente tramitado por el INAU donde un funcionario reclamaba la sanción debido a una nota sobre un menor delincuente apodado "El Ricky". El adolescente era autor de siete infracciones gravísimas previstas en la ley penal: homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con seis rapiñas reiteradas, tras haber obtenido notoriedad pública como el líder de "la banda del marrón", un grupo que copaba locales de pagos. Según el comunicado, el artículo "tiende a la individualización del adolescente, ya que, si bien no se trata de su nombre, sí se identifica su seudónimo o alias, haciendo mención de... "El Ricky", como también se menciona la palabra "menor" otro elemento de identificación de la persona".

Si bien se derogó un decreto de 1988 que establecía la censura previa de los contenidos en el horario de protección al menor (que estaba dirigido, sobre todo, a la difusión de sinopsis cinematográficas y que no fue necesario aplicar) se extendió dicho horario a la difusión de los programas deportivos, políticos e informativos. Su control quedará también en manos de un funcionario administrativo, dependiente del Instituto Nacional del Menor.

A su vez el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) se hizo eco de varias denuncias e informó que “varios organismos han declarado reservada buena parte de la información referida a su gestión, interpretando en forma indeterminada algunas excepciones establecidas por la ley de Acceso a la Información Pública”. El caso más notorio es el del Ministerio del Interior que dictó cinco resoluciones declarando reservada por razones de seguridad la mayor parte de la información que produce el organismo.

Desde el gobierno se han formulado severas críticas a los medios de comunicación. El ex ministro de Defensa Nacional y actual senador, Luis Rosadilla, expresó el 17 de setiembre en La República que “la principal oposición al gobierno viene de la prensa”, a través de un “bien ensamblado conjunto de estrategias que llevan adelante ciertos medios de comunicación” y reclamó la necesidad de “un conjunto de medios de comunicación que le haga frente; es necesario jugar en esa cancha muy fuerte”.

Otros hechos destacados

El 21 de mayo, los cuatro participantes a las elecciones internas del Frente Amplio, partido oficial, coincidieron en “la democratización del sistema de medios”. Y también que “es una batalla preciosa sobre regulación de contenidos (de los medios), que toca al poder”.

El 28 de mayo, ante la escasa concurrencia a la elección interna, la senadora Lucía Topolansky responsabilizó de la baja votación a los medios capitalinos, porque para acceder a ellos se debe pagar o depender de la estructuración que hagan los periodistas.

El 30 de mayo, en su habitual audición radial, el presidente Carlos Mujica se refirió a la regulación de contenidos. Hizo hincapié en que se trata de una ley de servicios de comunicación audiovisual y que “no existe ningún interés en regular los contenidos de los informativos, ni meternos en la línea editorial de los medios”.

El presidente agregó que “tenemos una serie dispersa de normas en materia de telecomunicaciones que hay que tratar de revisarlas y ordenarlas. Va siendo hora que seamos más adultos y tengamos una ley global”. Y de inmediato afirmó que “hay sectores estratégicos del país que nunca han sido francamente democratizados y va a ser muy difícil que avance la democracia en la sociedad sin medios que sean cada vez más democráticos. No es una tentativa de acallar a los dueños de los medios, pero si plantearles que tienen obligaciones y responsabilidades para con la sociedad.”

El 13 de junio, la intendente de Montevideo, Ana Olivera, dio por concluida una investigación iniciada en 2010 y sancionó a un funcionario con cinco días de suspensión, sin goce de sueldo, por declaraciones realizadas a El País, en las que reconoció que “no hay gente” para controlar las volquetas, una responsabilidad que corresponde a la Intendencia.

El 20 de junio, el gobierno anunció su decisión de modificar el decreto que regula el horario de protección al menor e incluir “aquellas cuestiones hoy excluidas. A saber: informativos, periodísticos políticos y deportivos”. Se criticó la falta de difusión de los logros obtenidos por el gobierno, al tiempo que se constató un aumento de la “crónica roja” o de aquellos episodios que, a juicio del Poder Ejecutivo, generen e inciten a la violencia.

El 10 de julio, el Poder Ejecutivo derogó el decreto que establecía la censura previa durante el horario de protección al menor (nunca aplicado) y extendió el mismo a los informativos, programas deportivos y políticos. Desde la oposición, el diputado Alvaro Delgado calificó la norma como la del “horario de protección al gobierno”.

En la revista “Políticas” de agosto, una cuidada publicación que edita mensualmente la Presidencia, el director Nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, anunció la inminente remisión de un proyecto de ley de 170 artículos, que en su primer capítulo se “ocupará de los derechos de las audiencias”, porque el Poder Ejecutivo está “preocupado por garantizar los derechos vulnerados de las audiencias”. Por su parte el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, fue categórico al afirmar que “sabemos cuáles son los límites”, aunque no precisó cuáles eran y sí consideró que “habrá tanta autorregulación (de los medios) como sea posible y tanta regulación del Estado como sea necesaria”.

La Rendición de Cuentas incluyó dos artículos —aprobados exclusivamente por la bancada del gobierno— que establecen una tasa a cobrarles a los medios electrónicos y el otorgamiento al gobierno de quince minutos diarios para su utilización en “campañas de bien público”.

En los primeros días de septiembre, El Heraldo de Florida fue embargado a raíz de una multa aplicada por el Instituto del Niño y Adolescente por lo que se consideró una violación al Código de la Niñez —aprobado en el 2004 y modificado en este aspecto por el art. 433 de la Ley de Presupuesto (N°17.930) de 2006 que quitó esta competencia al Poder Judicial—, la difusión en el 2008 de una noticia que involucraba a una menor.

La noticia había sido difundida también por canales locales y nacionales de televisión, pero ello no se tomó en cuenta. El director de la publicación, Álvaro Riva, expresó en un editorial titulado “La otra mejilla, no”, que “el gobierno quiere evitar las malas noticias y así lo ha logrado, al menos en parte, al imponer un régimen de autocensura a El Heraldo, que no informará de menores en situaciones sociales críticas, de abuso laboral y mucho menos cuando sus derechos sean violados, como en el caso del estupro que originó la noticia en 2008”.

El 5 de setiembre en un programa de televisión, el presidente Mujica arremetió contra la prensa y personalizó su ataque contra los diarios El País y El Observador. Para rematarla, le atribuyó al prócer uruguayo, José Artigas, una frase que nunca dijo: “la gran ventaja es que mi gente no sabe leer”.

Dos días después de estas declaraciones, más de un centenar de personas que se auto identificaron como pertenecientes al grupo radical “Acción sin Fronteras”, lanzaron bombas de tinta y realizaron pintadas en las fachadas de El Observador y la emisora de televisión Montecarlo, mientras exigían —frente a un vallado policial— no “tergiversar” la información y dejar de informar “banalidades”, invocando las gestiones para la instalación de una mega empresa minera (Aratirí).

El 6 de septiembre se dieron a conocer las cinco resoluciones del Ministerio del Interior que impiden que al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, se divulgue determinada información de esa secretaría de Estado, que quedará amurallada con el rótulo de “Información Reservada” y que incluye prácticamente la totalidad de sus actividades e infraestructura.

El 14 de setiembre El Observador publicó una nota, con título en portada, donde informaba sobre una reunión mantenida entre el presidente y varios dirigentes del Partido Comunista, que expresaba —según fuentes— el malestar de este grupo político con el mandatario y la posibilidad de que los comunistas abandonaran el gobierno. Ese mismo día, la noticia fue desmentida en medios televisivos por el ex coordinador de la central gremial Pit-Cnt y actual vicepresidente del Frente Amplio, Juan Castillo. El Observador —que tenía la nota grabada— se vio en la obligación de revelar su fuente, Castillo, también uno de los principales dirigentes del Partido Comunista. En esa misma grabación Castillo confirmó la información que luego desmintiera y pide expresamente que no se lo nombre.

El 20 de setiembre el presidente, en su habitual audición radial, criticó a los medios por no haber cubierto la información de un encuentro que tuvo con el Consejo Nacional de Estudiantes y expresó sentir “honda pena” por “la triste bagatela del sistema informativo”.

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