Conclusiones

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Seis periodistas fueron muertos y dos desaparecieron en los últimos seis meses en México, mientras que otro fue asesinado en Haití. Estos han sido los ataques más violentos perpetrados contra los medios en las Américas, donde en general la libertad de prensa ha sufrido un marcado deterioro en el semestre pasado. Todos los periodistas asesinados fueron víctimas de las guerras de pandillas y narcotraficantes, lo que refleja cómo el crimen organizado ha sido una amenaza física más grande que las diferencias políticas de antaño para los periodistas en toda la región. Se reportaron cerca de dos decenas más de casos de amenaza de muerte en Guatemala, Honduras, Colombia Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela y Brasil, algunos de ellos relacionados con informes de casos de corrupción. Las amenazas más típicas contra la libertad de prensa fueron aquéllas que involucraban presión por parte del gobierno. Los casos más sobresalientes fueron los de Cuba y Venezuela, donde el presidente Chávez sigue copiando a las dictaduras latinoamericanas de los años 40. El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez amenaza con silenciar la principal cadena de televisión de dicho país, Radio Caracas Televisión, tras anunciar reiteradamente que no será renovada su licencia de transmisión por la línea editorial independiente que mantiene. Un tribunal administrativo le impuso al canal una multa de 1.500 millones de bolívares (700.000 dólares) y el presidente Chávez declaró que el gobierno pensaba comprar la estación y amenazó públicamente con expropiarlo si es que no se llegaba a un acuerdo en el precio. El gobierno manifestó que sus acciones se basaban en las quejas recibidas sobre la forma en que el canal cubría las noticias. En Venezuela se lamenta la falta de independencia del organismo judicial, lo que se traduce en el fracaso del Estado de Derecho, que impide la defensa legal de los derechos de los medios y los periodistas. Mientras tanto, aumentó su presión sobre el canal de noticias Globovisión, imponiéndole multas, presentando demandas judiciales en su contra y denegándole la autorización para ampliar sus frecuencias. Paralelamente a la presión sobre los medios, el gobierno continuó imponiendo su programación ideológica en sus tres canales locales oficiales, su canal internacional Telesur y sus llamadas radioemisoras “comunitarias”. El presidente de Telesur ha declarado que “la hegemonía en los medios es una herramienta necesaria para la revolución”. Por otro lado, se reportaron varios incidentes de periodistas de medios independientes que habían sido atacados físicamente o que se les había denegado el acceso a ciertos eventos por parte de las fuerzas de seguridad y partidarios del gobierno, hechos que han contribuido a mantener las tensiones en dicho país. En Cuba, la sustitución de Fidel Castro por su hermano Raúl al frente del Estado ha provocado un recrudecimiento de la represión contra periodistas independientes y corresponsales extranjeros. Se presentaron 47 actos de hostigamiento contra periodistas (amenazas policiales, interrogatorios, actos de repudio por grupos progubernamentales, golpizas en la calle, arrestos temporales, multas por desobediencia, allanamientos domiciliarios, desalojos, incautación de dinero y objetos personales, despidos laborales y limitaciones de movimiento dentro de Cuba). Tres corresponsales extranjeros fueron expulsados de Cuba con el argumento de que "su forma de enfocar la situación cubana no es la más conveniente para el gobierno cubano". En un ataque a las fuentes, cuatro ciudadanos fueron enjuiciados por fabricar o reparar equipos de televisión por satélite y pueden ir a la cárcel por tres años. Mientras tanto, 28 periodistas siguen encarcelados, con penas que van hasta 27 años de prisión. La represión cubana se está extendiendo ahora a los usuarios de Internet. Ningún cubano puede acceder libremente a Internet. El gobierno, a través de su ministro de Informática y Comunicaciones, Ramiro Valdés, ha proclamado su intención de domar al "potro salvaje" de las nuevas tecnologías bajo el argumento de que son "uno de los peores mecanismos de exterminio global que se hayan inventado". En menor grado, pero igualmente preocupante, es la situación que se vive en Argentina, Uruguay, Ecuador y Bolivia, donde las tensiones entre el gobierno y los medios han sido evidentes. En Argentina, funcionarios del gobierno han seguido dividiendo arbitrariamente a los periodistas y los medios como amigos o enemigos, recurriendo al uso de la publicidad oficial para apoyar a unos y castigar a otros. Hay un proyecto de ley para regular la publicidad oficial que duerme el sueño de los justos en el Congreso. Tanto el presidente Kirchner en declaraciones públicas, como el Senado en una resolución sobre un caso específico del asesinato de una empresaria en Río Cuarto (Córdoba), han seguido envenenando el ambiente público mediante fuertes ataques a la prensa. En Ecuador, el presidente Rafael Correa, en respuesta a un comunicado que señalaba inconstitucionalidades en acciones de distintos poderes del Estado publicado por los diarios, ha atacado a los miembros de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), calificándolos de “corruptos”, “inmorales” y “defensores de mafias”. Ha llamado, además, a movilizaciones para acosarlos. Un clima de temor creado por este tipo de acusaciones se ha extendido hasta Bolivia, donde el presidente Evo Morales manipuló las protestas callejeras que incluían entre sus blancos a los medios privados de comunicación. La creación de una red de radioemisoras comunitarias bajo el modelo venezolano, así como las vagas propuestas de censura que vienen circulando en el Congreso son factores que aumentan el grado de preocupación existente. En esta misma tónica, el presidente del Uruguay Tabaré Vázquez, así como su secretario, sus ministros, parlamentarios oficialistas y hasta su esposa, han acusado a diferentes medios de prensa de "conspiraciones" y "complots" contra el gobierno, que nunca probaron, de "jugar sucio", "trampear", "estafar", "tergiversar" y "mentir canallescamente" al publicar noticias ciertas, de hacerle una "lucha sorda" al gobierno con el "objetivo político" de debilitarlo y de coordinar la publicación simultánea de noticias, en el marco de una "escalada orquestada por la derecha y sus medios contra el gobierno". Eso incluye convocatorias públicas para "dar una cerrada batalla en todos los ámbitos" al alcance del oficialismo. Un informe del sindicato de periodistas "reveló la falta de transparencia en la distribución de la publicidad oficial y trabas para acceder a documentos públicos", así como el favorecimiento de medios identificados con el gobierno, en perjuicio de la prensa independiente o crítica. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha prometido no repetir la censura de su primer gobierno de los años 80, lo que constituye una buena señal. Pero luego ha colocado el control de la publicidad oficial en manos de su esposa, Rosario Murillo, jefa de comunicaciones. Los primeros informes del despacho de Murillo exageran los montos gastados en el pasado en los principales diarios privados, lo cual ha causado preocupación por lo que esta señal podría indicar. En muchos otros países, las batallas de los últimos seis meses se han librado mayormente en los tribunales. Brasil y Colombia han sido testigos de órdenes de censura previa, mientras que en el Perú y en muchos otros países el problema se dio más por el lado del acceso a la información. En países tales como Panamá y Paraguay, querellas por calumnia interpuestas por funcionarios públicos contra periodistas buscaron desalentar los reportajes agresivos. Tan sólo en Panamá, 33 reporteros enfrentan demandas por calumnia, en su mayoría interpuestas por funcionarios. La despenalización de delitos como “difamación”, “calumnia” e “injuria” no ha avanzado. Recién en México, el 2 de marzo, concluyeron los trabajos legislativos para alcanzar ese propósito, pero los trámites no han concluido. En Estados Unidos continúa la preocupación por la confidencialidad de las fuentes. Las propuestas para la creación de una ley escudo federal no han llegado a buen puerto, a pesar del reciente encarcelamiento de periodistas y de la creciente presión de fiscales sobre periodistas para que éstos atestigüen ante los tribunales. En Guyana, el gobierno volvió a retirar la publicidad oficial de un diario privado en represalia por una cobertura crítica.

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