Presentación de Rafael Molina Morillo

presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información Reunión de Medio Año de la SIP Casa de Campo, República Dominicana 17 de marzo del 2002 Desde nuestra evaluación del estado de la libertad de prensa en el continente rendida en Washington, en octubre pasado, la situación presenta más retrocesos que avances en los objetivos que persigue nuestra organización. La violencia contra periodistas y medios de comunicación en este período ha sido, si no la única, la principal causa de inseguridad en América Latina, agravada por las deficiencias que venimos observando en la administración y la aplicación de la justicia y en iniciativas legales que pretenden censurar el periodismo. Está comprobado que cuando no existe una decidida voluntad política, una rigurosa investigación policial y una rápida acción de la justicia para dar con los responsables materiales e intelectuales de la violencia, se envalentona el comportamiento violento en contra de los periodistas y los medios y se estimula la autocensura, que es el peor mal que puede sufrir el oficio de informar a la sociedad. En este período hemos recibido informes de cuatro asesinatos en Colombia, Haití y México; incidentes violentos alentados por el gobierno en contra de la prensa en Venezuela; atentados contra la televisión en Colombia y recurrentes agresiones contra periodistas en Brasil, Cuba, Guatemala y Perú, por citar algunos países. Podría afirmarse que desde nuestra reunión anterior, no ha variado el hecho de que los asesinatos, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y prensa. Cuba sigue siendo el caso emblemático de la negación de todas las libertades y especialmente la de expresión del pensamiento. La campaña de hostigamiento y vigilancia continua contra la libre expresión se ha acentuado en los últimos meses, al amparo de la Ley de la Dignidad y la Soberanía Nacional mientras algunos periodistas independientes permanecen en prisión y varios corresponsales extranjeros fueron agredidos. Continuaremos respaldando a los periodistas independientes de la isla, convencidos de que la libertad de opinar, recibir y brindar informaciones es la única forma que podrá atraer la democracia a ese país. En ese sentido, la SIP sigue adelante con la divulgación de escritos de periodistas independientes cubanos a través de su página de internet. El cuadro que presenta Haití es uno de los más dramáticos del continente. Aunque el presidente Aristide dice y repite que respeta la libertad de prensa, los periodistas reciben malos tratos y amenazas de policías y funcionarios oficiales, sin faltar los asesinatos como el del periodista radial Brignol Lindor, y otros asesinatos como el de Jean Leopoldo Dominique y Gerard Denoze, que continúan impunes. Colombia parece destinada a presentar, año tras año, un cuadro trágico para el periodismo, que, si bien no tiene su origen en acciones gubernamentales, sino del narcotráfico y las guerrillas, se agrava por la pálida efectividad de las autoridades, a pesar de los esfuerzos que ellas despliegan para encontrar y castigar a los culpables de los repetidos crímenes y amenazas contra los comunicadores sociales, de los cuales no pocos han optado por abandonar el país e irse a un exilio voluntario. Los crímenes no solamente afectan a los periodistas que trabajan en la cobertura del conflicto armado, sino también a otros que cubren diferentes áreas. Tanto en Colombia, México, como en Brasil, nos preocupa aún más la ineficacia de los sistemas para esclarecer las decenas de crímenes impunes contra periodistas, especialmente la desprotección de los periodistas y medios que actúan en zonas fronterizas y del interior donde son acechados más fácilmente por los grupos de ilícitos más cercanos al narcotráfico, a la guerrilla y a la delincuencia organizada. Un caso verdaderamente preocupante es Venezuela, donde el presidente Chávez exhibe una marcada obsesión contra los medios de comunicación y los periodistas, al extremo de que no desperdicia oportunidad para desprestigiarlos verbalmente e incitar a la población contra ellos. Uno de los objetivos de la visita que una delegación de alto nivel de la SIP realizó a Venezuela a finales de febrero, fue recabar información sobre la situación de la libertad de expresión en ese país. En el foro de Chapultepec, llevado a cabo en Caracas en esa ocasión, tras un análisis sobre la situación imperante y las leyes y regulaciones que afectan la labor periodística, se llegó a la conclusión de que en Venezuela no se cumple ninguno de los diez principios fundamentales que a nuestro juicio se requieran para que la libertad de prensa exista. La respetable ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, describe en una sola pero certera frase lo que pasa en Venezuela: "No somos libres -dice- estamos atrapados y acorralados. Quien critica al proyecto revolucionario es sometido a escarnio público". El máximo responsable por la falta de libertad de prensa en Venezuela no es otro que el presidente Hugo Chávez, quien no disimula su aversión a la prensa en ninguna oportunidad. Pero el asunto no es de simple fanfarronería ni de frases clichés sobre lo que él llama "la prensa envenenada". La retórica inflamatoria de Chávez se convierte en acción cuando las turbas desenfrenadas, estimuladas por el presidente, realizan piquetes frente a los periódicos, les lanzan petardos y cometen agresiones físicas contra los reporteros de prensa y televisión en las calles, al grado de que éstos han optado, en buen número, por protegerse con chalecos antibalas y máscaras anti-gas, aparte de ocultar sus carnés de identificación para evitar ser insultados o atacados. La prensa independiente venezolana continúa valientemente haciendo su labor, en medio de intimidaciones cada vez mayores y a la espera de una anunciada Ley de Contenidos que todavía no ha sido bien definida al público, pero que se teme que contendrá nuevas restricciones para los medios y los periodistas. En un ambiente de esa naturaleza no podemos afirmar que existe libertad de prensa en ese país. Más allá de las agresiones en contra de los medios y de los periodistas, es también muy preocupante la proliferación de nuevas legislaciones que con la excusa de regular la libertad de prensa, no hacen otra cosa que maniatar la labor periodística, como en la mencionada Ley de Contenidos de Venezuela. Hay numerosos ejemplos en el continente sobre este avance de las leyes. En Costa Rica existe una marcada propensión de los tribunales a asumir posiciones lesivas a la libertad de expresión. Esta situación induce a los periodistas a ser extremadamente cautelosos, al extremo de que muchos confiesan que se autocensuran, por temor a sufrir condenas de los tribunales por ejercer su derecho a expresarse libremente. Se llegó al extremo de que un tribunal obligó a un canal de televisión privado a emitir un debate electoral que incluyera a todos los candidatos a presidente, lo que implicó una manera de intervenir y de regular a los medios de comunicación bajo la excusa de "igualdad informativa". Sobre Bolivia se cierne la sombra de una ley recientemente promulgada contra la libertad de prensa, al legislar sobre propagando política, además de crear serias limitaciones que atentan contra la libertad económica de los medios de comunicación, estableciendo plazos para la difusión de propaganda e incluso el precio de las tarifas que deben cobrar los medios por esa propaganda. En esta misma línea de intervención en la política editorial de los medios de comunicación privados, en Ecuador se está a punto de sancionar el Código de la Niñez y la Adolescencia que impone a los medios de comunicación escritos crear espacios gratuitos para el desarrollo social y para información pública vertida por el Estado. Si bien en Brasil hubo un fallo judicial que dejó sin efecto la licenciatura obligatoria o educación universitaria de los periodistas, vemos con preocupación que el tema de la Colegiación Obligatoria y Titulación ha nacido en dos nuevas leyes tanto en Guatemala como en Nicaragua, tendencia que también existe en Ecuador a través de un anteproyecto de ley. Esta tendencia parece contraponerse a los lineamientos que sobre el tema planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que sirvieron para que la colegiación obligatoria desapareciera en varios países como en Costa Rica y la República Dominicana. En el terreno de las legislaciones que afectan a la prensa también debemos mencionar las buenas noticias provenientes de Panamá, donde fue promulgada la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Sin embargo, tuvimos que salir al cruce de otras iniciativas similares como en el Paraguay, donde se sancionó una ley de acceso que luego fue revocada ante la insistencia de la SIP, dado que imponía mayores restricciones sobre informaciones provenientes de funcionarios públicos. Procede señalar aquí que en la República Dominicana cursa actualmente en el Congreso un proyecto de ley que, entre otras cosas, también establecerá mecanismos efectivos para el acceso a la información pública. También en Bolivia el presidente Jorge Quiroga nos dijo que la reforma constitucional de su país incluirá cláusulas en ese mismo sentido, y sabemos de proyectos de ley similares en Perú. La falta de acceso o la manipulación de la información del sector público sigue siendo una gran valla para el derecho del público a la información. Los casos y países son incontables. Es sistemática la negación de las fuentes públicas de información en Argentina, Uruguay, Costa Rica, Canadá, El Salvador, Honduras, Brasil, Haití, por solo nombrar a algunos países. En Estados Unidos se dictaron medidas restrictivas sobre la información generada por el gobierno, lo que pone en duda ya la versatilidad de la Ley de Acceso a la Información que es tenida como ejemplo en el mundo entero. También en este país, y a raíz de los incidentes del 11 de septiembre y la guerra en Afganistán, causan preocupación las iniciativas del gobierno y del Pentágono, para generar información falsa dentro de una campaña de propaganda internacional sobre el combate al terrorismo que pretendía utilizar a la prensa para desinformar. La prensa también ve maniatada su labor a través de disposiciones y medidas judiciales arbitrarias que incluyen, en algunos casos, penas de cárcel contra periodistas o la aplicación de los delitos de desacato por criticar a los funcionarios públicos, sino también altas multas e indemnizaciones que ponen en riesgo la existencia misma de los medios, como ocurre sistemáticamente en Brasil y en Paraguay. También en varios países no existe una verdadera independencia de los poderes judiciales respecto del poder político. Esto acarrea numerosos fallos de censura en contra de periodistas para evitar que puedan seguir criticando o denunciando actos de corrupción. Hay, por ejemplo, directores de medios venezolanos en el exilio para escapar de la cárcel segura, periodistas peruanos a quienes se les niega permiso de salida del país, editores presos cuyos casos no cumplen con un debido proceso judicial, o demandas irrisorias contra periodistas y medios costarricenses, argentinos y chilenos. No podemos concluir este informe sin destacar que la Comisión de Libertad de Prensa e Información ha incrementado su participación en los foros nacionales que organiza la Comisión de Chapultepec en diferentes países para promover los principios fundamentales en que se basa la libertad de expresión, porque hemos considerado que la mejor forma de combatir los peligros y amenazas a ese sagrado derecho de los pueblos, es concientizando a los ciudadanos de América sobre la importancia y el valor que encierra para la democracia el derecho de informar y de ser informado libremente. En este predicamento, hemos concurrido a los foros celebrados en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, países en los cuales encontramos calurosa acogida y sembramos bien fundadas esperanzas. Nuestra lucha ha sido, es y será, ardua y dolorosa. Pero vale la pena librarla. Sobre nuestros hombros, señores y señoras, pesa la gran responsabilidad de preservar la democracia. Nuestra mejor arma es la libertad de expresión y no la dejaremos perecer.